El proyecto de ley que moderniza los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) lleva desde marzo de este año estancado en la Comisión de constitución del Senado, y por lo mismo, el llamado general de los expertos es a reponer la urgencia que le fue quitada en septiembre, y despacharlo a la brevedad.

Sin embargo aún cuando esta iniciativa se destrabe pronto en el Congreso, lo cierto es que hay otros aspectos que siguen pendientes para los expertos en justicia tributaria.

Christian Blanche, socio de Tax Advisors, expresó que “aún falta por resolver el acceso a la justicia por parte de los contribuyentes de menores ingresos, que no cuentan con los recursos suficientes para contratar un abogado litigante especialista en estas materias, lo que ha hecho que muchas de las causas tributarias se pierdan en los tribunales, por falta de pruebas”.

Por lo mismo, Blanche propone la figura de un Defensor “público”, como sucede en el caso de los juicios penales.

Agregó también que Estados Unidos tiene esta figura, en donde “además de la Carta de los Derechos de los Contribuyentes (Taxpayer Bill of Rights), se creó una Oficina del Defensor del Contribuyente denominada Taxpayer Advocate Service, dirigida por el Abogado del Contribuyente (Nacional Taxpayer Advocate)”.

Este abogado del contribuyente tiene dos funciones, el intervenir en situaciones que requieren la mediación de un organismo administrativo independiente que busque el amparo del ciudadano, como también el estudio, análisis y presentación de propuestas de reformas legales o de pautas de actuación en la aplicación del sistema tributario.

Por su parte Cristián Vargas, director Tax & Legal de BDO y ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), aseguró que “el problema se agudiza con la realidad de resoluciones o liquidaciones de impuestos del SII, que no están suficientemente fundamentadas y presentan errores que bien podrían corregirse administrativamente, sin tener que llegar a judicializaciones que no se justifican. Esta realidad perjudica a los contribuyentes de menores recursos, que no cuentan con la posibilidad de asesoría legal para defender sus intereses en forma adecuada frente al organismo fiscalizador”.

Por otro lado, Hernán Farías, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados Tributarios y Aduaneros de Chile, manifestó la “necesidad de aprobar lo antes posible el proyecto en trámite, que si bien es cierto con él no se solucionan todos los problemas, implica un avance y mejora una serie de aspectos”, como la conciliación de impuestos, o el permitir que más usuarios puedan presentar sus escritos en forma electrónica. Pero coincide con los expertos, señalando que “se podrían explorar nuevas mejoras como la especialización en segunda instancia y el Defensor del Contribuyente, pero ello implica necesariamente una revisión y análisis exhaustivo de aquellas instituciones, lo que aún no se ha hecho, por cuanto los esfuerzos se han dirigido a la aprobación del proyecto en trámite”.

En tanto, Luis Seguel, presidente de la Comisión de Tribunales Tributarios Aduaneros del Instituto Chileno de Derecho Tributario, aborda otro ámbito a mejorar “una idea con una implementación más difícil por la modificación estructural y de cómo se concibe la justicia en Chile, es la de integrar de algún modo este tipo de profesionales expertos en las Salas especializadas de las Cortes de Apelaciones, que permitiría valorar la prueba aportada en el juicio cuando se discute aspectos contable tributarios”.