Fitch asegura que el descontento social con las pensiones es uno de los factores que probablemente hará que la consolidación fiscal sea un proceso lento

FILE PHOTO: The offices of Fitch Ratings building appears empty in Canary Wharf, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), London, Britain, May 27, 2020. REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

La clasificadora dice en un informe que en Chile esta es "una fuente de presión fiscal que probablemente mantenga la deuda/PIB en una senda ascendente en el mediano plazo".




El modo en que los países latinoamericanos enfrenten el descontento social con sus sistemas previsionales, podría ser relevante para sus notas soberanas. Eso es lo que dice Fitch en un informe titulado “La encrucijada de las pensiones en América Latina: desafíos en pensiones, reformas e implicancias en las calificaciones soberanas”.

Allí la clasificadora asegura que “en Chile, las quejas sociales en torno a su sistema de pensiones son una fuente de presión fiscal que probablemente mantenga la deuda/PIB en una senda ascendente en el mediano plazo, lo que llevó a su rebaja a ´A - / Estable´”.

Por otro lado, la clasificadora señala que “la decisión de Chile y Perú de permitir retiros anticipados de sus fondos privados ofrecerá un alivio a corto plazo, pero se sumará al problema a largo plazo de los bajos ingresos de jubilación. Si bien esto podría dar mayor urgencia a los esfuerzos de reforma, también podría sumarse a los desafíos que la reforma ya enfrenta: descontento social, menor crecimiento potencial, e informalidad laboral”.

Sobre la reforma previsional que se discute en el país, Fitch asegura que “reforzaría su régimen de contribución definida, pero con un mayor rol de gobierno que aún no se ha definido”.

El informe muestra en detalle lo que se discute actualmente en la reforma previsional, y dice que “el gobierno estima que su propuesta original tendría un costo fiscal que aumentará al 1% del PIB durante la próxima década, que es una cantidad moderada, pero que podría crecer aún más eventualmente dada la presión continua para aumentar las pensiones mínimas. Este es uno de varios factores que probablemente harán que la consolidación fiscal y la estabilización de la deuda/PIB sean un proceso lento, en opinión de Fitch, que fue el factor clave detrás de la rebaja de la calificación de Chile a ‘A -’ / Estable en octubre de 2020”.

En el documento Fitch recuerda que la reforma previsional en Chile fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero está estancada hace más de un año en el Senado.

Retiro del 10%

Fitch señala que la pandemia inspiró el populismo en las pensiones. En este apartado se menciona a Chile y Perú, donde se aprobaron leyes para retirar fondos. También dice que Bolivia y República Dominicana están considerando una legislación similar.

“Si bien amortiguaron el golpe económico de la pandemia, los retiros de pensiones fueron aprobados por el Poder Legislativo de ambos países, a pesar de las objeciones iniciales de sus ejecutivos, lo que redujo la previsibilidad de Perú y Chile en la aprobación de legislaciones de alta calidad”, argumenta Fitch.

Añade que “además, los retiros han exacerbado el problema relacionado con los bajos ingresos por pensiones, lo que ya era una fuente de agravio público. Esto podría generar mayores presiones políticas para aumentar las pensiones financiadas por el presupuesto, o una mayor participación estatal en los regímenes privados de contribución definida, como se ve en la propuesta realizada por el Congreso de Perú en enero de 2021”.

Por otro lado, la clasificadora también destaca que si bien en Chile no hubo un efecto significativo en los mercados locales por los activos que liquidaron las AFP, sí advierte que esto podría generar que empresas de menores clasificaciones tengan menos acceso a capital.

Esto queda reflejado cuando dice que “tanto en Chile como en Perú, las facilidades especiales de liquidez ofrecidas por sus bancos centrales, así como la liquidación de las AFP principalmente en activos extranjeros en lugar de nacionales, ayudaron a mitigar los efectos negativos indirectos en sus mercados de capital”.

Sin embargo, menciona que “en Perú, los retiros provocaron una casi congelación del mercado de tesorería nacional en 2020. En ambos países, no se pueden descartar implicancias negativas en relación con el acceso al capital de entidades privadas, es decir, emisores de menor calificación, dado un menor stock de activos de fondos de pensiones”.

No solo en Chile

Fitch menciona que si bien todos los países a nivel global están enfrentando desafíos para entregar ingresos al jubilar en medio de una población que envejece, lo cierto es que en Latinoamérica el desafío es mayor.

“Si bien la población de América Latina sigue siendo una de las más jóvenes del mundo, está envejeciendo a uno de los ritmos más rápidos, y sus patrones de ahorro destacan por ser especialmente bajos considerando la presión demográfica que vendrá”, dice el informe.

En ese sentido, la clasificadora señala que luego de una ola de reformas que hubo en la región en la década de los 90, nuevamente Latinoamérica está en una etapa clave de proyectos para mejorar sus sistemas previsionales.

Sin embargo, Fitch ve que será una tarea difícil “después de años de debilitamiento del crecimiento, aumento del descontento social, y la persistencia de la informalidad, todo ello agravado por el impacto del coronavirus”, menciona el documento.

La clasificadora dice que los países que fueron hacia regímenes previsionales con sistemas privados de contribuciones definidas (Chile, México, Perú y Colombia) no han conseguido los resultados que esperaban, y “la desilusión pública con estos planes, es una fuente de presión fiscal que fueron diseñados para evitar”.

Al respecto, agrega que “las tasas de reemplazo en los regímenes de contribución definida son mucho más bajas de lo que se esperaba originalmente. Y excepto en Chile, no han logrado una cobertura amplia en medio de una persistente informalidad laboral, lo que sugiere que estos esquemas obligatorios de contribución a las pensiones -incluso cuando se acumulan como ahorros propios de los trabajadores-, se perciben como ´similares a los impuestos´ y no han incentivado en gran medida la creación de empleo formal”.

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