El proyecto de ley que eleva el endeudamiento público para 2026 en hasta US$6.200 millones pasó su primera valla legislativa este miércoles. Durante la tarde la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados la aprobó en general y en particular.

Así, por 8 votos a favor, todos del oficialismo; 3 en contra, de los parlamentarios Jorge Brito (Frente Amplio), Boris Barrera (PC) y Carlos Bianchi (Independiente); y 2 abstenciones, la iniciativa pasó a la sala de la Cámara de Diputados, la que la comenzará a analizar probablemente la próxima semana.

El proyecto aumenta en US$6.200 millones la autorización máxima que tiene el fisco para emitir deuda este año.

De acuerdo a lo que ha señalado el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la mayor necesidad de deuda “se deriva de la profundización del déficit fiscal que se había proyectado cuando se hizo la Ley de Presupuestos el año pasado, monto que aumenta en US$3.800 millones las necesidades; US$900 millones por efecto de tipo cambio y US$1.500 millones en compromisos ineludibles de pago reflejados en el nivel de deuda flotante que es alarmantemente elevado, y el bajo nivel de caja”.

En la Ley de Presupuestos actual se autorizó un máximo de US$18 mil millones de deuda pública, de los cuales el gobierno anterior planificó utilizar US$17.400 millones. Ahora el máximo, considerando los US$6.200 millones adicionales, totaliza US$24.200 millones.

El presidente de la comisión, el republicano Agustín Romero, afirmó que “para mí es bastante doloroso tener que aprobar un endeudamiento, pero hay que reconocer que el mecanismo que se estableció en la Ley de Presupuestos y que en definitiva obliga al Estado, al Ejecutivo, a solicitarle autorización al Congreso Nacional, me parece que es lo que corresponde a una democracia”.

En ese sentido, el legislador agregó que “lo que estamos hoy día viendo es simplemente un parche a una Ley de Presupuestos que quedó mal hecha en el gobierno del presidente Boric y cuyo principal responsable es el exministro Nicolás Grau, que hoy día se encuentra acusado constitucionalmente, precisamente también por su mal manejo económico”.