Pasadas las 19.30 horas de este lunes se dio inicio a una álgida sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados, la cual tenía como propósito analizar el eventual financiamiento irregular de la política que ha trascendido con ocasión de la investigación del caso ProCultura, una de las principales aristas del denominado caso Convenios o Líos de Plata.

A la cita, asistió el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, la presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, y el director nacional del mismo organismo, Raúl García.

La petición para llevar a cabo la referida instancia había sido presentada el pasado 11 de mayo por las bancadas de Chile Vamos al presidente de la testera, José Miguel Castro (RN), y contemplaba la votación de siete solicitudes de resolución.

De estas, solo se pudo aprobar la resolución N°1522, con 64 votos a favor, 41 en contra y 2 abstenciones.

En el texto se solicita al Presidente Gabriel Boric que, en el marco de las investigaciones penales relativas a eventuales delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y otros ilícitos que están vinculados a traspasos irregulares de recursos fiscales a la fundación ProCultura, se adopten las medidas necesarias para colaborar activa y plenamente con el esclarecimiento de los hechos.

Esto mediante –según señala la solicitud- “la entrega voluntaria de sus teléfonos celulares personales e institucionales, esto con el fin de dar cumplimiento al principio de probidad y transparencia que rige la función pública”.

En el momento en que se votaba la segunda solicitud de resolución, se advirtió una falla en el sistema electrónico que imposibilitó continuar con la votación de los diputados.

Tal inconveniente, no pudo ser subsanado, por lo cual, en la sesión citada para las 10.00 horas de este martes se procederá al inicio de la jornada, sin debate, a la votación pendiente, antes de dar curso al objeto de la instancia ya programada.

Supuesta agresión

A poco de terminar la sesión, el diputado republicano José Carlos Meza acusó que su par socialista, Jaime Naranjo se habría levantado de su pupitre, y lo habría agredido propinándole un golpe en el hombro y un “zamarreo”, situación que ocasionó un alboroto en el hemiciclo.

La actitud del diputado oficialista se debería –según dijo el diputado Manouchehri (PS)- a un supuesto insulto por parte de Meza hacia la familia de Naranjo.

En este contexto, el titular de la testera, diputado José Miguel Castro (RN) aseguró que una vez finalizara la instancia se revisarán las cámaras de seguridad y se adoptarán las medidas sancionatorias que correspondan.

Intervenciones

Al inicio de la sesión, los parlamentarios opositores manifestaron su molestia debido a que la mayoría de sus pares oficialistas se habían ausentado de la convocatoria, los cuales se fueron incorporando mientras transcurrían las intervenciones.

Al respecto, uno de los impulsores de la cita, el diputado Andrés Longton (RN) indicó que “el caso ProCultura puso fin al relato de jóvenes idealistas que venían a barrer con la corrupción. Este es el caso de corrupción más grande del retorno a la democracia, porque con el diseño de un mecanismo para defraudar el fisco y lo que le hace más reprochable para usar políticamente recursos públicos para ir en ayuda a los más necesitados, los utilizaron para fines propios, personales y eventualmente para financiar la política”.

En el mismo tenor, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) exigió que “el Frente Amplio dé la cara, que la Fiscalía acelere los procesos y dejen de vestirse como catones de la moral, porque son delincuentes”.

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) indicó que “estamos hablando de fundaciones que no solamente buscaban ejecutar convenios, sino que sabían exactamente cómo operar, a quién contratar, cómo facturar, a qué municipio, gobernación o ministerio tocar la puerta (…) Aquí hay amistad, hay coordinación, hay una política orquestada. Esto no es simplemente un error administrativo. Aquí se orquestó un mecanismo para defraudar al Estado a través de fundaciones”.

En torno a la decisión del Ministerio Público de remover de la causa al fiscal Patricio Cooper, el diputado Roberto Araya (PSC) aseguró que “me parece impresentable que el fiscal nacional cediera completamente a presiones políticas y de algunas que cuando son investigados dicen que se trata de una persecución política, pero cuando son otros los que están en el ojo de la justicia lo ven todo bien y eso es defender la democracia. Es una pésima señal para la transparencia e independencia por la que debe actuar el Ministerio Público”.

Por otra parte, el diputado Daniel Manouchehri (PS) también se refirió en duros términos al caso ProCultura, no obstante, llamó a la oposición a no caer en hipocresía en torno a sus críticas, rememorando casos como el de Hermosilla o la investigación por cohecho que involucra al exfiscal Manuel Guerra.

“Lo de ProCultura no solo es escandaloso, es miserable. Montaron fundaciones para desviar recursos, transformaron la pobreza en un negocio y el Estado en un cajero automático. Mientras miles de familias esperaban soluciones, algunos pillos se llenaron los bolsillos con platas públicas. Pero no es solo grave la corrupción, a la gente también le indigna la hipocresía. Porque cuando la corrupción para algunos es de los suyos simplemente callan (…) La corrupción no tiene color político y el que se indigna sólo a ratos, no combate la corrupción, la encubre”, dijo.

De igual modo, la diputada Viviana Delgado (Ind) enfatizó que “hoy escucho cómo se tratan de corruptos unos a otros, y esto no es jugar al empate. Somos la institución menos creíble y más odiada por la gente. Y eso porque aquí se blindan a los corruptos. Los recursos públicos son de los más necesitados. No se tocan. En política nos podemos equivocar, porque errar es humano, pero ser corrupto es una opción”.

Finalmente, en representación del partido en cuestión, la diputada Camila Rojas (FA) remarcó que “el caso Convenios, que tuvo involucrados de nuestras filas, se sancionó. Existió suspensión y expulsión de militancia. Y con esto quiero ser especialmente enfática. Ningún partido político está exento de que haya casos de corrupción en sus filas”.

“En nuestro caso, en el caso ProCultura, en el caso Convenios, la reacción va a ser la misma. Actuar, suspender, expulsar cuando corresponda y sobre todo estar a disposición de las investigaciones. Que en eso se nos mida y que se nos mida en que estemos disponibles a perseguir la ruta del dinero, que se nos mide en que estemos disponibles para que los condenados de corrupción no puedan ejercer cargos de elección popular”, sentenció.