Un duro revés sufrió el gobierno en el marco del proyecto de fraccionamiento pesquero, luego que la comisión mixta rechazara este miércoles la licitación de la cuota adicional del jurel. Ello, dado que la propuesta del Ejecutivo tuvo los votos en contra de los parlamentarios de oposición, a los que sumó el presidente de la instancia, el senador (PS) Fidel Espinoza.

De la licitación de la cuota adicional del jurel dependía que la iniciativa consiguiera tener financiamiento fiscal, en atención a que el jurel -la pesquería más relevante a nivel nacional en recaudación fiscal- verá un incremento extraordinario de un 25% para la cuota global de Chile, tras que en febrero recibiera el visto bueno por parte del organismo encargado del manejo del recurso, la Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (ORP-PS).

El sector pesquero industrial, además de estar afecto al impuesto a la renta, paga tributos específicos a través de las Licencias Transables de Pesca clase A (LTP-A), y de las subastas de LTP clase B (LTP-B), las que son otorgadas a través de licitaciones y pagan anualidades.

Según el informe financiero presentado por el Ejecutivo, la licitación del jurel permitía recaudar cerca de $63.500 millones, lo que contrarrestaba la caída en los ingresos que recauda la LTP-A, dado el traspaso de la cuota industrial a la artesanal.

La propuesta original del gobierno buscaba licitar 15 puntos del 25% de la cuota adicional. Sin embargo, este miércoles el subsecretario de Pesca, Julio Salas, presentó una nueva propuesta que moderaba el porcentaje a licitar al 10%. Además, reducía los años de licitación de 3 a 2 años, así como también el período de duración de las licitaciones, de 20 a 15 años, con lo cual regían hasta 2040.

La propuesta agregaba otras cuatro medidas adicionales, como fomentar la participación de pymes orientadas al consumo humano del jurel; la exclusión de empresas sin facturación previa ni giros relacionados a la pesca para evitar “palos blancos” en las licitaciones; destinar el 15% de lo recaudado anual a investigación científica; y otro 15% para actividades de capacitación y becas de estudios superiores para trabajadores del sector industrial.

Sin embargo, recibió los votos en contra de los senadores Carlos Kuschel (RN), David Sandoval (UDI), Alejandro Kusanovic (Independiente pro RN) y el senador Espinoza, además de los diputados Sergio Bobadilla (UDI) y Leonidas Romero (PNL – Partido Nacional Libertario). A favor se pronunciaron el senador Daniel Núñez (PC), y los diputados Daniel Manouchehri (PS) -en reemplazo de Daniella Cicardini-, Jorge Brito (FA) y Matías Ramírez (PC).

Con ello, la distribución del jurel entre el sector artesanal e industrial se mantendrá según lo aprobado previamente. Es decir, un 70% para el sector industrial y un 30% para el artesanal entre las regiones de Atacama y Los Ríos, y en el resto del país en una proporción de 85% industrial y 15% artesanal.

Alternativas para financiar iniciativa

La falta de aprobación de financiamiento dejaría pocas alternativas al Ejecutivo. Una, y que significaría acoger la propuesta realizada por el diputado Leonidas Romero, busca gravar las cuotas de jurel que son cedidas por otros países, en favor de empresas chilenas.

“Más de doscientas mil toneladas anualmente llegan a nuestro país de diferentes países. China, Cuba, Perú, y otros. Pagan cero pesos de impuestos, cero pesos. Pongámosle royalty, pues. Han entrado más de doscientas mil toneladas y recaudaríamos más de US$15 millones anuales”, explicó Romero, al comentar su proposición.

La idea apunta a sacar provecho de la posición dominante de Chile en la pesquería del jurel. Si bien el país cuenta con el 66% de la cuota global, administrada por la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur (ORP-PS), llega a extraer incluso hasta el 85%. Ello, dado que algunos países ubicados en zonas poco atractivas para la extracción venden las licencias de pesca que se les han asignado, a pesqueros industriales en Chile. Pero dichas transferencias no pagan impuestos.

Preliminarmente la idea de Romero fue recogida por el subsecretario Salas, que solicitó a la comisión plazo para presentar el próximo lunes “una propuesta de financiamiento sobre la base del análisis de la propuesta del diputado Romero, para (votar) el día martes próximo, y así evitar una situación de déficit fiscal que creo que nos preocupa a todos”.

La otra alternativa con que cuenta el gobierno es ingresar un veto aditivo a la iniciativa, lo que haría que el proyecto regrese a la Cámara de Diputados y al Senado para ser sometido a su aprobación. Pero dicho camino tiene una dificultad adicional: para su aprobación se requiere quórum de dos tercios.

Con todo, el senador Espinoza, presidente de la instancia y en uso de sus atribuciones, accedió a la solicitud de Salas, pese a la oposición del diputado (UDI) Sergio Bobadilla, quien consideró que el punto de debate ya estaba zanjado por la comisión.

“No es una propuesta que continúe con la idea de la licitación, es una propuesta que busca una forma distinta de financiar parte de lo que se ha perdido con la caída de la licitación. Yo prefiero eso a que el Ejecutivo nos presente un veto y tengamos una profundización del problema”, justificó Espinoza.

Salas dijo posteriormente que aunque consideraban que el mecanismo de licitación era “la forma justa de distribuir los recursos, lamentablemente no se pudo avanzar en esa dirección, pero por razones obviamente de responsabilidad fiscal el Ejecutivo tiene que proponer otra forma de financiamiento”, agregando que se hará “recogiendo las mismas propuestas de los parlamentarios han planteado durante la discusión”.

Sobre la posibilidad de no conseguir un nuevo mecanismo de financiamiento, Salas sostuvo que “tendríamos un proyecto deficitario”, pero no descartó la posible presentación de un veto, en caso de que no prospere la nueva propuesta. “Estoy totalmente convencido que los parlamentarios no tienen interés en generar un déficit de los recursos fiscales, y tal como lo hemos hecho en el trabajo de las 22 pesquerías, también vamos a llegar a un acuerdo en esta materia”, cerró.

Nuevas distribuciones

En tanto, la comisión mixta zanjó las nuevas distribuciones de las pesquerías que quedaban pendientes. La más compleja de definir fue la de la merluza común, que fijó un 52% para el sector artesanal y un 48% para el industrial.

“Hemos generado ya un amplio acuerdo sobre las pesquerías que faltaban. La merluza era una pesquería muy difícil y muy importante, tanto para el sector industrial como para el sector artesanal, y a nuestro juicio se logró una decisión muy equilibrada”, indicó Salas, agregando que “va a permitir el desarrollo equilibrado de los dos sectores”.

No obstante, desde la industria lamentaron el resultado del acuerdo. “El dramático cambio en el fraccionamiento de la merluza común aprobado es un durísimo golpe a la comuna de Talcahuano. PacificBlu, la única empresa que procesa este recurso en Chile, cerrará sus puertas en 2026 de mantenerse las actuales condiciones del recurso merluza, tal como lo informó su administración”, dijo en una declaración la asociación gremial Pescadores Industriales del Biobío.

La entidad agregó que “si bien primó la prudencia y la responsabilidad en el rechazo a las subastas, es alarmante el nivel de improvisación mostrado por el gobierno para buscar incorporar este mecanismo a toda costa, llevando una propuesta a la comisión mixta sin tener ningún respaldo técnico ni financiero”.