“El sumario de la Corte Suprema fue contundente. Solo redes oscuras explican que Ulloa haya sido salvado. Presentaremos una acusación constitucional, porque la justicia no puede estar capturada por esas redes ni por los poderosos”, dijo el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien confirmó que esta semana ingresará el libelo en contra del juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Antonio Ulloa.

El juez de alzada se vio envuelto en el llamado caso Audio al conocerse, en un par de publicaciones de Ciper y The Clinic, transcripciones de mensajes que intercambió con el abogado penalista y exasesor del Ministerio del Interior Luis Hermosilla.

Por esa razón, ya en septiembre del año pasado tanto Manouchehri como su par de bancada, Daniella Cicardini –querellantes del caso–, estaban estudiando acciones contra magistrados involucrados en la trama de presunto tráfico de influencias que Hermosilla habría instalado en el Poder Judicial.

De hecho, producto del mismo caso, el Congreso aprobó la acusación en contra de la exministra Ángela Vivanco en octubre del año pasado, mientras que la oposición logró cursar la destitución del exjuez Sergio Muñoz por hechos no relacionados, pero que también ponían en tela de juicio el cumplimiento de sus deberes como magistrado.

A un año de esos casos, la semana pasada un grupo de diputados del oficialismo, coordinados por Manouchehri, amenazó con la presentación si es que la Corte Suprema no cursaba la destitución de Ulloa.

Los diputados firmaron una declaración en la que exigían “una respuesta firme” del máximo tribunal ante los hechos que involucran al juez.

“Las investigaciones y el propio sumario han revelado conversaciones y coordinaciones que, según los registros publicados, buscaron incidir en al menos 14 nombramientos de jueces y fiscales. Eso no es gestión institucional: es captura de cargos y colocación de personas afines, que debilita la independencia judicial”, señalaron los firmantes del documento.

Los diputados recalcaron en la ocasión que, “por su alcance y ramificaciones, una persona con estas prácticas no puede seguir en el Poder Judicial”.

“Nos reservamos el derecho a ejercer las herramientas que nos otorga la Constitución para resguardar la independencia judicial y la probidad en la justicia. La justicia no puede ser un club de favores”, advirtieron.

Así, luego de que la Suprema rechazara la remoción de Ulloa, Manouchehri, acompañado de otros nueve legisladores, anunció el martes pasado la preparación del libelo.

En la oportunidad, junto al legislador socialista estaban los diputados Daniella Cicardini (PS), Marcos Ilabaca (PS), Daniel Melo (PS), Ana María Bravo (PS), Javiera Morales (FA), Gael Yeomans (FA), Jaime Sáez (FA), Félix González (ecologista) y Camila Musante (ind.-PPD). Con ellos, ya habría firmas suficientes para presentar la acusación.

Este lunes los equipos de abogados asesores se reunirán para revisar el borrador que ya está listo. La idea es concretar su ingreso entre martes y miércoles.

Si ello se materializa esta semana, hay un plazo de alrededor de tres a cuatro semanas para votar el escrito en la sala de la Cámara, lo que coincidiría con la primera semana de noviembre, justo en la antesala de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Corte Suprema salva a Ulloa

Los diputados decidieron endurecer su posición luego de que, por siete votos en contra y siete a favor, el máximo tribunal rechazara el cuaderno de remoción que se abrió al magistrado por su conducta a raíz de sus contactos con el abogado Luis Hermosilla, en los que se daba cuenta de favores e influencias ejercidos con el principal imputado del caso Audio.

En aquella ocasión los ministros, salvo dos de los 14 integrantes del pleno, votaron como lo habían hecho cuando se decidió iniciar el proceso.

La ministra Soledad Melo había estado en contra de abrir el cuaderno de remoción y ahora votó por remover a Ulloa, mientras que el ministro Arturo Prado, que estaba a favor del cuaderno, ahora votó en contra.

El presidente Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Leopoldo Llanos, Mireya López y la ministra suplente Eliana Quezada estuvieron por decretar la remoción. Y en la otra vereda se posicionaron los ministros Manuel Valderrama, Diego Simpértigue, Mauricio Silva, María Angélica Repetto, María Teresa Letelier y Adelita Ravanales.