SQM: los detalles del allanamiento que Longueira no perdona

Autor: Paulina Toro

Pablo Longueira durante una reformalización en octubre de 2017.

Efectivos de la PDI llegaron a la misma hora de ese 24 de enero de 2017, a la casa del exministro, a su oficina de Los Leones y al departamento de su exasesora, “Titi” Valdivielso. En pijamas y a gritos, Longueira y su señora increparon al fiscal Gómez quien comandó la diligencia en su morada. A juicio de ellos, la incautación no aportó nada a la causa.


La mujer de Pablo Longueira llamó alterada a su hijo Juan Pablo, para pedirle que partiera de inmediato a la oficina que su padre posee en avenida Los Leones. Alcanzó a decirle esa mañana del 24 de enero de 2017, que la PDI también iría hasta allá, que lo sabían porque el fiscal del caso SQM, Pablo Gómez, estaba allí, con ellos, en su casa de San Damián, y que ya les habían avisado que también había policías en la oficina, y que Alejandro Espinoza, su abogado, estaba casi llegando para conversar con el fiscal.

La tensión flotaba en el ambiente al interior de la casa de los Longueira-Brikmann. Eran las 7 de la mañana, todos estaban en pijamas mientras los oficiales de la PDI solicitaban los computadores personales de la familia. Se llevaron incluso el de uno de los hijos que no estaba esa mañana, Cristián, que tiene 20 años, el que según escritos judiciales, aún no ha sido devuelto. En la morada también se encontraban, al momento de la incautación, otros tres hijos del exministro: Matías, Trinidad y María Cecilia. Esta última -recuerdan quienes han escuchado el relato de la familia – resiente que la diligencia afectó el examen de grado que dio justo al día siguiente del episodio.

La incautación -que estaba autorizada por el juez Álvaro Arriaga del Octavo Juzgado de Garantía- contemplaba también llegar hasta el departamento de Carmen Luz Valdivielso, exasesora de Longueira, también acusada en la causa. Ella vive con su madre y ambas guiaron a los efectivos de la Brigrada de Delitos Funcionarios (Bridef) por sus habitaciones.

Para todos los inmuebles se solicitaba en la orden “la entrada, registro e incautación de correos electrónicos y evidencia documental”, relacionada al exministro.

Según describen sobre lo ocurrido esa mañana, la rabia de Longueira era menor a la de su mujer. Los gritos en su casa -algunos afirman que con garabatos, mientras otros que solo se trató de recriminaciones- fueron directamente para el fiscal Gómez. Porque lo que todavía resienten en el entorno de Longueira es que, de haber solicitado el fiscal la información, su defensa se la habría pasado sin resistencia. Y que, con todo, esa información no ha sido relevante en la causa. Su abogado, incluso, acusa que esos computadores estuvieron sin ser revisados por varios meses. “Luego de cuatro meses de esa urgente diligencia el fiscal Gomez me pide los cargadores de dichos computadores para revisarlos”, afirma Espinoza.

A través de un comunicado, el exministro habló hoy para referirse a la acusación en su contra concretada en el lunes. Fue duro con el fiscal Gómez. “Llegó la hora de que los fiscales respondan”,sostuvo, para luego revelar que al igual que en el caso Penta, a él se le ofreció recalificar el delito de cohecho que lo une a Patricio Contesse en la causa, pero que al no aceptarlo, en señal de revancha, Gómez llegó a su casa con orden de incautación.

“A los días de negarnos a aceptar una salida alternativa en una evidente actitud de revancha, encono e intimidación, el fiscal allanó personalmente mi casa particular de madrugada, mientras aún dormíamos, para llevarse dos computadores que ofrecimos entregar voluntariamente y que, una vez incautados, estuvieron meses sin revisar”, dice la declaración del exsenador.

Consultado al respecto, el fiscal Gómez sostuvo que “no tiene ningún sentido referirme a los dichos de un sujeto que hoy día está acusado. Sus dichos se sostienen en la realidad que hoy está viviendo… La fiscalía no toma revanchas”.

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