En su último año de gestión, Juan Ignacio Piña Rochefort ha tenido la misión de defender enérgicamente  y en terreno los intereses del Estado. El doctorado en la Universidad de Navarra y ex socio de los penalistas Francisco Cox y Matías Balmaceda, ha litigado en la Corte de Apelaciones, en la justicia Civil y también en las extensas jornadas de formalización del Caso Penta, donde la institución que preside, el Consejo de Defensa del Estado (CDE), pidió nada menos que la prisión preventiva para siete de los imputados, entre ellos Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín, Pablo Wagner e  Iván Álvarez.

El titular del CDE-entidad encargada de perseguir la corrupción en el país- también se cuadró con el Contralor Ramiro Mendoza, manifestando que la corrupción se debe perseguir con intensidad.

El abogado detalló cuál será la línea de acción en el caso SQM, analizó el proceso que han llevado adelante con la SVS en Cascada en la arena civil, y añadió que pese a un eventual acuerdo institucional, el Ministerio Público debe hacer su trabajo en los recientes casos de connotación pública.

¿Cuál ha sido la constante en las causas que le ha correspondido liderar y ahora con lo que viene en el caso SQM?

No hay grandes diferencias entre cómo se abordan los demás casos y éste, en cada una de nuestras solicitudes que se hacen ante los tribunales, por lo tanto, creo que hemos llevado adelante una línea de continuidad, pero creemos indudablemente que ahora nuestra labor se ha hecho más visible.

¿Cómo abordarán el caso SQM?, ¿están de acuerdo con una salida institucional?

El caso está en periodos muy preliminares, es una investigación donde hay mucho camino por recorrer. Por ahora debemos tener claro que hay pocas conclusiones para sacar. Por otra parte, creo que siempre hay que dejar que la Fiscalía desarrolle su trabajo, que siga recabando todos los antecedentes hasta el final. Apenas tengamos estos antecedentes, nosotros como CDE los iremos valorando. Con esos papeles en mano tomaremos las decisiones de persecuciones que estimemos convenientes.

¿Pero por dónde ira la línea del CDE?

El CDE siempre ha sido consistente para defender la probidad pública ya que es uno de los cometidos más importantes que tenemos; nosotros no nos perdemos en la claridad en nuestra misión. Donde haya un funcionario público que cometa delitos en su actuar o dónde se cometan delitos y  afectación sobre el patrimonio fiscal se contemplan los dos ejes de intervención del CDE.

En las últimas intervenciones del Ministerio Público se ha dicho que se investiga el cohecho, además de delitos tributarios. ¿Cómo evalúan la velocidad en la entrega de la información?

El Ministerio Público cumple con su deber de hacernos llegar con prontitud las investigaciones donde estamos legitimados para actuar. Como lo hace siempre, estamos esperando que los antecedentes nos lleguen nuevamente, y si se da ese espacio, que no quede duda que ahí vamos a estar.

También han tenido que actuar en el Caso Cascada, ¿cómo se ha desarrollado este proceso en conjunto a la SVS?

En este caso hay una actuación relevante en la Justicia Civil. Si bien en los últimos meses la atención ha estado puesta en las aristas penales de este caso de connotación pública, cabe señalar que estamos interviniendo en todas estas causas como abogados de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y probablemente tengamos que volver a hacerlo prontamente.

¿En cuáles casos?

Hay decisiones de la SVS que probablemente sean objeto de recursos y en este caso el CDE deberá defender esa resolución. Siempre obramos coordinadamente con la SVS, que es quien nos requiere para defender la legalidad de todas sus resoluciones. Existiendo ese requerimiento, tras eventuales reclamaciones contra la SVS, nosotros estaremos presentes ahí.

En estas instancias ustedes han replicado las reclamaciones de Ponce, LarrainVial, Leonidas Vial, entre otros.

Las atribuciones sancionatorias las tiene la SVS; una vez que ellos ejercen esa potestad, a nosotros nos corresponde hacernos cargo de eventuales reclamaciones que existan defendiendo la legalidad.

Volviendo al terreno de la probidad, ¿qué le parece lo señalado por el  ministro Sergio Muñoz en relación a eliminar los fueros parlamentarios para facilitar una investigación sin cargos?

En la comisión Engel, hace pocos días atrás lo dijimos, creo que el fuero parlamentario cumple una función clara y debemos estar abiertos a perfeccionarlo; no sé si prescindir del. Es claro que tenemos algunos problemas cuando existen eventuales recursos que caben ante las negativas de desaforar por parte de las Cortes de Apelaciones, pero ahí hay un trabajo que debería hacerse.

¿Hay un error en cuánto a cómo se concibe el fuero en nuestro país?

El fuero siempre ha cumplido y cumple una función de permitir que los parlamentarios con relativa tranquilidad realicen su labor legislativa sin estar sujetos a eventuales persecuciones y perturbaciones de carácter trivial; cuando esas perturbaciones dejan de ser triviales y hay antecedentes necesarios que lo acrediten, la idea es que el desafuero funcione.

¿A su juicio, cuando existen investigaciones penales se debe suspender automáticamente el fuero?

Es perfectamente posible que estudie el fuero frente a causas penales. Creo que si se quiere perfeccionar un cambio podría ir en ese sentido, es interesante analizarlo.

¿Por dónde fueron sus ideas planteadas antes el Consejo Asesor Anticorrupción?

Nos hemos puesto a disposición para entregar nuestra visión en base a nuestra experiencia. En ese sentido, concuerdo perfectamente con el contralor Ramiro Mendoza, en relación a sacarnos de la cabeza la idea de que sólo el endurecimiento de las leyes es el camino necesario para solucionar los problemas que nos aquejan como país.

¿Qué opina sobre lo que dijo el contralor en su cuenta pública sobre que no había que cerrar los ojos frente a la corrupción?

Está bien que se repita el análisis, pero no está bien que se trivialice el tema de la corrupción. No podemos hacer como que la corrupción no existe, pero tampoco podemos afirmar que está en todas partes, por que eso no es cierto. Lo que tenemos que hacer es enfrentar la corrupción que nos afecta con mucha intensidad, pero eso no significa llegar a conclusiones acerca de su extensión o que tenga cooptado a todo el Estado chileno porque eso no es cierto.

¿Lo primero es reconocer el problema?

No hay que ser equívoco para enfrentar este tema, así lo dejó muy claro el contralor Ramiro Mendoza. Él señaló claramente que se debe tratar con toda la intensidad que sea necesaria y probablemente el camino vaya por comenzar a hablar abiertamente del tema.