La metodología para definir la clasificación crediticia de un país comprende una serie de factores, más allá de la situación fiscal. En ese sentido, Banchile advierte que sobre un incremento en el riesgo de una rebaja en la nota.

La evaluación institucional es un de los puntos claves que monitorean las agencias crediticias a la hora de evaluar la situación del país.

Y a causa del estallido de la crisis social, la efectividad de las instituciones es justamente el factos abre las dudas.

"Vemos un riesgo a la baja en la nota de la evaluación institucional. Podría surgir la preocupación del evaluador sobre el ítem "efectividad institucional", asociada a cambios en las políticas publicas por fuerzas desestabilizadoras provenientes de desafíos socioeconómicos que requieren un esfuerzo fiscal

significativo de largo plazo", explica Banchile Inversiones.

De hecho, la intermediaria destaca que en la última revisión que hizo S&P en junio de 2018, la agencia crediticia asignó nota 2 al ítem de evaluación institucional.

En esa oportunidad, S&P planteó su preocupación por la dificultad de los últimos gobiernos para implementar reformas debido a los complejos procesos de toma de decisiones.

"Probablemente debido a un congreso bicameral cada vez más fragmentado en términos de partidos políticos. Otra preocupación señalada por el evaluador, fue la capacidad de establecer políticas que generen finanzas públicas sostenibles y crecimiento económico balanceado y con menor influencia de la

administración de turno", detalla Banchile.

La reforma a la Constitución también supone un riesgo dentro del ítem de evaluación de institucional, ya que según Banchile, el cambio podría derivar en un nuevo esquema "que afecte la actual disposición que indica que solo el Presidente de la República puede introducir proyectos de ley que impliquen gasto fiscal, lo que históricamente ha ayudado a la prudencia del gasto", concluye el reporte.