Economistas vuelven a la carga para frenar retiro del 10% de las AFP tras la derrota frente a los políticos

Muchas reuniones. Fórmulas iban, venían, se intercambiaban. Sumas, restas, multiplicaciones, proyecciones. De todo hubo en estas agitadas tres semanas en que poco a poco fue tomando cuerpo, y convenciendo a los parlamentarios de que la idea del retiro de los fondos ahorrados en las AFP era plausible. Las recomendaciones de los expertos no se plasmaron en la votación. Una derrota de los técnicos, pero que aún no se dan por vencidos, por lo que ante una semana clave para el proyecto, volvieron a plantear los costos de este camino y plantean alternativas.

Cada una de las bancadas en el Congreso escuchó a sus asesores económicos más cercanos, quienes les advirtieron que extraer recursos de esta enorme bolsa que contiene unos US$200.000 millones debía ser la “última última” carta o derechamente habían otras alternativas más eficientes o menos costosas, porque a la larga significará peores pensiones. Pero al mismo tiempo, y por otro canal -como casi todos señalaron en sus discursos- los parlamentarios cada día conocían más personas de la llamada “clase media” que estaban presionados sin poder pagar cuentas ni deudas porque perdieron sus trabajos o tenían menos ingresos.

Esto último inclinó la balanza y las recomendaciones de los expertos quedaron como base para un texto que se negoció políticamente y que fue mutando de un proyecto de ley (inadmisible), a una reforma constitucional para retirar el 10% compensado por el Estado, a un articulado transitorio que permita el retiro entre $1 millón y hasta 150 UF (o $4,3 millones), excepcionalmente por el Covid, compensado después por un fondo colectivo que se creará mediante ley.

Así, esta vez la voz de los economistas no fue escuchada. Rodrigo Valdés, Andrea Repetto, José De Gregorio, reconocidos rostros técnicos de la centroizquierda, no apoyaban esta idea. Asesores de la derecha como Libertad y Desarrollo o Rodrigo Vergara tampoco lograron evitar que parlamentarios del bloque oficialista de descolgaran.

“Fuimos los primeros en presentar el proyecto que fue la base para lo que ha salido. Cuando me convencí de que el gobierno no iría en ayuda de la clase media, recurrí a economistas cercanos que me ayudaron, aunque la solución no quedó como ellos proponían”, admitió el diputado Jaime Mulet (FRSV). Consultó los aspectos macroeconómicos a Gonzalo Martner, y los detalles de números y afiliados al ex superintendente de Pensiones, Álvaro Gallegos.

En el caso de los socialistas, la comisión económica que entre otros integran Álvaro Díaz y el ex tesorero, Hernán Frigolett, plantearon retirar hasta $2 millones con devolución estatal hacia un fondo solidario al que se sumarían los remanentes de fallecidos no reclamados por herederos que estimaban en US$ 227 millones.

En la DC aparte de algunas reuniones por zoom con falangistas destacados como el ex presidente del Banco Central, José De Gregorio, contaban con la propuesta del ex jefe de la mesa de dinero para Latinoamérica del Citibank, hoy en una empresa de inversión en Chile, Alejandro Rubinstein. Su idea era un autopréstamo, “similar a lo que está permitido en Suiza o EE.UU., que son países desarrollados y capitalistas como Chile”.

En tanto en el PC, su principal especialista, la ex subsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, no estaba de acuerdo con el retiro y así lo estampó en la Comisión de Constitución donde recalcó que debe ser una medida excepcional solo para esta pandemia. “No siendo una solución ideal, ni replicable, sí se convierte en herramienta ante la inexistencia de una red de protección que responda ante esta emergencia”, sostuvo.

Igual percepción existía entre los asesores del Frente Amplio partiendo por su cara más visible Claudia Sanhueza. Sin embargo, observan que ante al fracaso de sus ideas como una renta básica universal, o un ingreso de emergencia para el 80% de los hogares, y ante su rechazo a la del gobierno de entregar un crédito blando, hubo que asumir esta medida. “Hay muchos economistas que no queremos el retiro de fondos de pensiones, pero estamos obligados a aceptarlo por culpa del gobierno. Dado ello, propusimos que un Fondo Colectivo recaude y pague en proporción los fondos prestados, beneficiando más a quienes reciben pensiones más bajas”, explicó Hassan Akram al manifestar que piensan que un aporte de 1,25% del empleador y lo mismo del Estado podría recaudar US$1.000 millones anuales.

En la derecha la situación fue más distante. “Terminamos aprobando porque vemos la realidad de la gente que puede perder su casa por las deudas. Escuchamos a muchos economistas y todos estaban en contra del retiro. Acogimos lo que dijo Fontaine, aunque la propuesta aprobada no es su fórmula”, reconoció el diputado Hugo Rey (RN).

“Es cierto”, aseguró Bernardo Fontaine quien no se ha cerrado al retiro, “el préstamo blando era una alternativa mucho mejor, y dando garantías a todos los créditos con menos restricciones. Si bien el gobierno ha sido lento, la solución del proyecto es solo humo. Ahora, con este proyecto ha quedado claro y como nunca confirmado que los ahorros son de las personas, lo cual le da un portazo a proyectos para quitar los ahorros y traspasarlos al Estado”.

En medio de todo este debate político y técnico que se ha generado en la última semana, un grupo transversal de economistas y exautoridades aunaron criterios para expresar su opinión en una carta enviada a El Mercurio, y calcular los efectos que tendría en materia fiscal el Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, que es, de hecho, uno de los ejes de la iniciativa.

La carta firmada por el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y las economistas Claudia Martínez, Andrea Repetto y Sebastián Edwards, -todos integrantes del grupo de expertos convocador por el Colegio Médico-, señala que, “estimamos altamente probables, el llamado Fondo Solidario para la reposición de las pensiones podría resultar en un aumento de la deuda fiscal (contingente) de hasta 18 mil millones de dólares”.

Bajo esta lógica, cuestionaron la cantidad “enorme” de recursos que esto representa e incluso en la misiva titulada “el 10% y el marco fiscal”, la comparan en perspectiva con “el monto del reciente ‘acuerdo fiscal por la pandemia’ (US$12 mil millones)”.

Por otro lado, pero en esta misma línea, el economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo cuestionó severamente los alcances de esta iniciativa y aseguró que pensar en una política como esta, resulta “muy dañino para quienes tengan a la vista el objetivo de mejorar el sistema de pensiones”.

El director de Horizontal, Sebastián Izquierdo, además de creer que “el retiro de fondos es una política mal diseñada”, opta más bien por un préstamo solidario expedito combinado con transferencias, el que a su vez se complemente con mecanismos capaces de disminuir la carga financiera de los hogares. Esto, muy en línea a lo pensando por el Ejecutivo para la clasemedia.

Segio Lehmann de Bci Estudios, en tanto, se centró en el impacto financiero que esta iniciativa podría traer, y en línea con lo que anticipan otros analistas del mercado, cree que esto podría obligar a la liquidación de en torno a US$15 billones, lo que naturalmente llevará a caídas en los precios de activos locales, lo que traería consigo retrocesos adicionales en el valor de los fondos.P