10 meses y 20 días lleva en el cargo de director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, quien ya había estado a cargo de la entidad por un largo periodo, entre 1990 y 2002.

Esta vez asumió de manera sorpresiva como subdirector de Asuntos Corporativos, el 1 de julio de 2024, pero no llegó a ejercer dicho cargo, ya que el mismo día fue nombrado por el gobierno como director (s) del SII en reemplazo de Hernán Frigolett, mientras se realizaba el concurso vía Alta Dirección Pública para llenar ese puesto. El 30 de octubre fue ratificado como jefe del servicio.

En estos meses, los expertos tributarios se habían mantenido analizando cuál era la estrategia que traía consigo Etcheberry para potenciar la tarea recaudadora del SII.

Pero gradualmente han venido levantándose críticas y cuestionamientos, lo que cristalizó este martes en una declaración pública firmada por la comisión tributaria del Colegio de Abogados de Chile, por el Colegio de Contadores de Chile, por el Instituto Chileno de Derecho Tributario, por IFA Chile y por la Fundación de Estudios Sistémicos Tributarios (Fesit), donde se acusa al SII de generar “un deterioro en el respeto de los principios de legalidad y proporcionalidad en la aplicación de los impuestos, los derechos de los contribuyentes consagrados en el Código Tributario y en general la falta de seguridad jurídica y eficiencia que presenta el sistema tributario”.

También en ese texto se subraya que se “han detectado vulneraciones a los derechos de los contribuyentes que “afectan gravemente los pilares fundamentales de nuestro sistema tributario”.

Rodrigo Benítez, director del Instituto Chileno de Derecho Tributario y uno de los gestores de la idea de realizar esta declaración pública, explica que la propuesta nació de a poco en las distintas conversaciones que tenían entre las distintas agrupaciones. “En las reuniones de directorio nos encontramos con que nos estaba ocurriendo la misma situación de vulneración de los derechos del contribuyente. Esto nos hizo investigar sobre la materia y reunirnos en forma previa a la declaración en varias oportunidades”, sostiene.

Benítez complementa señalando que “de esa manera tomamos conocimiento de que existía un oficio reservado que afectaba gravemente los derechos de defensa de los contribuyentes. Adicionalmente, coincidimos en varias situaciones de vulneraciones a la seguridad jurídica, y el ejercicio de la actividad empresarial. Por ello, tomamos el acuerdo de aunar posiciones y emitir esta declaración pública que concordamos entre todos”.

Para Benítez estos hechos se han ido acrecentando durante los meses que lleva Etcheberry en el SII. “Lamentablemente se han incrementado estas prácticas que son criticables de parte de la autoridad y que resultan en una falta de servicio a los contribuyentes. Tenemos la mejor impresión de las autoridades, pero en su actuar, los contribuyentes se han visto afectados”, apunta.

Otra carta

A la declaración de este martes, se sumó una nueva carta pública de un grupo de expertos tributarios encabezados por Eric Donoso, abogado socio del estudio Torretti, quien además postuló al cargo de director del SII en este proceso.

En ella manifiestan que “resultan incomprensibles las decisiones adoptadas por la nueva gestión de Etcheberry, que parecen propias del siglo pasado. Estas buscan (re) instaurar un régimen puramente castigador que pensamos olvidado y superado, dinamitando los cimientos sobre los cuales se ha construido la confianza de los contribuyentes respecto del SII”.

En el escrito se suman a los reparos entregados por las otras agrupaciones de tributaristas, ya que se mencionan entre las medidas cuestionadas “las restricciones al inicio de actividades de los contribuyentes con limitaciones en el uso de la oficina virtual y los problemas en la aplicación del denominado impuesto al lujo”.

Otra de las medidas que critican es la modificación de la Revisión de la Actuación Fiscalizadora (RAF). “Hasta ahora esta instancia funcionaba como una herramienta clave para garantizar la equidad en la aplicación de la normativa tributaria, una medida para fortalecer el derecho a defensa de los ciudadanos, buscando crear y fortalecer una relación de confianza entre la administración y el administrado. No obstante, la actual gestión ha optado por rechazar su tramitación bajo el argumento de que la RAF no debe convertirse en una nueva auditoría tributaria, dejando indefensos a los ciudadanos de a pie, quienes deben enfrentar las consecuencias de un sistema tributario que es, por lo menos, complejo para quien no es experto”, afirman.

Por último, aseveran que “lamentablemente, la nueva administración Etcheberry optó por el retorno a la política castigadora, despojando de un medio de impugnación a los contribuyentes, debilitando su derecho a defensa y, en última instancia, la confianza de los ciudadanos respecto del Estado”.