Hace poco más de dos años, en mayo de 2023, el gobierno le solicitó la renuncia al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, argumentando denuncias sexuales en contra de quien fuera clave en la redacción de la reforma previsional que ingresó en ese entonces el gobierno al Congreso.

Frente a ello, Larraín interpuso en tribunales una demanda por tutela laboral, de la que en marzo se conoció el resultado: el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago rechazó la acción presentada por el exsubsecretario de Previsión Social en julio de 2023 en contra del Ministerio del Trabajo, en la que exigía una indemnización por $580 millones.

En respuesta a esto último, la defensa de Larraín ingresó un recurso de nulidad, para que se revisara el proceso judicial. Y el resultado llegó este miércoles: la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad interpuesto contra la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo.

“Del análisis del recurso se concluye que el recurrente denuncia la omisión en el examen de diversos medios probatorios que él mismo reconoce fueron considerados en la sentencia, bajo el argumento de que no habrían sido analizados en su integridad. Sin embargo, tales alegaciones encubren únicamente su disconformidad con la valoración efectuada por el tribunal, al no compartir el razonamiento que sustenta el fallo”, afirmó la Corte.

La demanda que interpuso Larraín inicialmente recordaba que el 26 de mayo la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, le pidió la renuncia argumentando “supuestas ´denuncias de acoso sexual y laboral´, ´realizar conductas calificadas como no del todo positivas´ y efectuar ´hostigamiento´ hacia funcionarios de la subsecretaría que lo estaban ´pasando muy mal´”.

Bajo este escenario, la denuncia fue presentada “por vulneración de garantías constitucionales, con ocasión del despido, por haberse vulnerado la garantía constitucional de mi representado (...) que garantiza el respeto y la protección del honor de la persona y de su familia”, según detalló.

En la sentencia que publicó en marzo el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, y que fue dictada por el juez titular Víctor Riffo, se concluyó que, del análisis de la prueba en relación con la denuncia, se desprende que “no ha existido un acto del empleador al que se pueda atribuir una calificación de agresión al derecho fundamental de la manera descrita en el artículo 485 del Código del Trabajo”.

Así, “al descartar esa acción principal, la acción conjunta, pero accesoria de indemnización de perjuicios morales como consecuencia de la vulneración de derechos fundamentales, deberá ser desechada de plano, pues no logrará unirse ese daño a un actuar imputable al empleador”, estableció el juzgado.