La Dirección General de Aguas (DGA) de la Región de Valparaíso sancionó Anglo American Sur con una multa por más de $168 millones por extracciones no autorizadas de agua desde el Estero Riecillos, afluente del río Aconcagua, incumpliendo de este modo medidas de redistribución estando en periodo de escasez hídrica.

La investigación del organismo determinó que, entre enero y abril de 2023, la compañía efectuó extracciones desde las bocatomas 2400 y 2700 durante fines de semana, infringiendo la orden de cierre de compuertas vigente en el marco de la declaración de escasez hídrica.

Aunque la empresa posee derechos de aprovechamiento, las extracciones se realizaron fuera de lo permitido por las medidas de redistribución dispuestas para priorizar el consumo humano, el saneamiento básico y la protección de los ecosistemas, indicó la DGA.

Añadió que en sus descargos, Anglo American alegó errores de medición y falta de notificación formal, argumentos que fueron desestimados por la DGA, señalando que los propios registros entregados por la empresa confirmaron las extracciones.

Multas

La DGA sostuvo que durante el proceso probatorio se recabaron testimonios de funcionarios y peritos propuestos por la compañía y el informe final estableció que, si bien, los caudales extraídos fueron menores a la capacidad instalada, sí afectaron a más de 5.000 usuarios aguas abajo, pertenecientes a la Junta de Vigilancia del Río Aconcagua Sector Quillota (III Sección) y usuarios posteriores.

En consecuencia, la DGA impuso una multa de 700,6 UTM por cada bocatoma, incrementada en un 75% por haberse cometido en una zona de escasez hídrica y en una fuente declarada agotada. Así, cada sanción ascendió a 1.226,05 UTM, sumando un total de 2.452,10 UTM, correspondiente a más de $168 millones.

Además, el servicio informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público para investigar un eventual delito.

Al respecto el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, destacó que está acción se enmarca en una labor desarrollada en estos últimos años de un potenciamiento de la DGA respecto de la fiscalización y una coordinación respecto de la redistribución y el manejo del recurso hídrico, en particular de la cuenca del río Aconcagua.

En tanto el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, señaló que “como Gobierno Regional, nos hicimos parte de esta denuncia, a propósito de que, entre los meses de enero y abril de 2023, en un escenario de crisis hídrica con las compuertas cerradas, la empresa Anglo American no respetó ese procedimiento y, por tanto, cometió una práctica impropia al apropiarse de agua que, en ese momento, no estaba a disposición, a propósito de lo que fue la profunda crisis hídrica que vivimos el año 2023″.

Por su parte el Seremi de Obras Públicas, Dennys Mendoza, dijo que “como Ministerio de Obras Públicas, y en particular desde la Dirección General de Aguas, hemos sido enfáticos en que el uso del recurso hídrico debe regirse por criterios de equidad, legalidad y sustentabilidad”.

Respuesta de la empresa

Anglo American dijo que ha sido notificada la sanción y afirmó que “las infracciones imputadas carecen de sustento en los hechos y en el derecho, en tanto la compañía no realizó captaciones en ninguno de los días fiscalizados, por lo que no se configuran extracciones no autorizadas en el período en análisis por parte de la DGA”.

Adicionalmente, señaló “aclaramos que Anglo American se ha sometido a las medidas de cierre de compuertas requeridas, lo que se cumplió de forma íntegra y ha sido demostrado mediante prueba robusta, la cual no fue considerada por la DGA de Valparaíso”.

Por ello sostuvo que en atención al rol técnico de la DGA, como compañía espera que en una nueva instancia sí exista una revisión de la información técnica y legal proporcionada, la cual, asegura, demuestra claramente que no existieron las extracciones imputadas.

“Asimismo, hubiéramos esperado que la autoridad concurriera a terreno tanto para la imputación de los cargos como para la rendición de pruebas. Con todo, la DGA sanciona a Anglo American y deriva los antecedentes para investigar un eventual delito ambiental sobre hechos que no ocurrieron y que, en cualquier caso, habrían sido anteriores a la entrada en vigencia de la ley de delitos económicos”, afirmó.

La compañía dijo que ejercerá todas las acciones tendientes a revertir esta decisión, y confía en que, en instancias superiores, se considere y se valore correctamente la prueba presentada que acredita la inexistencia de extracciones fuera de norma.