La nueva presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Gloria Hutt, habló este miércoles sobre las trabas a las que se enfrentan las alianzas público privadas. La exministra de transportes aseguró que “hay casi US$ 10.000 millones en proyectos adjudicados con financiamiento, que no han partido”. Esto, en un seminario organizado por la Sofofa, enfocado en infraestructura.

“Desde 2020 se han adjudicado 25 proyectos, por un total de 245,6 millones de UF según el presupuesto oficial. De ellos, 7 registran avances de obras, de diferente magnitud. Un total aproximado de 236 millones de UF está aún en etapas preliminares, previas al inicio de obras. De ello una proporción importante está en ingeniería de detalle, lo que justifica que aun no se inicien los trabajos, aunque fueron adjudicados en 2020 y 2021″, detalló posteriormente a Pulso.

En esta línea, señaló que un “aspecto a tener en cuenta es la conveniencia de que existan proyectos para ser licitados, con nivel de avance en el diseño suficiente para comenzar obras en un plazo breve posterior a la adjudicación. Lo mismo ocurre con las expropiaciones, que idealmente debiesen ser resueltas en forma previa a la licitación”.

Acelerar los procesos

Para activar la cartera adjudicada de US$10.000 millones -que tiene previsto su financiamiento-, “se requiere acelerar procesos y acuerdos de diseño, permisos, revisiones y ajustes a los contratos. Un esfuerzo de ese tipo podría tener impacto directo en la reactivación de la economía, a través de la ejecución de las obras, la contratación de mano de obra y la activación de consumos locales de materiales y servicios entre los más directos”, dijo Hutt.

Y añadió: “Aparte de esto, hay proyectos que han comenzado obras 4 o 5 años después de la adjudicación. Esos plazos debiesen ser revisados y en conjunto con la contraparte del MOP y otros ministerios sectoriales, generar el beneficio de transformar la cartera en actividad económica”.

Durante el semanario de la Sofofa, la líder de Copsa apuntó a distintas aristas que podrían agilizar los procesos. Por ejemplo, “desindividualizar” las decisiones.

“Cuando un funcionario del Estado, que está expuesto a sumario si se equivoca, tiene la facultad de tomar una decisión que impacta el cobro o no de una multa, se va a ir, por una razón bastante lógica, por el lado seguro. Cuando esas decisiones son discrecionales y quedan en manos de una persona que tiene un riesgo, creo que tenemos un problema”, planteó.

La exsecretaria de Estado sostuvo que “se necesita trabajar en paralelo en este fast track de destrabar lo que hay, porque es un monto muy grande que podría gatillar una partida del movimiento económico”. Así, propuso que una comisión presidencial en el futuro gobierno active los proyectos estancados.

Además, la líder del gremio aseguró que hay “barreras de entrada importantes” en lo que respecta al ingreso de nuevos operadores al sistema de concesiones. “Cuando se empieza a subir tanto el monto de las garantías para poder participar en licitaciones, se achica el mercado, se presentan menos ofertas, hay menos competencia”.

“¿Por qué se ponen estas barreras? por desconfianza (...) en un acuerdo público-privado es necesario que haya un acto de fe, y que haya medidas objetivas de no cumplimiento, no arbitrarias. Eso también nos podría ayudar a despersonalizar la exigencia y volver más objetivas las mediciones", afirmó.