En su última sesión, el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric dio luz verde a dos importantes iniciativas: la adecuación operacional de la Minera Caserones en Atacama (US$150 millones) y la construcción del edificio Makroceano en la Región de Valparaíso (US$48 millones). Pero el futuro de este último proyecto enfrenta días decisivos en los tribunales.

Para frenar la obra, la Fundación Yarur Bascuñán, representada por el abogado Gabriel Muñoz, interpuso un reclamo judicial. Su objetivo principal es que se anule la reciente resolución dictada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y el Comité de Ministros, la cual otorgó la calificación favorable a la iniciativa.

A través de esta acción legal, la fundación solicita a la justicia que revierta dicha aprobación y exija el respeto a la decisión original tomada en septiembre de 2024. En aquella oportunidad, cabe recordar, las autoridades medioambientales de la región de Valparaíso evaluaron el proyecto y resolvieron rechazarlo de manera unánime.

Para fundamentar su reclamo, la Fundación Yarur Bascuñan se apoya en el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) que dictó el 12 de agosto de 2024 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que recomendó calificar desfavorablemente la iniciativa. Posteriormente, el 4 de septiembre de 2024, la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso dictó una Resolución de Calificación Ambiental desfavorable y al no quedar conforme el titular elevó un reclamo para ante el Comité de Ministros el 21 de octubre de 2024, que fue resuelto favorablemente por dicha instancia.

“Tanto el Santuario de la Naturaleza Roca oceánica como el Santuario de la Naturaleza del Campo Dunar de Concón se verían completamente perjudicados con la intervención realizada por la construcción de una edificación de la magnitud del proyecto”, consignó el escrito de 103 páginas.

El proyecto está emplazado a 240 metros del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón. El proyecto contempla una torre de nueve pisos y diez niveles subterráneos, con 149 departamentos y 243 estacionamientos, en un terreno de más de 8.500 m² sobre la Avenida Borgoño, Viña del Mar.

Argumentos

El eje del recurso judicial interpuesto por la Fundación Yarur Bascuñán apunta a la vulneración del proceso de participación ciudadana. Según el libelo, la resolución del Comité de Ministros carece de la motivación exigida por la normativa y entrega respuestas incompletas e imprecisas a las observaciones de la comunidad.

En concreto, la organización acusa que el gobierno omitió evaluar correctamente la línea de base y el área de influencia del proyecto, descartando su impacto directo sobre el ecosistema del Santuario Dunar de Concón. El reclamo sostiene que la autoridad justificó esta decisión escudándose en que el terreno ya presentaba intervención humana previa, ignorando el valor biológico real de la zona.

El escrito detalla, además, que se desestimaron oficios clave emanados desde la Conaf, la Subsecretaría del Medio Ambiente y el Consejo de Monumentos Nacionales. Dichos organismos habían advertido que, si bien el edificio Makroceano se proyecta fuera del límite oficial del Santuario, el terreno comparte las mismas características geológicas y de fragilidad que motivaron la protección de las dunas.

Las medidas de compensación propuestas por la inmobiliaria también son blanco de críticas. La reclamante califica de inidónea la iniciativa “Quinta Fachada Verde” —que contempla la instalación de jardines en las azoteas del inmueble—, argumentando que la creación de un área artificial es incapaz de revertir la alteración irreversible del sistema dunario ni permite la sucesión ecológica. A esto suma la supuesta destrucción de formaciones xerofíticas (vegetación nativa) mediante la remoción total de la capa vegetal, una intervención para la cual el proyecto no habría tramitado el Permiso Ambiental Sectorial respectivo (PAS 151).

En términos técnicos, la acción judicial acusa deficiencias en la estimación del flujo vehicular. Según la fundación, las modelaciones se realizaron durante las cuarentenas de la pandemia, lo que subestimaría el tránsito real y el daño paisajístico sobre polos turísticos cercanos, como la Roca Oceánica.

El recurso advierte que se ignoraron informes de la Seremi de Salud y de la Municipalidad de Viña del Mar que alertaban sobre excesos en los niveles de ruido y vibración proyectados. Tampoco se exigió, acusan, un plan de perturbación controlada para proteger a la fauna nativa, como reptiles y cururos, que recolonizó el sector tras la detención original de las faenas.