La bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que realice acciones legales por lo que ellos calificaron como “perjuicio al patrimonio fiscal” por las 1,2 millones de vacunas contra la influenza perdidas durante la campaña respectiva de 2024.

En específico, el Ministerio de Salud (Minsal) cifró en 4.800 millones de pesos el costo de las vacunas que fueron parte de la merma de aquel periodo. Por ello, los diputados Miguel Mellado, Carla Morales, María Luisa Cordero y Andrés Celis, en representación de la bancada RN solicitaron un oficio al CDE.

En el escrito se detalló, además de las pérdidas de las dosis contra la influenza, que un reciente informe de la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades -entre los años 2022 y 2023- en el proceso de inmunización contra el Covid-19.

Además, señaló entre otros problemas, la utilización de 18.132 dosis vencidas; el suministro de 70 dosis que perdieron la cadena de frío; 436 inoculaciones con número de RUN de personas fallecidas; disconformidad entre las declaraciones de recepción e ingreso efectivo de vacunas en 341.082 dosis; además de la disconformidad entre los registros de vacunas vencidas por parte de la CGR (3.214.565) y el Ministerio de Salud (2.947.189).

Según expone el oficio, “es evidente así que esta gestión totalmente negligente y deficitaria constituye un perjuicio cuantioso para el patrimonio del Estado que puede tener como causa el actuar culpable de los funcionarios involucrados".

Ante lo expuesto, los parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional piden al CDE “imponerse de los antecedentes que darían cuenta del perjuicio fiscal verificado con ocasión de las serias irregularidades ocurridas en los procesos de inmunización con el Coronavirus y contra el virus de la influenza”; que se dirijan “al Ministerio de Salud para requerir la información necesaria”; además de “ejercer las acciones legales para hacer efectiva la responsabilidad tanto civil, como criminal de quienes así les sea exigible”.

El jefe de bancada de RN, Miguel Mellado, señaló que “un derroche como este no puede ser impune, particularmente en el escenario de estrechez fiscal que atravesamos. Acá no puede pagar Moya, y este gobierno debe entender que una negligencia de esta magnitud deben ser investigada y sancionada, ojalá penalmente”.

Mientras que su par Andrés Celis sostuvo que “hechos como los dados a conocer por la Contraloría, donde se cuestiona el destino de más de un millón 200 mil dosis de vacunas, solo colaboran a profundizar la desconfianza ciudadana hacia un proceso de inmunización que ha estado bajo un ataque irresponsable. Por eso hemos pedido al Consejo de Defensa del Estado que intervenga con urgencia y adopte medidas para perseguir no solo las eventuales responsabilidades administrativas, civiles y penales, sino que también se determine el daño patrimonial que ha sufrido el fisco”.

La justificación de la subsecretaria

Anteriormente, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, ya había defendido la compra de las vacunas que finalmente no se utilizaron, apuntando por una parte a que en las estrategias de vacunación es habitual que hayan mermas y, por otro lado, a que se compraron para poder garantizar que el 100% de la población objetivo tuviese su dosis.

Albagli informó que en 2024 hubo una merma de un 12,6%, recordando a su vez que fue inferior a la cifra de 2021, momento en donde se registró una merma de 20%.