“No es la solución para el Wallmapu”: ministra Vega critica Estado de Excepción en la Macrozona Sur

Desde La Moneda, el lunes por la noche el gobierno anunció la declaración de un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia “acotado” en La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío. La medida permitirá el despliegue de las Fuerzas Armadas para el resguardo de las rutas y carreteras en el sector.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques, como el que sufrió Ciro Palma. También hemos visto cortes extendidos de carreteras que ponen en riesgo el libre tránsito y cortan las cadenas de suministro, aumentando el costo de la vida en las zonas más rezagadas de nuestro país”, expresó la ministra del Interior, Izkia Siches, quien realizó ese día el anuncio flanqueada los presidentes de los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático, los ministros del comité político y las titulares de Defensa, Maya Fernández y de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

Esta última, en abril pasado, y a pedido de la jefa de gabinete, asumió la coordinación interministerial de la Macrozona Sur y ahora tendrá un rol relevante en la gestión de compras de tierras, una acción para la que el gobierno duplicó el presupuesto de la Conadi de $17 mil millones a $35 mil millones.

Este martes se publicó una entrevista -en Revista Ya- en la que que Vega aborda la situación en la zona.

“Nuestros pueblos originarios han sido históricamente rezagados. Tienen mucho menos acceso a la educación, a salud, a una serie de beneficios. Ahí las condiciones de pobreza son mucho mayores, casi el doble que el resto de la población”, indicó la secretaria de Estado en la publicación, agregando que “si queremos avanzar hacia un país con equidad, tenemos que resolver esa problemática mucho más que sólo centrarnos en seguridad”.

En ese marco, fue consultada sobre el Estado de Excepción, herramienta constitucional que se venía implementado en la Macrozona Sur durante el gobierno anterior de Sebastián Piñera, y al que se había resistido la actual administración antes de decretarlo esta semana. A juicio de la ministra, -según señaló en la entrevista- esta medida “no es la solución” para la situación actual.

“¿El Estado de Excepción qué significa? Coartar un montón de libertades y, por otro lado, el apoyo de los militares, pero hay que estar dispuesto a que efectivamente haya muertes... y creo que no es la solución para el Wallmapu, un lugar donde ya hay una cultura de violencia y muertes”, dijo, aludiendo a un término -Wallmapu- que había empleado hace semanas la ministra Siches, quien luego se debió retractar en medio de cuestionamientos desde Argentina.

Vega agregó: “Creo que la pregunta es otra: ¿Cómo proteger los territorios de manera que no haya violencia? Es importante asegurar que cosas ocurran, como por ejemplo, talar algunos lugares donde es muy frondoso para que se pueda visualizar los lados o cuidar las carreteras principales y las más conflictivas”, agregando luego la necesidad de la protección a faenas, “porque no necesariamente las empresas quieren ir a trabajar en aquellos lugares”.

Respecto al Estado de Excepción intermedio -una medida que contemplaba más control de la autoridad civil y que el gobierno finalmente decidió desechar- la ministra comentó que “creo en este proyecto sí resguarda de aquellas acciones que atentan contra las necesidades de la población”, como el desbloqueo de rutas y los servicios básicos: “Que llegue la alimentación, el acceso al agua y la electricidad”.

Sobre su uso del concepto Wallmapu, en tanto, la secretaria de Estado señaló: “Si los pueblos originarios de este territorio se autodenominaran como Wallmapu, ¿por qué tendríamos que imponer otro nombre? Tiene que ver con relacionarse de igual a igual”.

“Yo no me abanderizo por nada, yo simplemente creo que como Estado tenemos que avanzar en una relación simétrica con nuestros pueblos originarios”, agregó.

En abril pasado, luego de que Siches se disculpara por el uso del término, Presidente de Argentina, Alberto Fernández y Boric -de visita en ese país- había dado por superada la polémica abierta por la ministra del Interior. “Eso quedó absolutamente aclarado. Inmediatamente el gobierno chileno y el Presidente, particularmente, se ocupó de explicarme el alcance de esas palabras que, para nosotros, no generaron absolutamente ninguna inquietud”, señaló entonces el Mandatario trasandino.

En tanto, hace dos días, la ministra de Desarrollo Social también había concedido una entrevista, esta vez a Tolerancia Cero, en que declaró que en Chile existen “presos políticos”, como algunos detenidos durante el estallido social y otros que pertenecen a pueblos originarios.

Sus palabras no tardaron en tener efecto en La Moneda y, según reveló La Tercera PM, en el gobierno le pidieron a la secretaria de Estado rectificar sus declaraciones.

“Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido, no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar el mal entendido”, escribió la titular de Desarrollo Social en su cuenta de Twitter, pasada la 1 de la madrugada.