Gobierno ingresará proyecto de deuda consolidada este lunes

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En 2011 se ingresó una iniciativa que buscaba el mismo propósito, pero no ha visto avances desde 2014. Por ello, el ejecutivo ya cuenta con un anteproyecto de ley. Existiría un cálculo que arroja que los costos involucrados en la puesta en marcha sería de poco más de $650 millones anuales.




Una década ha pasado desde que ingresó al Congreso el proyecto que buscaba consolidar en un registro único a los deudores de instituciones financieras del país. Desde entonces, el Banco Central ha reiterado en varios Informes de Estabilidad Financiera la necesidad de contar con el y múltiples actores del sector financiero han apoyado la iniciativa. Sin embargo, hasta ahora existe un vacío de información por parte del regulador, algo que el gobierno pretende corregir pues el lunes enviaría un nuevo proyecto de ley.

Actualmente los bancos, cooperativas de ahorro y crédito con patrimonio fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y las sociedades de apoyo al giro bancario están obligadas a reportar al regulador el monto de los créditos vigentes al día y la mora, otorgados a personas naturales y jurídicas.

Sin embargo, y a pesar de que muchas tarjetas de crédito del retail al estar actualmente controladas por bancos, ya sea por asociaciones o por incorporación de los plásticos a una de estas entidades, además de una serie de normativas emitidas por el regulador, ya están dentro del perímetro de la fiscalización; pero existen una serie de oferentes no bancarios de crédito como emisores de tarjetas, compañías de seguro, proveedores de créditos automotrices y empresas de factoring que no están sujetos a esta obligación y no pueden acceder al mencionado registro.

Según el IEF del primer semestre, los prestamos de los actores no bancarios alcanzan el 2% de los activos financieros totales, pero son el 23% de los créditos de consumo.

La iniciativa ingresada en 2011 no ha visto avances desde 2014, razón por la cual el ejecutivo ya tiene listo un anteproyecto de ley. Sólo restaría la elaboración del Informe Financiero, aun cuando existiría el cálculo que arroja que los costos involucrados en la puesta en marcha sería de poco más de $650 millones anuales.

El proyecto

Entre otros aspectos, el nuevo proyecto de ley implicaría la creación del Registro de Deuda Consolidada, el que sería administrado por el regulador. Determinados oferentes bancarios y no bancarios estaría obligados a reportar a este nuevo padrón información respecto de las operaciones de crédito de dinero de sus clientes u otras obligaciones de carácter financiero que defina la CMF.

Así, los reportantes deberán informar a la CMF todas las obligaciones reportables en las que tengan calidad de acreedor, especificando la identidad del deudor, su naturaleza, principales términos y condiciones, plazos, garantías constituidas, estado de cumplimiento y toda otra información relacionada que pueda determinar la CMF.

Junto con ello, la iniciativa legal obligaría a reportar la información a los bancos, compañías de seguro, administradores de mutuos hipotecarios endosables, emisores de tarjeta de crédito fiscalizados por la CMF, cajas de compensación, cooperativas de ahorro y crédito fiscalizadas por la CMF; pero también a las personas naturales o jurídicas que, habiendo celebrado en el último año calendario operaciones en calidad de acreedor de obligaciones reportables, cumplan con las condiciones que establezca la CMF mediante una nueva normativa.

Pero la CMF no sólo estará encargada de mantener el registro, sino que también de dar acceso a él. El proyecto de ley establecería que los reportantes tendrían acceso sólo a datos específicos, y que para tener acceso a la información del deudor, deberán contar con el consentimiento previo éste, a menos que corresponda a información que se refiera al incumplimiento de obligaciones.

En tanto, los reportantes podrán darle acceso a “Mandatarios”, especialmente designados, como por ejemplo a empresas Fintech que puedan prestar servicios de evaluación crediticia.

A su vez, todas las personas, jurídicas o naturales, tendrán acceso a toda su información y la de sus obligaciones, pero también podrá entregar una autorización a un tercero para que solicite los datos, lo que permitiría a empresas Fintech acceder a la información para prestarles servicios financieros.

Respecto del rol de la CMF, el proyecto de ley establecería que estaría encargada de mantener y administrar el registro y de fiscalizar que los reportantes entreguen información de manera completa. Para ello determinará las obligaciones reportables, las condiciones mínimas para determinados reportantes, y determinar las condiciones, formas y plazos de entrega de información.

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