Este 25 de febrero se cumple un año del gran apagón que dejó a la gran mayoría del país a oscuras. Ese día un megacorte eléctrico afectó al 98% de la población desde Arica a la Región de Los Lagos. Los meses que siguieron tampoco estuvieron exentos de conflictos y pusieron en tensión al sector eléctrico en diferentes aspectos.

Justo en los días recientes han comenzado a informarse las multas por dicho evento. Hasta este martes, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) ha cursado multas a cinco empresas, que suman en total US$34 millones, y a los cinco consejeros del Coordinador Eléctrico, de $21 millones a cada uno.

En este contexto, el director ejecutivo de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados (Acenor), Javier Bustos, quien fue anteriormente director de Estudios y Regulación del gremio de distribución, Empresas Eléctricas A.G. y parte del Ministerio de Energía durante cuatro años, analiza el último año eléctrico. Su gremio representa a grandes empresas, entre ellas Codelco, Los Pelambres (Amsa), Collahuasi y Metro de Santiago.

¿Qué evaluación hacen a un año del apagón del 25 de febrero?

-La evaluación que tenemos desde el ámbito de los clientes es que evidentemente el apagón demostró la brecha que existe entre lo que se esperaba que fuera el funcionamiento del sistema eléctrico y cómo finalmente operó durante la falla. Ahí nos dimos cuenta de que había problemas. No solamente a la hora de empresas que llegaron a intervenir ciertas instalaciones sin coordinarse adecuadamente con el resto del sistema, sino que también problemas de mantenimiento, problemas de respaldo y también de coordinación entre los distintos organismos y empresas del sector.

(...) Recientemente se han impuesto sanciones, pero no nos podemos quedar solamente en las sanciones, lo que nos interesa a nosotros como clientes es qué es lo que se está haciendo para que esto no vuelva a pasar. Y también, en paralelo, las compensaciones que corresponden a los clientes, tanto clientes regulados como no regulados.

¿Cuánto impactó económicamente el apagón?

-Estimamos que el apagón tuvo un efecto en la economía nacional, en todo el país, del orden de los US$400 a US$500 millones. Para tener un orden de magnitud, las multas que están ahora son del orden de los US$30-US$35 millones en total. Y las compensaciones que se pueden pagar se pagan solamente por la energía no suministrada, por lo que no se proveyó de energía. Esas compensaciones pueden llegar a US$60 - US$70 millones. O sea, no son compensaciones que vayan a cubrir todo el daño que puede haber provocado el apagón, pero a lo menos van a permitir compensar a los clientes parcialmente.

(...) Lo que se perdió por el apagón es mucho más grande que lo que se puede multar o compensar. Entonces, lo que tenemos que hacer como sistema eléctrico es evitar que esto vuelva a pasar y eso es lo que nos está faltando de alguna manera como sector eléctrico.

Alza de la luz y necesidades mineras

Hay problemas evidentes que rondan en el sector eléctrico: cálculos tarifarios, alzas en las cuentas de la luz y cortes de electricidad, entre otros. ¿Qué iniciativas concretas esperan del nuevo gobierno en estos puntos?

-En los últimos años, evidentemente el sector ha tenido muchos desafíos, por ponerlo de alguna manera. Desde el punto de vista de los clientes, lo que hemos experimentado han sido alzas importantes en el precio final del suministro eléctrico. Eso lo hemos visto en los últimos años, tanto para clientes regulados como no regulados.

(...) Entonces, por una parte están las alzas de los costos, por otro lado, está la incertidumbre y la falta de transparencia de qué es lo que realmente estamos pagando (...) ¿Cómo yo puedo, como un cliente industrial, un cliente minero, planificar una inversión de largo plazo que va a necesitar mucho consumo eléctrico si no se sabe realmente cómo se están calculando las tarifas?

(...) Los desafíos que nosotros estamos viendo son cómo volvemos a tener precios competitivos de la electricidad, cómo tenemos cierta certeza para los clientes respecto de la confiabilidad, y respecto de la transparencia de cómo funciona el sector, respecto de las necesidades del cliente. Diría que esos son los tres grandes temas.

Ustedes representan a buena parte de la gran minería del país. ¿Qué necesidades les sinceran ellos?

-Hay que tener en cuenta que la minería es como el 30% del consumo eléctrico nacional, el otro 30% son el resto de los clientes no regulados. (...) 40% regulado. (...) Cuando la minería se compara con otros países, por ejemplo Perú, con el cual hay competencia en cuanto al sector minero, Perú está significativamente más bajo en cuanto a costo de suministro eléctrico final. Cuando lo hemos comparado hasta el año pasado, había diferencias que podían ser del orden del 50%, en promedio. Es muy significativa la diferencia de costos. Por otro lado, cuando uno habla de transparencia, también a los clientes mineros en general se les está haciendo difícil proyectar cuál va a ser el costo y cuál va a ser el estándar de suministro a futuro.

(...) Con precios más competitivos, uno debería ver aumento en la demanda eléctrica. Y esto viéndolo tanto para procesos industriales, tanto para procesos mineros, pero también en consumos comerciales. Por ejemplo, hay muchos comercios, como los malls, que son clientes libres y uno de los principales consumos ahí es el consumo de aire acondicionado o calefacción. Entonces, con tu precio más competitivo de electricidad, evidentemente vas a preferir mayor consumo de electricidad.

Las cuentas de la luz de los hogares subieron alrededor de un 70% desde el descongelamiento. ¿Cuánto fue el incremento que experimentaron los clientes no regulados?

-No podría saber por una cuestión: el precio del contrato individual solamente es conocido por las partes. Lo que uno conoce de datos oficiales es el precio promedio de todos los contratos libres. Y ahí está desde Codelco hasta un edificio que es cliente libre. Son muy diferentes las condiciones, obviamente, de un contrato de una gran empresa minera con un cliente más pequeño.

Pero lo que hemos visto es que los precios finales de la electricidad a clientes libres, con todos los cargos que se incluyen, aumentaron un 60% entre 2019 y 2024, que fue el periodo en que los precios a clientes regulados estuvieron congelados.