En su décima jornada de formalización de los 11 imputados del caso Sartor, este miércoles fue el turno del fiscal Juan Pablo Araya de iniciar el período de réplica a las defensas. Durante su intervención, el Ministerio Público exhibió correos electrónicos, actas de directorio y pagarés con el objetivo de derribar la tesis del desconocimiento y reafirmar la participación directa de los altos ejecutivos en el fraude.

Los formalizados son el excontrolador de Sartor Group, Pedro Pablo Larraín Mery, y los exdirectores y ejecutivos de la AGF Alfredo Harz Castro, Michael Clark Varela, Óscar Ebel Sepúlveda, Juan Carlos Jorquera, Mauro Valdés Raczynski, Miguel León Núñez, Rodrigo Bustamante García y Carlos Larraín Mery; además de Sergio Yáñez Astete y Hugo Baranda, ambos ligados al factoring Emprender Capital, empresa vinculada a Sartor.

Hasta el momento el 4° Juzgado de Garantía de Santiago ha ido resolviendo las medidas cautelares de la gran mayoría de ellos, quedando solo la discusión en lo que se refiere a Pedro Pablo Larraín, fundador del grupo Sartor; su hermano Carlos Larraín, socio de Sartor; Rodrigo Bustamante, exgerente de Sartor Wealth Management, y Sergio Yáñez, exdueño de ECapital.

En la audiencia el persecutor insistió en que la cabeza operativa del esquema fraudulento que operó en Sartor era dirigida por su controlador Pedro Pablo Larraín Mery. Ante la defensa que aseguraba que no firmaba documentos operativos, el fiscal proyectó múltiples prolongaciones de créditos a empresas relacionadas que contaban con su rúbrica directa.

Asimismo, Araya desestimó el argumento de las defensas sobre un supuesto beneficio económico para los fondos administrados por Sartor AGF. Argumentó que, en lugar de asumir el impacto de una inminente insolvencia, la administración optó por aplicar constantes prórrogas que solo lograron que la deuda creciera de forma exponencial, terminando en un agujero financiero que superó los $50.451 millones.

También advirtió ante el tribunal que esta sola operación concentra más del 25% del total de los perjuicios imputados. Según expuso, el desfalco se consolidó al importar hacia el grupo Sartor el mecanismo de “vigenteo” utilizado previamente en Emprender Capital. Para el Ministerio Público, esta transferencia de malas prácticas resulta lógica, ya que ejecutivos clave que operaban en allí, como el gerente Jorquera, también habían migrado hacia Sartor.

Uno de los focos de la Fiscalía estuvo en refutar la estrategia de distanciamiento de los hermanos Larraín Mery. Respecto a Carlos Larraín, el fiscal desestimó que su renuncia al directorio de la AGF en 2021 significara su salida de las operaciones. Por el contrario, demostró que continuó como director en la matriz y como asesor remunerado, exhibiendo pagarés de la sociedad Danke que llevaban su firma.

“Nos insisten en que ahí no hay mayor participación de Carlos Larraín Mery en Sartor. Lo que nosotros sostenemos es que la propia declaración del imputado, prestada a la Fiscalía, reconoce que se desempeñó como asesor de Sartor AGF y director en Asesoría e Inversiones Sartor. Es decir, tal como dijimos, aquí hay un cambio de traje, de etiqueta: sale del directorio de Sartor, pero sigue como director en la matriz y continúa como asesor en la AGF”, señaló el fiscal Araya.

Fallo

Durante su alocución, el persecutor destacó el impacto del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la primera revocación de existencia de Sartor AGF por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) del 20 de diciembre de 2024.

El máximo tribunal “revocó la autorización de existenica de facto, sin perjuicio de ello que mantuvo la vigencia de todas las otras resoluciones”, señaló Araya.

El fiscal sostuvo que “seguramente se va a mencionar en las réplicas de la defensa que esto altera o desnaturaliza este caso y la existencia de los perjuicios”.

“Esta alegación no es sujeta a consideración, no tiene ningún fumdanto en la práctica, porque efectivamente también la Corte Suprema dictó otras dos resoluciones más que ratifican los otros actos administrativos también de la CMF que son las supensión de los aportes, que incluso lo rechazan con costas”, concluyó.