El gobierno optó por retirar el proyecto que posibilita la venta directa de medicamentos. Más allá de lo inusual de la estrategia parlamentaria seguida por el Ejecutivo, es importante que esta ampliación en los puntos de venta de medicamentos que no requieren receta médica cuente, finalmente, con la aprobación del Congreso. Diversos países que han aplicado disposiciones similares dan cuenta de sus beneficios, incluyendo aumento de la competencia y mayor disponibilidad para los consumidores.

Parlamentarios de oposición justifican su rechazo al proyecto, arguyendo que “no garantiza” la rebaja en los precios. Obviamente, ello supondría responsabilizar a la ley por la determinación de un precio sujeto, afortunadamente para el consumidor, a las condiciones de mercado. Distinto es velar porque esas condiciones se cumplan, pero ya existen las disposiciones y organismos competentes para dichos efectos. La automedicación tampoco es un riesgo real, considerando que buena parte de estos medicamentos ya son prácticamente de libre disposición en los mesones de atención de las farmacias.

Además, las cifras demuestran que las intoxicaciones, por lo general, se producen por el consumo de medicamentos con receta médica. Quizás los únicos verdaderamente afectados son ciertos grupos de interés incapaces de mantener sus beneficios en un esquema de competencia.