”El concepto de responsabilidad fiscal se ha estado atrincherado en los últimos años”, aseguró Javiera Martínez, futura directora de Presupuestos del gobierno de Gabriel Boric, en el seminario de la OCDE y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA): “Desafíos fiscales y proceso constituyente en Chile”. A su juicio, “se ha estado reduciendo a políticas de autoridad, lo que fue dañando el concepto y la valoración pública a la responsabilidad o sostenibilidad fiscal de manera injusta”, precisó.

En ese marco, la actual economista del centro de estudios Rumbo Colectivo sostuvo que “la discusión constitucional brinda la oportunidad de revalorizar el concepto de sostenibilidad fiscal”, para lo cual ve como clave la definición del propio CFA que amplía la discusión, al delimitarla como “un indicador de solvencia, que no depende del tamaño del Estado y no necesariamente es sinónimo de austeridad ni limitación en derechos sociales”.

Ese es el punto de partida de la futura guardiana del Presupuesto nacional a la hora de considerar cómo el tema fiscal puede ser abordado en la nueva Carta Magna. Avanzando a temas más concretos, estimó que son tres las aristas que se pueden revisar en el debate constituyente en curso.

Justicia intergeneracional

La primera de ellas se vincula a la discusión sobre la expansión de derechos sociales y su sostenibilidad. Al respecto planteó que “la Constitución es una nueva oportunidad para un contrato social y eso siempre nos obliga a hablar de política fiscal y en eso la sostenibilidad fiscal se debe entender como una indicador de solvencia intergeneracional”.

En esto reconoce coincidencias con los dos exministros de Hacienda que participaron del seminario. “Tenemos una convergencia importante con el exministros (Ignacio) Briones y (Nicolás) Eyzaguirre. El eje estructurante para la discusión constitucional es la justicia intergeneracional, que si bien se aplica a diversos aspectos, la política fiscal es uno de los más prístinos en los que podemos aplicar este concepto”, indicó.

Desde el punto de vista de Martínez, “la idea de constitucionalizar un principio de sostenibilidad fiscal nos hace sentido en la medida que efectivamente tenga un principio de justicia intergeneracional, que tiene que ver con el equilibrio y bienestar entre distintas generaciones”.

Si bien precisó que “la ponderación que se pueda hacer entre conciliar las demandas de corto plazo con las de largo plazo para futuras generaciones es una discusión política-técnica que se tendrá que dar en los distintos gobiernos de turno”, subrayó que respalda que “el principio que manda la sostenibilidad fiscal es justamente el de la justicia intergeneracional”.

Efectivamente, los exjefes de Teatinos 120 también respaldaron esta idea. En el seminario Briones sostuvo que “la justicia intergeneracional es un principio fuerte que debiera estar en la Constitución y la regla fiscal como expresión de aquello”. Según observó, este principio " es muy justificado en el tema medioambiental, pero no se menciona en relación a la regla fiscal”, respecto a lo que llamó la atención. “Es justo que la generación actual traspase costos medioambientales a la generación futura? No. Sobre eso hay mucho consenso. Este mismo principio debiera aplicar para justificar la sostenibilidad fiscal en la Constitución. Las preguntas son similares. ¿Es justo que la cuenta de un exceso de gasto de la generación actual, por muy justo que parezca, deba ser asumida por la generación futura? La respuesta es no”, manifestó el exministro de Hacienda de Sebastián Piñera.

En la materia, Nicolás Eyzaguirre, jefe de las finanzas públicas bajo la administración de Ricardo Lagos y el segundo gobierno de Michelle Bachelet, también advirtió las complejidades del debate público en la materia. “En la ciudadanía el tema de constitucionalizar la política fiscal genera muchas resistencias. Se piensa que es privilegiar el servicio de la deuda por sobre la entrega de derechos sociales”, sostuvo.

Pero en la misma línea que los otros presentadores, destacó que “la esencia es proteger a alguien que no se sienta a la mesa, que son las generaciones futuras” y que “las cláusulas apuntan a ‘internalizar’ los intereses de las generaciones futuras”.

Paula Benavides, consejera del CFA, también ahondó en la materia. “Es posible entender la formulación de principios constitucionales como un contrato social con visión generacional de largo plazo”, es decir, como un “contrato intergeneracional”, indicó en su presentación.

Lo anterior, debido a que “habrá beneficios (o costos) que serán disfrutados (o incurridos) por las generaciones actuales, debiendo ser compensados por las generaciones futuras”. En función de este análisis propuso que “este tipo de obligaciones pueden formalizarse mediante las cláusulas de ‘provisiones de protección posterior’ o de ‘justicia intergeneracional’”.

Otras consideraciones

Otro de los puntos de política fiscal que deben abordarse en el debate constitucional, de acuerdo a Javiera Martínez, son “la discusión sobre el régimen político y atribuciones del Ejecutivo”, considerando que, a su juicio, la normativa actual es muy rígida y que el tema debe tratarse en el debate más amplio sobre el régimen político.

“Hay una alta asimetría entre el poder Ejecutivo y Legislativo”, aseguró la futura directora de la Dipres, subrayando que el llamado no apunta tanto a “discutir la atribución específica”, sino más bien a que el Legislativo pueda optar a “redistribuir”, posibilidad que está avalada por la experiencia internacional.

Martínez también considera que debe abordarse la “progresividad y/o capacidad contributiva”, lo que según su presentación significa, entre otras cosas, “que las personas contribuirán al gasto en función de sus capacidades económicas, financieras y personales”.

Finalmente, la economista que formará parte del equipo Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, destacó que en la Carta Magna se debe abordar “la descentralización fiscal, no como un fin en sí mismo, sino como un medio para ayudar y apoyar el desarrollo de las regiones”.P