TPP vuelve al debate. Los argumentos de detractores y partidarios

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Entre constituyentes, críticos y adherentes hay cierto consenso respecto a que no es preciso discutir su firma previo a la Convención Constitucional. En la discusión de fondo, a quienes están en contra preocupan las cortes internacionales en caso de disputas con el Estado. Los promotores defienden el mayor acceso a mercados que se tendrá. Mientras tanto, Nueva Zelandia asegura ya estar viendo los positivos efectos de haber ratificado el pacto en 2018.




Que el gobierno le haya puesto ocho veces suma urgencia al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (comúnmente conocido como TPP11), da cuenta de lo difícil que ha sido lograr respaldo en el Congreso a una iniciativa de 11 países que pretende facilitar el comercio. Siete ya lo han aprobado.

Aunque el Senado se niega a poner en tabla la iniciativa que ingresó en 2018 y despacharon los diputados en abril de 2019, el Ejecutivo no da su brazo a torcer y aplicó a la iniciativa su más reciente suma urgencia. Esto despertó, una vez más, los ánimos de detractores y promotores.

Cuestión de forma: timing

Entre el primer grupo, la recién formada Vocería de los Pueblos, con 34 constituyentes, fue uno de los que lanzó sus dardos y pide el retiro de la suma urgencia del acuerdo comercial para iniciar la discusión sobre la nueva carta magna. Antes, para el día del medio ambiente, precisaron -en una declaración- la demanda de que la constitución “se escriba sin la presión ilegítima del fantasma constante de la firma del TPP-11”.

Así, las críticas de los constituyentes apuntan a que quieren ver ellos qué hacer con los tratados en general. Manuela Royo, constituyente por el distrito 23, señala que para los firmantes es importante que la “Convención Constitucional puede discutir la forma en que el país adhiere a nuevos Tratados Internacionales o se retira de aquellos vigentes”.

Los constituyentes antes mencionados no son lo únicos que manifiestan reparos. Mauricio Daza, independiente electo por el distrito 28, señala que “aprobar el TPP-11 limita de alguna manera la acción de la Convención Constitucional, toda vez que en las normas concebidas en la ley 21.200 se agregó una disposición que establece límites que indican que no se pueden afectar tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile, sin hacer distinción alguna”.

El académico de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge y un reconocido opositor del tratado, José Gabriel Palma, también sostiene que “hay un problema de secuencia de tiempo que es fundamental en esto”. Desde su punto de vista, en el gobierno “ven el TPP11 como una tabla de salvavidas, porque es una forma de amarrar la constitución”, por ello es importante la secuencia de los hechos. “Si se llegara a aprobar antes de la Constitución, diga lo que diga la constitución, el TPP11 manda. Si se llegara a aprobar después de la Constitución, ojalá que no, la Constitución manda”, argumenta en contra de la acción del Ejecutivo.

Rodolfo Vilches, ex negociador de TLC de la Direcon y actualmente director del Centro de Desarrollo Económico Internacional de la Universidad de Valparaíso, siendo partidario del acuerdo en cuestión, también presenta sus reparos respecto al momento de la discusión. “Si ya no se ha aprobado en los últimos dos años, aprobarlo hora, justo en estos nueve meses, me parece que sería un error político”.

Asimismo, Vilches sostiene que en la Convención “asuntos relativos a los acuerdo comerciales podrían revisarse en la Constitución, por ejemplo, el que actualmente sea el presidente quien los deba firmar. Además de esos cambios, también se debe responder a la exigencia ciudadana por más transparencia, de manera que la gente conozca de qué tratan los tratados”.

La discusión de fondo

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Más allá de la forma, existe un debate de fondo.

“Chile no necesita un nuevo Tratado de Libre Comercio que nos siga atando a un modelo de desarrollo extractivista, exportador de materias primas, que no genera bienestar social equitativo y destruye la naturaleza para la ganancia cortoplacista de unos pocos”, sostiene Royo, quien además como abogada es integrante del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima).

Desde su punto de vista, “la ratificación del TPP-11 pondría en riesgo nuestra soberanía y democracia, estableciendo reglas que favorecen a empresas multinacionales (farmacéuticas, mineras, agrícolas) no a los pueblos de Chile y generando trabas a los avances que el Estado haga en el futuro que puedan afectar la inversión extranjera, tales como profundizar derechos laborales, sociales o ambientales”.

Para Daza el problema central está en anexo noveno, donde se aborda la normativa sobre expropiación indirecta, en el marco de cambios sustantivos a la regulación de un mercado, afectando las legítimas y razonables expectativas que tenga un inversionista en un país del pacto.

Según detalla, “se amplía de manera sustantiva el número de empresas que van a poder iniciar el mecanismo de arbitraje que son muy controvertidos, porque se establecen tribunales ad hoc, en los cuales tanto el inversionista como el Estado definen los integrantes de este tribunal y si no hay acuerdo para definir al tercer miembro la decisión la toma el Centro Internacional de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), que en su nómina incluye abogados que han trabajado históricamente para multinacionales”.

Esa preocupación es compartida por Palma, a quien además le inquieta que el pacto se inmiscuya en asuntos que considera ajenos al comercio. “El TPP11 tiene treinta capítulos, cinco son comerciales y el resto son de otras cosas que no tienen nada que ver con lo comercial. Si quieres hacer un tratado comercial, has un tratado comercial. Si quieres un tratado sobre cómo se va a tratar a las multinacionales en Chile, sean al menos honestos y hagan un tratado sobre eso. Pero no escondan bajo la falda de lo comercial otro tipo de cosas”, sostiene.

Vilches discrepa con la visión de que este mega acuerdo ponga al país en una posición compleja entre tribunales internacionales. Por el contrario, asegura que en la materia se mejoran muchas de las disposiciones de los TLC que ya están vigentes.

Luego está la discusión de si este acuerdo genera un beneficio comercial o no. Palma indica que “como Chile ya tiene tratados de libre comercio con los países del TPP11 ni siquiera gana en lo comercial”.

Pero Vilches no está de acuerdo. Según el experto en comercio internacional, no ratificar el acuerdo no es inocuo, dado que “van a haber países que ya lo tiene en vigencia y van a entrar sus productos con ventajas que nosotros no tenemos. Entonces cuando nosotros lleguemos un producto canadiense ya a va tener tres años en el mercado. Hay una pérdida en términos de acceso a los mercados”.

El ex negociados de TLC de destaca que sigue creyendo que el TPP11 es un buen acuerdo y que Chile debiera firmarlo por cuatro razones. Primero, porque que los acuerdos comerciales han sido un elemento importante de nuestra inserción internacional en los últimos 30 años, por tanto, no firmarlo genera un efecto importante en términos de la imagen internacional de país”, sostiene Vilches.

Por otra parte, plantea que dado los efectos económicos de la pandemia, “se va a necesitar echar mano a todos los instrumentos que podamos tener para efecto de la recuperación de los próximos años, en ese sentido, el TPP11 es relevante para mejorar el acceso a productos en materia arancelaria, de compras públicas, entre varias otras cosas”.

Adicionalmente, plantea que el pacto en cuestión tiene un carácter “inclusivo” del que carecen otros acuerdos de libre comercio, incluyendo temas laborales, medioambiente y de pymes entre otros. Por último, subraya que “en este escenario en que todavía se mantiene de lucha comercial entre EE.UU. y China, el hecho de que esos países no estén dentro del TPP11 genera para Chile cierta diversificación de los mercados y mayor independencia de estos dos socios”.

El caso de Nueva Zelandia

FILE PHOTO: FILE PHOTO: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern participates in a televised debate with National leader Judith Collins at TVNZ in Auckland, New Zealand, September 22, 2020. Fiona Goodall/Pool via REUTERS/File Photo/File Photo

Nueva Zelandia se ha convertido en un modelo de país al que queremos llegar. Este país ya ratificó el acuerdo el 25 de octubre de 2018 y tienen un opinión positiva no solo en la teoría, sino también en la experiencia, manifiesta Linda Te Puni, embajadora en Chile de Nueva Zelandia. “Ha hecho crecer sus relaciones comerciales con Japón, Canadá y México, y todas constituyen nuevas relaciones en acuerdos de libre comercio para nosotros. Los tres también son socios importantes, con mercados significativos. CPTPP nos ha permitido lograr nuestro objetivo de tener un mayor involucramiento con ellos a través de un acuerdo amplio y plurilateral, en vez de tener que negociar con cada uno bilateralmente”.

Considerando que nuestros países comparten muchas características, por ser economías relativamente pequeñas y dependientes del comercio exterior, la diplomática indica que “muchos de los beneficios de la ratificación del CPTPP en Nueva Zelandia aplicarían también para Chile: la oportunidad de alcanzar a más clientes, establecer redes de colaboración amplias y hacer crecer sus exportaciones a través de un conjunto de reglas comunes y predecibles para el comercio”.

Adicionalmente, Te Puni descarta que el pacto haya mermado la soberanía del país. “El CPTPP preserva los derechos de sus partes de regular en el interés público, incluyendo en relación con sus sistemas de salud, educación pública, medioambiente, bioseguridad, seguridad nacional y patrimonio nacional”, señala.

Sin embargo, los críticos del TPP11 dudan que se pueda comparar a ambas naciones. “En Chile no existe un reconocimiento de los derechos ancestrales como sí sucede en Nueva Zelanda, donde incluso se reconocen los derechos de los ríos. Por ello creo que no es comparable el impacto de este tratado en países muy distinto”, indica Royo.

Por su parte, Daza señala que “países como Nueva Zelandia, Australia o Japón no existen regulaciones equivalentes a las chilenas en el ámbito relacionado con la prestación de derechos sociales, por ejemplo, no existen las AFP u otras empresas con fines de lucro que estén a cargo de la administración de gran parte de los fondos de pensiones. Además, ninguno de esos países está discutiendo cambios estructurales en ciertos mercados como nosotros”.

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