“Hasta total despacho” está citada el próximo lunes la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados para discutir la reforma política impulsada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), que busca “promover la gobernabilidad”, frenar la creación de nuevos partidos y tratar de controlar el discolaje.

La apuesta es que la iniciativa esté en condiciones de votarse al día siguiente, el martes 20, en la sala de la Cámara con o sin informe de la respectiva comisión que preside el diputado Rubén Oyarzo (radical).

Si bien este paso será decisivo, la dilación de dos semanas que enfrentó el proyecto gubernamental producto de la resistencia de Oyarzo -avalada por legisladores independientes y colectividades detractoras de esa reforma- acrecentó las dudas de que ya no se alcanzará a despachar antes del 11 de marzo el paquete de cambios al sistema político para combatir la fragmentación partidaria y el discolaje parlamentario. Ese pesimismo está comenzando a contagiar, incluso, al propio gobierno.

A esta iniciativa de La Moneda se suma una segunda reforma “complementaria”, empujada por un grupo transversal de legisladores, que, a pesar de haber sido aprobada por el Senado, lleva cuatro meses sin movimientos, esperando su turno para ser votada en la sala de la Cámara.

El problema es que otra iniciativa enfrenta una mayor resistencia no solo de independientes y partidos “chicos”, sino que también del PC, del Frente Amplio y de los diputados del PPD (no así de sus senadores). En el mismo Ejecutivo han admitido que esta otra reforma les genera dudas. Prueba de ello es que nunca ha contado con una urgencia del parte del gobierno.

Ventana estrecha

Si bien tras las elecciones presidenciales y parlamentarias se generó un consenso de que había una reducida ventana de tiempo para despachar ambas reformas, antes de la instalación de un nuevo Congreso, esa oportunidad se ha ido estrechando. Hoy solo quedan dos semanas de trabajo legislativo en enero y una de marzo, ya que en febrero se entra en un obligado receso legislativo.

Aunque el futuro Congreso podría seguir debatiendo estas iniciativas, la posibilidad de un acuerdo se diluye, ya que habrá cerca de un centenar de parlamentarios nuevos, que tal vez ni siquiera compartan el diagnóstico de los problemas de gobernabilidad, discolaje y fragmentación del sistema político. Es más, el próximo gobierno también podría tener otras prioridades.

Por ello, el realismo y el pesimismo están comenzando a contagiar a varios sectores.

“Yo observo dificultades objetivas para poder avanzar. Hay (otros) proyectos que tienen que ver con educación y con sala cuna, que son mucho más urgentes. Y respecto al sistema político, nosotros estamos de acuerdo en que exista una norma antidiscolaje... Pero también hay otros componentes de mociones parlamentarias que plantean un umbral, que de alguna forma pretenden volver de manera encubierta a un sistema electoral binominal. Entonces yo creo que esa discusión es tan profunda que tengo serias dudas que se pueda dar en un espacio de semanas que nos quedan”, dijo el diputado Luis Cuello (PC).

En la vereda completamente opuesta el diputado Luis Sánchez (republicano), dijo que “el desorden de la política es algo relevante, no es una de las urgencias de todos los chilenos, pero esperamos que se resuelva a la brevedad. No sé si nuestros compatriotas esperan que le dediquemos meses o incluso a debatir un asunto que finalmente distrae nuestro tiempo y nuestra atención cuando la podríamos estar dedicando a proyectos de seguridad, medidas que resuelvan grandes urgencias”.

El diputado Jaime Araya (indep. PPD), dijo que dada la presión que están tratando de imprimirle algunos partidos a estas reformas, en particular a la que se votará el próximo martes en la sala, “va a salir cualquier cosa”. Incluso advierte con ironía que la discusión del martes tendrá como contexto “un grato ambiente laboral que se instaló a partir del emplazamiento (del PC y el Frente Amplio) por la Ley Nain Retamal”, en contra del PS y el PPD. “A partir de eso, cualquier cosa es posible”, señaló.

De hecho, en estos días ha habido señales extrañas. El Frente Amplio envió en reemplazo de Carolina Tello (FA) a la última sesión de la Comisión de Gobierno al diputado Félix González (ecologista), un público enemigo de ambas reformas. Por su parte, otros legisladores están tratando de incluir indicaciones para evitar la disolución de partidos que no alcanzaron el 5% de los votos en la última elección

El gobierno, por su parte, también está apesadumbrado y en una encrucijada, ya que, además, los diputados de la UDI y RN emplazaron a Elizalde a tramitar simultáneamente ambas reformas. En caso contrario, no darían sus votos para ninguna.

Sin embargo, cada vez es más claro el deseo de La Moneda de solo apostar por su propuesta, ya que si empuja ambas iniciativas corre un serio riesgo de que la alianza gubernamental se termine de quebrar en un escenario ya conflictuado por el fallo que absolvió al exoficial de Carabineros, Claudio Crespo, en el caso de violencia policial contra Gustavo Gatica, debido a un efecto indirecto de la llamada Ley Nain Retamal (que fue apoyada por el gobierno con el fin de generar un estatuto de protección a las policías).

Una de las pocas bancadas donde se mantiene un moderado optimismo es en el PS. El diputado Raúl Leiva (PS) apuesta a que “tiene que salir” al menos la iniciativa del gobierno, aunque precisa que ambas “reformas son muy necesarias para la estabilidad democrática y para la gobernabilidad”. “El mantener una permanente fragmentación y generación de nuevos partidos políticos que se escinden de los que ya existen ha quedado demostrado que no le hace bien al sistema democrático”, añadió.

Qué dicen las reformas

El proyecto gubernamental gestionado por el ministro Elizalde modifica tres leyes orgánicas constitucionales (la de Partidos, la del Congreso y la de Votaciones y Escrutinios) hoy tiene discusión inmediata y se encuentra en la Comisión de Gobierno de la Cámara.

En lo esencial, la propuesta de La Moneda fortalece a los comités parlamentarios y eleva restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos, además de los requisitos para candidaturas independientes.

La otra iniciativa es una reforma a la Constitución, impulsada por un grupo de senadores del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli, que fija un “umbral” (una barrera de 5% de los votos o contar con ocho parlamentarios) para que los partidos puedan elegir diputados. Además, establece una nueva causal de cesación del cargo parlamentario a aquellos que renuncien a sus partidos o bancadas.

Si bien la pérdida del cargo tiene apoyo desde el PC al Partido Republicano, el umbral es resistido por varias colectividades no solo de izquierda, también de derecha como los libertarios y los socialcristianos.