El Servicio Electoral publicó la nómina de candidaturas aceptadas para competir en la Cámara de Diputados y el Senado. El listado contiene una resolución de primera instancia, ya que todavía está abierto el plazo para impugnar a los candidatos ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

En total son 46 las candidaturas que rechazó el organismo, entre ellas, tres aspirantes al Senado en representación de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS). Se trata de María Gamboa Contreras (Arica y Parinacota), Liliana Romero Toro (Valparaíso) y Luis Rojas Zúñiga (El Maule), quienes fueron tachados por el Servel debido a que no acreditaron haber cursado la enseñanza media o equivalente.

La nómina también tiene tres casos particulares que fueron aceptados por completar las formalidades correspondiente, sin embargo, también enfrentan procesos judiciales que podrían truncar su aspiración electoral.

Tal es la situación del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que busca un cupo en la Cámara Baja en representación del distrito 9. El Partido Comunista presentó su postulación bajo el pacto Unidad por Chile, pese a que se encuentra acusado por fraude al Fisco, cohecho, estafa y delito concursal. Jadue arriesga 18 años de cárcel y se encuentra ad portas de la audiencia de preparación de juicio oral.

Previamente al visto verde que le dio el Servel a su candidatura, debido a la calidad de acusado de Jadue, Renovación Nacional reclamó al tribunal electoral y el querellante del caso Farmacias Populares, el abogado Christian Espejo, solicitó al tribunal que ponga en conocimiento al Servel de la situación procesal del exalcalde. Estas acciones podrían poner borrar el nombre de Jadue de la papeleta de noviembre.

Los otros casos son los de los diputados independientes Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto, que fueron desaforados y de igual manera postulan al Senado y a la Cámara de Diputados, respectivamente. Ambas postulaciones fueron aceptadas, ya que los dos parlamentarios todavía no han sido acusados formalmente por el Ministerio Público, sin embargo, su situación podría cambiar conforme avance la investigación.

El diputado Pulgar está bajo la lupa de la fiscalía por una denuncia presentada en 2021 por los delitos de violación y violación reiterada a una menor de 14 años. Por esta misma causa se mantuvo en prisión preventiva, medida cautelar que posteriormente fue reemplazada por arresto domiciliario.

Mientras que Calisto es imputado por su presunta participación en el delito de fraude al Fisco. En concreto, el Ministerio Público lo acusa de desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley.