El director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra, señaló que “sabemos que el ministro de Hacienda tiene un compromiso con las fintech y esperamos que lo concrete en el Senado”.

Ángel Sierra, director Ejecutivo de FintechChile, sostiene que "cerrarle la puerta al proyecto de deuda consolidada es cerrarla la puerta a una mayor inclusión financiera en el país”, y además, dice, le resta competitividad al sistema de créditos. La Comisión de Economía de la Cámara, que preside Jaime Naranjo, sólo ha tenido una sesión para ver el proyecto, el 4 de enero pasado.

El diputado Jaime Naranjo (PS) dijo que "dentro de los parlamentarios de la oposición no percibimos que sea una gran ayuda para los consumidores o deudores, sino más bien es para que el sistema financiero esté informado del registro de la deuda”. Por ello, asegura que "el ambiente que hay no es favorable" para aprobarlo.

La iniciativa de ley ingresó este lunes al Congreso. Mediante un comunicado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, señaló que “es un proyecto muy positivo para los chilenos pues incentiva el aumento de competencia entre los oferentes de créditos".

En 2011 se ingresó una iniciativa que buscaba el mismo propósito, pero no ha visto avances desde 2014. Por ello, el ejecutivo ya cuenta con un anteproyecto de ley. Existiría un cálculo que arroja que los costos involucrados en la puesta en marcha sería de poco más de $650 millones anuales.

"Nos parece que ahora es particularmente relevante y oportuno", dijo Marcel. Y comentó que "lo que no quisiéramos, es que después de un periodo de recesión, mucha liquidez en los hogares generada por los retiros de fondos empezáramos a acercarnos a un periodo en que empiece a haber demanda por crédito y que en ese momento no esté operando un buen sistema de información".

Sobre el proceso de reforma constitucional, Lucas Palacios dijo que “se debe considerar que Chile está resolviendo por la vía institucional un elemento que es fundamental para proyectar los próximos 50 años”. Afirma que la incertidumbre afecta más a los inversionistas locales y no así a los extranjeros.

Jesús Ruíz expresó que "creo que si no se acompaña de medidas de protección a los consumidores, puede generar consecuencias negativas, porque esto podría traer como parte negativa que a algunas personas que quieran créditos no se les otorgue".

Este proyecto unificará en una sola base de datos los registros de deuda de distintos oferentes de créditos. En esta base de datos se incluirá información del retail, la banca y las cajas de compensación, para crear un registro único.

Entrevista con el vicepresidente del retail financiero.

La mayor pena apunta a los bienes y servicios de primera necesidad, como alimentos, medicamentos, transporte, telecomunicaciones, educación y vivienda. El ministro de Economía, Lucas Palacios, señaló que para los delitos de información privilegiada la pena sube de 61 días a 5 años a un rango de 541 días a 5 años.

En el programa de gobierno se establece que la SBIF administrará el sistema de obligaciones económicas.