Una nueva batalla legal contra el Estado de Chile comenzó la semana pasada en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial. Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), una entidad del grupo Bupa, solicitó el inicio de un arbitraje alegando violaciones al tratado de protección de inversiones con el Reino Unido, suscrito en 1996.

Este tratado incluye disposiciones sobre la prohibición de expropiación, el trato justo y equitativo y la ausencia de medidas expropiatorias. Según fuentes con acceso al documento, la solicitud de arbitraje presentada por Bupa se centra en la violación de la prohibición de expropiación y en el trato justo y equitativo, a raíz de las medidas adoptadas por el Estado chileno.

En el registro oficial en el Ciadi, el procedimiento contra la República de Chile quedó registrado el 21 de noviembre y en su acción internacional el grupo es representado en Estados Unidos por el estudio White & Case y desde Chile por Baker McKenzie, por el que ha trabajado su socio Rodrigo Díaz de Valdés.

Desde la compañía explicaron así la decisión: “Bupa Investments Overseas Limited (BIOL), parte del grupo Bupa, ha sido un inversionista en Chile por más de 10 años. En años recientes, una de las líneas de negocios de la compañía en Chile, Isapre Cruz Blanca, se ha visto afectada negativamente por ciertas medidas llevadas adelante por Chile. BIOL tomó la decisión de interponer un requerimiento de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativos a Inversiones (CIADI) con el fin de resolver el asunto”.

Según fuentes que conocen la presentación, el grupo inglés estima en su primer escrito un monto de perjuicios que representa la indemnización más alta solicitada hasta la fecha por un inversionista extranjero en un caso ante el Ciadi. Ahora se deberá constituir un tribunal arbitral de tres integrantes y Bupa deberá presentar la demanda propiamente tal.

Bupa es una firma global de salud que opera en Chile a través de seguros de salud, clínicas y centros médicos. El arbitraje se relaciona con la isapre Cruz Blanca, bajo su control.

Desde Cancillería respondieron lo siguiente: “El Ministerio de Relaciones Exteriores presentará la posición de Chile ante el tribunal del Ciadi sobre la base de sólidos argumentos jurídicos, tal como lo ha hecho en situaciones similares”.

Las medidas que Bupa reclama

En 2022, Bupa inició las primeras consultas amistosas ante el Ciadi con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se fueron prolongando por sentencias recurrentes en tribunales que estaban estableciendo una jurisprudencia perjudicial en contra de las isapres, según cuentan conocedores del proceso.

Posteriormente, en mayo de 2023, la Corte Suprema falló que las isapres debían aplicar a todos sus afiliados la tabla de factores que definió la Superintendencia de Salud en diciembre de 2019, y devolver a sus afiliados los excesos cobrados en los últimos años si correspondiere.

Lo anterior trajo como consecuencia que las isapres debían reembolsar casi US$1.200 millones a cerca de 700 mil afiliados y exafiliados. Esto motivó la Ley Corta que permitió subir de manera extraordinaria los planes y proponer un plan de pago que estableció restricciones de sacar utilidades.

Según las fuentes consultadas, el segundo reclamo que formula Bupa en su solicitud de arbitraje radica en el precio base, que se reajusta todos los años de acuerdo a ciertos índices. Pero en 2020, el gobierno de Sebastián Piñera pidió congelar los reajustes y las isapres, considerando la situación del país, aceptaron la petición del Ejecutivo en medio de la pandemia.

Cabe recordar que el precio que cobra cada isapre a los afiliados está compuesto por el precio base, el GES y el múltiplo de la Tabla de Factores.

A raíz de lo anterior, se congelaron los reajustes y se permitió alzas de máximo 7,6%, las que luego fueron limitadas por la Superintendencia de Salud a cerca de un 3%, en circunstancias que el aumento del precio por el IPC desde 2020 a 2022 les daba 25%, según cuentan fuentes de la industria de isapres.

Posteriormente, a finales de 2023 vino otra sentencia de la Corte Suprema que afectó también las operaciones de Bupa en Chile: se trata del denominado fallo GES, que anuló el último incremento del precio GES que hicieron las aseguradoras de salud privadas.

Por último, un cuarto punto relacionado con la pandemia tiene que ver con la solicitud arbitral sobre la Licencia Médica Preventiva Parental (LMPP), que extendió el posnatal en pandemia. Aunque las isapres han argumentado que dichas licencias debieron ser financiadas por el Estado, al ser una política pública, en realidad se dispuso que sean las propias isapres las encargadas de financiar esta medida.

Bajo esa misma lógica, el año pasado Colmena, Consalud y Banmédica interpusieron demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile y que actualmente están en tramitación en juzgados civiles. A diferencia de ellas, Bupa escaló el caso al Ciadi y denunció la violación del tratado de inversiones entre Chile y Reino Unido.