El miércoles de la semana pasada, el gobierno cerró la negociación del reajuste salarial del sector público, estableciendo un incremento de 3,4%. No obstante, el acuerdo quedó rápidamente en segundo plano tras conocerse la incorporación de disposiciones que restringirían el despido futuro de funcionarios, justo antes del cambio de administración.

La norma generó tensión, luego de que la oposición la calificara como una “ley de amarre”, al considerar que afectaría la posibilidad de desvincular a funcionarios del Estado durante el próximo periodo presidencial que encabezará José Antonio Kast.

El revuelo generado por la norma incluida al final del protocolo de acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la mesa de los funcionarios públicos, llevó a que este lunes distintas autoridades de gobierno se pronunciaran para explicar el alcance de la normativa, la que fue planteada en línea con una petición expresa de la mesa de trabajadores del sector público.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, respondió a las declaraciones del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien calificó esta medida como “corrupción institucionalizada”.

“Sorprenden un poco estas declaraciones cuando se votó una norma muy similar por una moción parlamentaria en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y Diputadas. Y los parlamentarios de Chile Vamos votaron a favor”, recordó Grau en Radio ADN.

El jefe de Teatinos 120 explicó que “lo que hace la norma es que, si tú despides a un trabajador que está contratado en el sector público, tienes que justificarlo. Y el trabajador tiene el derecho a reclamar ese despido en la Contraloría y la Contraloría tendrá que revisar la justificación".

Grau desechó las acusaciones de “amarre”: “Un amarre sería que no pudieras echar a una persona y que tú hicieras reglas para evitar la posibilidad de que eso ocurra. Eso es un amarre", sostuvo.

Por su parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió a los dichos de la senadora Paulina Vodanovic (PS), quien señaló que no le habían enviado nada sobre la nueva disposición relativa a los despidos.

En esa línea, el titular de Interior señaló que “solo quiero recordar que ese protocolo se hizo público y todos los medios de comunicación dieron a conocer su contenido. Tanto así, que se ha armado esta controversia”.

Asimismo, reiteró que la norma es para “proteger la carrera de funcionario” y que en el caso de quienes desempeñan cargos de confianza “se van el 11 de marzo”.

Quien también se refirió a esta polémica fue el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien a primera hora de la mañana planteó que el tema de fondo es la inamovilidad y estabilidad de los empleados públicos, una discusión que lleva muchos años dándose en Chile, aseguró.

El economista indicó que “durante bastantes años se reflejó en unos instructivos del Ejecutivo para la renovación de las contratas, y eso lo aplicaron gobiernos de distinto sello político”.

“Los funcionarios buscan mayor estabilidad, es legítimo que lo hagan”, declaró Marcel en Tele13 Radio.

El exministro sostuvo que “la diferencia que tenemos ahora es que tenemos un futuro gobierno que se ha planteado como un tema el reducir el empleo público. Entonces, eso es lo que creo que en buena medida ha alimentado este temor de los funcionarios y que al final ha llevado a este tipo de soluciones que no son óptimas”.