La magistrada Paulina Moya del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, resolvió acoger la petición de la Fiscalía y ordenó la prisión preventiva de Pedro Pablo Larraín Mery, excontrolador de Sartor, y de Carlos Larraín Mery, exdirector de la Administradora General de Fondos (AGF). La medida también recayó sobre Michael Clark, exdirector y exdueño de Tactical Sport (el fondo controlador de Azul Azul), y Sergio Yáñez, excontrolador del factoring Emprender Capital.

La formalización apuntó a 11 imputados, de los cuales cinco ya cuentan con una medida cautelar dictada por el tribunal: los exdirectores y exejecutivos de la AGF Alfredo Harz y Óscar Ebel, y el exgerente de Emprender Capital Hugo Baranda, cumplen arresto domiciliario total y arraigo nacional; mientras Mauro Valdés y Miguel León Muñoz quedaron con arresto domiciliario parcial y firma mensual.

En el caso de Juan Carlos Jorquera la Fiscalía solicitó arresto total, pero su defensa se opuso a la medida cautelar y había pedido una medida de menor intensidad.

La jueza leyó durante cinco horas una extensa resolución con la que fundó los motivos para decretar la medida más gravosa que contempla el Código de Procedimiento Penal en contra de los imputados.

Durante la audiencia de formalización por el caso de la operación del cambio de control de la concesionaria Azul Azul, la magistrada Moya emitió su resolución respecto a los delitos imputados en la adquisición.

En su exposición de los antecedentes, la jueza dio por acreditado el delito de fraude por omisión de oferta pública de adquisición, así como también confirmó que se logró establecer el cargo por lavado de activos. Sin embargo, respecto al tercer punto en cuestión, la magistrada determinó que el otorgamiento de contratos simulados fue dado por no acreditado.

“El perjuicio tampoco radicaría únicamente en que los inversionistas hayan prestado su consentimiento bajo una representación equivocada; debe apreciarse patrimonialmente la posición obtenida a cambio de los recursos entregados. Conforme a la imputación, quienes sustituyeron sus inversiones habrían dejado derechos asociados a fondos administrados por una entidad fiscalizada para pasar a mantener una acreencia contractual frente a una sociedad distinta y no fiscalizada. Mientras, quienes aportaron nuevos recursos habrían obtenido un derecho cuyo respaldo, riesgo y destino efectivo diferían sustancialmente de aquellos que les fueron representados”, acotó.

Acusaciones

La audiencia de formalización por el caso Sartor comenzó el jueves 30 de julio de 2026. Durante la formalización, el Ministerio Público acusó que los ejecutivos estructuraron un esquema donde los fondos de inversión públicos, regulados y financiados por terceros invertían su dinero en fondos de inversión privados. A su vez, estos fondos privados eran utilizados como fachada para inyectar millonarios recursos a sociedades directa o indirectamente relacionadas con los mismos directores de Sartor.

Según la Fiscalía, de esta forma priorizaron el beneficio de sus propias empresas por sobre el deber fiduciario de proteger el dinero de los aportantes de los fondos públicos, provocando un perjuicio que asciende a US$78.562.257 y $104.640.516.271. Sumadas ambas cifras, al dólar de hoy, el perjuicio asciende a unos US$ 191 millones.

En ese sentido, se detallaron una serie de operaciones realizadas para mantener a flote negocios personales con dinero de terceros, donde se destacó lo relativo al factoring Emprender Capital, que presentaba graves problemas financieros desde 2018. En lugar de cobrar las deudas, dijo la Fiscalía, Sartor AGF continuó inyectándole fondos y prorrogando pagos, para luego, a través de la sociedad Danke SF SpA, creada por Pedro Pablo y Carlos Larraín, tomar el control de la empresa. A diciembre de 2024, estas entidades adeudaban más de $50.000 millones a los fondos de Sartor.