La idoneidad, competencia y calidad de quienes trabajan en un gobierno es un asunto de Estado. Más allá de las posiciones netamente políticas y aquellas de exclusiva confianza del Presidente de la República (cuyo número ha bajado notablemente desde los 90), los cargos deberían ser ocupados (o “servidos”, una conjugación pasada de moda, pero que siempre se extraña) por especialistas, seleccionados con la mayor rigurosidad y nivel de exigencia posibles.

La Onemi (2010 y 2012) y otros ejemplos deberían habernos enseñado sobre ello. Este era el espíritu del sistema de alta dirección pública (SADP), creado en 2003 tras un gran acuerdo nacional político-legislativo entre gobierno y oposición con el objetivo de aportar a la modernización y transparencia de la gestión pública.

La idea suena impecable: “Es un sistema creado para profesionalizar los altos cargos del Estado. Se trata de que las más altas responsabilidades sean ejercidas por personas competentes e idóneas, elegidas mediante concursos públicos y transparentes. El objetivo es contar con una gerencia pública calificada y profesional que lleve a cabo y ejecute las políticas públicas que el gobernante determine”.

Cuantitativamente, según datos públicos, esto implica “la búsqueda y selección de 1024 cargos, pertenecientes a 111 servicios públicos adscritos al sistema de alta dirección pública y otros 45 organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos a través del SADP”.

Veamos algunos datos duros para contextualizar el tema. El sistema partió en 2004 con 417 cargos. A diciembre de 2011, siempre según datos públicos, estos llegan a 1024, en los que se incluyen tanto los cargos de los servicios adscritos al sistema como los de organismos públicos que seleccionan algunos de sus cargos directivos mediante el SADP. En 2005 se registraban 68 postulaciones por concurso, llegando en diciembre de 2013, a un  promedio de 149 postulaciones por proceso. En diciembre de 2013 se recibieron más de 250 mil postulaciones.

A diciembre de 2011, el 18% de los nombrados a través del sistema proviene del sector privado (cargos adscritos), este indicador llega a un 27% en diciembre de 2013. En febrero de 2014, tres de cada diez nombrados son mujeres, el doble de las cifras de participación de la mujer en la alta gerencia del sector privado.

La elección de los cargos de primera línea del Estado mediante un sistema de concurso público da cuenta de la voluntad política de renunciar a la discrecionalidad directa e inmediata en los nombramientos, privilegiando la idoneidad y las competencias por sobre otros criterios.

Como suele suceder, en la etapa de diseño todo suena bastante razonable, con objetivos mayoritariamente compartidos y directrices correctas. Sin embargo, una mayor transparencia en los resultados de este modelo sería bienvenida, en especial en lo que dice relación con el nombramiento real de quienes lideran los procesos de selección (cuyo alcance llega hasta a presentar una terna), en las evaluaciones de los nombrados y en la permanencia de los mismos en sus respectivos cargos por un período de tiempo que les permita desarrollar plenamente los planes institucionales. Una alta rotación de gerentes públicos no es un buen síntoma de la madurez del sistema.

A pesar de las buenas intenciones, más de un jefe de servicio nombrado bajo el SADP ha sido relevado de sus funciones en forma discrecional (léase razones de carácter fundamentalmente político), lo que contraviene claramente el objetivo o espíritu de esta iniciativa. Quedan así planes truncados, equipos de trabajo desarmados, programas a medio andar, asociaciones público-privadas de gran valor a la espera de las decisiones de la próxima autoridad, profesionales fuertemente desmotivados y una plana funcionaria más preocupada de las sucesiones que de llevar a cabo su labor como corresponde.

Chile necesita cada vez más personas capacitadas, con competencias específicas, buenos ingresos y legítima vocación de servicio público. Tan importante como lo anterior, es la permanencia en su cargo, solo sujeta a evaluaciones técnicas. Una gerencia pública profesional es un factor clave de desarrollo. Chile debe avanzar firmemente en este camino. Esto redundará en políticas públicas sólidas y consistentes.

Sin embargo, esto no debe confundirse con el predominio de lo técnico (entendido como el saber sobre un área específica del conocimiento) por sobre lo político (entendido como la forma de pensar y dirigir un país) en las definiciones de las políticas públicas. Estas siempre corresponden a una cierta manera de enfrentar el mundo y orientar las soluciones necesarias para el desarrollo. No olvidemos que es por esto que votan los ciudadanos, por ideas políticas representadas a través de liderazgos también políticos. No se está en esta columna hablando de “tecnócratas” o drones, sino de buenos profesionales, completos, preparados y con convicciones. Y es sabido que muchos técnicos son, primero que todo, buenos militantes. Así como la antigua dicotomía entre embajadores políticos o de carrera, todo depende del puesto, el lugar y el momento.

*El autor es director de estudios de mercado y de opinión pública de Gemines S.A. (gromo@gemines.cl - @guidoromo).