En medio de la incorporación de las últimas etapas de la ley que moderniza las compras públicas, las primeras señales del impacto de la reforma enviada por el gobierno de Sebastián Piñera en 2021 ya comienzan a sentirse.

Entre enero y octubre de 2025 los tratos directos o discrecionales en las transacciones que efectúan los organismos del Estado en el mercado público pasaron del 20% de los montos transados en 2024 a 12,5%, lo que equivale a una disminución de 7,5 puntos porcentuales. Esto se traduce en una caída de 23% en montos transados en este procedimiento excepcional y a “dedo”, lo que se traduce en transacciones que cayeron de US$ 2.993 millones a US$ 2.367 millones.

“A su vez, se observa una fuerte disminución de 40% en las órdenes de compra emitidas por trato directo, que se explica en parte por el nuevo procedimiento competitivo de Compra Ágil con un umbral de compra de hasta 100 UTM y la reducción de causales de este mecanismo, reforzando la transparencia y la competencia en el mercado público”, afirma un informe de Chile Compra.

La normativa vigente, que se implementó en diciembre de 2024, redujo significativamente las causales que permiten recurrir al trato directo, reforzando su carácter de mecanismo excepcional y siempre sujeto a fundamentación debidamente documentada. “Hoy solo procede ante situaciones expresamente reguladas, como la de proveedor único; si no hubieran interesados o las ofertas fueran inadmisibles y previamente se haya realizado una licitación pública y privada; urgencia, emergencia o imprevisto. Además, se fortaleció la transparencia mediante una regla especial de publicidad para las causales de único proveedor sobre las 1.000 UTM y seguridad y confianza sobre el mismo umbral, debiendo los organismos publicar durante cinco días su intención de contratar, para efectos que otros proveedores puedan solicitar que se realice otro procedimiento de contratación por estimar que no se cumplen los requisitos de la causal invocada”, añade el organismo público.

La reforma lanzada en el gobierno de Piñera entró en vigor en diciembre de 2023 con las normas de probidad que aumentaron los estándares tanto para compradores y proveedores. A partir de diciembre de 2024 se empezó a promover la participación de las empresas de menor tamaño y, en junio de 2025, se incorporaron nuevos procedimientos de compra (subasta inversa electrónica y compra pública de innovación) y la pionera plataforma de economía circular. La última etapa de la reforma a las compras públicas se implementó este 12 de diciembre de 2025 con el ingreso de obras del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Ministerio de Vivienda a mercado público, lo que aumentará la transparencia y competencia en estos procesos.

Otro indicador clave a octubre de 2025 es el uso de procedimientos abiertos y competitivos por parte de los organismos (Licitaciones públicas, convenios marco y Compra Ágil) que alcanzó un 86,5%, aumentando 7,4 puntos porcentuales respecto a 2024. Este crecimiento se observa en todos los sectores del Estado, destacando Obras Públicas (95,8%), Gobierno Central (92,6%), FF.AA. y de Orden (91,5%) y Municipalidades (90,4%). El sector salud también aumentó de 69,7% a 77,3% en procedimientos de amplio acceso.

A su vez, durante este periodo, la participación de las empresas de menor tamaño alcanzó un crecimiento real superior al 20% en montos transados respecto al mismo periodo de 2024, totalizando más de US$6.308 millones en ventas. Un hito relevante corresponde al desempeño de las empresas de menor tamaño en el nuevo procedimiento de Compra Ágil, reformado para simplificar la participación de proveedores y favorecer a las pymes. Las pequeñas empresas a través de este procedimiento registraron un aumento real del 109%, pasando de US$356 millones en enero y octubre 2024 a US$761 millones en el mismo periodo 2025.

IA y cruces de datos

Según la institución, el fortalecimiento del mecanismo de monitoreo (Observatorio de Chile Compra) ha sido clave en la implementación de la reforma a la Ley de Compras Públicas, elevando los estándares de probidad en el comportamiento de compradores y proveedores. En octubre de 2025, la institución alcanzó un hito al automatizar por completo el monitoreo del sistema, permitiendo revisar el 100% de las licitaciones y órdenes de compra -más de dos millones de transacciones anuales- mediante reglas de negocio que detectan omisiones formales y posibles incumplimientos normativos.

El mecanismo de monitoreo no solo detecta alertas tempranas, sino que además exige a los organismos compradores informar cómo corrigen los errores detectados, reforzando un enfoque preventivo que contribuye a la confianza en el sistema de compras públicas. Entre el 25 de agosto y el 10 de noviembre de 2025 se enviaron 6.199 notificaciones a organismos públicos, con un 54% de adopción de medidas correctivas. Esta capacidad analítica ha permitido identificar prácticas recurrentes, como la fragmentación en compras ágiles, y consolidar un modelo de supervisión más oportuno, eficiente y basado en datos.

En paralelo, según Chile Compra, se han robustecido los controles de probidad mediante el cruce de información con el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (Siaper), habilitado por un convenio con la Contraloría General de la República en 2025, para detectar eventuales infracciones y conflictos de interés. A esto se suma la identificación de más de 195 mil beneficiarios finales en el primer nivel de la malla societaria, esto es, personas naturales con el 10% o más del capital o aporte en las sociedades inscritas en mercado público.

Chile Compra también destacó el desarrollo de un proyecto en Inteligencia Artificial (IA) que explora soluciones avanzadas de análisis documental y procesamiento de datos estructurados y no estructurados. “Su propósito es fortalecer la probidad y apoyar la detección temprana de eventuales irregularidades y riesgos de corrupción mediante tecnologías de inteligencia artificial, machine learning, herramientas OCR y metodologías de análisis de lenguaje natural, que permitan un análisis automático de bases de licitación y documentos administrativos”, concluyó el organismo.