La Contraloría General de La República (CGR) formuló reparos al contrato que firmó la Municipalidad de Ñuñoa con la ONG FIMA en el marco de la disputa judicial que inició en contra de los proyectos de Fundamenta Eco Egaña Comunidad Sustentable y el centro comercial Mall Vivo Santiago Etapa II.

En su dictamen, el contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías, concluyó que “de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.

Por esa razón, el organismo ordenó a la alcaldesa Emilia Ríos (RD) “iniciar un procedimiento de invalidación y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento”. La entidad dio 20 días hábiles de plazo al municipio para informar.

“No consta que la Municipalidad de Ñuñoa haya dado cumplimiento a las exigencias previas a que se refiere el inciso tercero del artículo 107 del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, toda vez que dentro de tales antecedentes solo se observa la existencia de un documento denominado requerimientos del servicio a contratar en relación con el proyecto Egaña Comunidad Sustentable, sin que se acrediten las gestiones que indica el citado artículo respecto de ese proyecto y del Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II que motivó otro trato directo”, agregó el oficio emitido la semana pasada.

El pronunciamiento de la Contraloría tiene su origen en una denuncia que presentó el concejal de la comuna, Julio Martínez Colina. En su presentación, acusó supuestas infracciones, irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación directa efectuado por dicha entidad edilicia con la Corporación Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), lo que generaría un perjuicio patrimonial para el Fisco de Chile.

La Municipalidad de Ñuñoa anunció que apelará al dictamen de la Contraloría, ya que a su parecer “no tuvo todos los antecedentes a la vista”.

El contrato entre Ñuñoa y ONG FIMA asciende a $16,2 millones, pero a lo largo de los meses la organización no gubernamental ha cerrado acuerdos de asesoría legal con otros municipios. Según publicó El Libero, la ONG FIMA tiene otros convenios con Maipú ($16,6 millones), Quilicura ($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor ($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 millones), Natales ($7,8 millones).

En su página web, la ONG describe así su misión: “FIMA litiga en pos del interés público y de las comunidades en los principales conflictos socio-ambientales de Chile”.

Frente al pronunciamiento de la Contraloría, Antonina Berrios, coordinadora general de ONG FIMA, sostuvo a Pulso: “Nos parece que el dictamen da cuenta de la necesidad de regularizar, tal vez algo que debe hacer la Municipalidad de Ñuñoa”. Y agregó: “En todos los convenios que hemos celebrado entregamos todos los documentos que acreditan nuestra basta experiencia, el perfil profesional del equipo y el trabajo anterior por varios años ya. Son 25 años del trabajo de FIMA en asesoría jurídica y defensa judicial de alta complejidad”.

ONG FIMA, fundada por el abogado Alberto Dougnac, es una organización especialista en litigios ambientales y su director es el abogado Ezio Costa. Según una página web de la fundación Democracia Viva que ya no está disponible, pero que se puede visualizar en la plataforma Wayback Machine, el jurista de la Universidad de Chile figuraba como miembro del consejo asesor de la Fundación Democracia Viva, entidad que ha sido cuestionada por recibir $426 millones de parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Consultado Ezio Costa si mantenía su vínculo con la cuestionada agrupación, explicó a Pulso: “Renuncié el 23 de junio, luego que se conocieran las irregularidades. Igual es importante aclarar que ese consejo era un grupo de personas externo a la fundación y que, de manera gratuita, nos reunimos a conversar sobre temas de contingencia política y social por vía telemática en dos ocasiones”.

En su currículum, Costa destaca su litigación en procedimientos de derecho ambiental, civiles y constitucionales. Algunos casos relevantes han sido Mina Dominga, Termoeléctrica Los Robles, Alto Maipo, Central Centinela en Río Achibueno, Central Mediterraneo en Río Puelo, Hidroaysén, Central Río Cuervo, Tren Santiago-Rancagua, Contaminación en Arica, Decreto Mp10 y Mina Invierno.

FIMA representa a Oceana, organización no gubernamental que por medio del activismo y la investigación promueve la conservación marina. Esta última es firme detractora del proyecto Dominga de Andes Iron en La Higuera, iniciativa que presentará una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta en contra de la resolución del Comité de Ministro, que rechazó la iniciativa minero portuaria. La ONG también representó a Oceana en su oposición al proyecto Cruz Grande de CAP en la Región de Coquimbo.