Davos suele dejar titulares ruidosos. Pero entre el ruido, a veces aparece una pregunta que incomoda de verdad: ¿seguiremos tratando a la inteligencia artificial (IA) como herramienta o empezaremos a normalizarla como agente con autonomía propia? Yuval Noah Harari empujó esa inquietud al límite al plantear si, en algún momento, economías y gobiernos podrían llegar a reconocer a ciertas IA como personas jurídicas.

Puede sonar futurista, incluso exagerado. Sin embargo, la provocación es útil porque pone sobre la mesa un riesgo real: la responsabilidad en tierra de nadie. En el mundo corporativo, la discusión sobre IA suele concentrarse en eficiencia, productividad o innovación. Pero la pregunta decisiva a mi juicio es otra: ¿quién responde cuando un sistema automatizado toma decisiones relevantes y lo hace de forma opaca? Cuando la decisión es una caja negra, la rendición de cuentas se traba: hay muchas excusas para el porqué, pero nadie responde por el resultado.

Harari lo expresa provocadoramente: un cuchillo no decide; la IA, en cambio, aprende, se adapta y puede operar con grados crecientes de autonomía.

Y aquí aparece el dilema ético corporativo: si comenzamos a tratar esa autonomía como agencia propia, corremos el riesgo de habilitar fórmulas que parezcan modernas, pero que terminen funcionando como refugios de impunidad.

Pensemos el problema en términos cotidianos y simples. Si una empresa adopta IA para evaluar clientes, autorizar pagos, priorizar fiscalización, seleccionar proveedores o perfilar riesgos, la tecnología puede mejorar procesos. Pero también puede amplificar sesgos, generar errores sistemáticos y, lo más grave, producir resultados que nadie entiende ni puede explicar. Y aunque no exista nada irregular, la opacidad instala la duda: campea la desconfianza. En gobernanza, la confianza es un activo caro; perderla es más costoso que cualquier eficiencia.

El punto no es demonizar la IA. Es evitar el atajo conceptual que la convierte en un tercero conveniente: “no fui yo, fue el algoritmo”. En compliance serio, esa frase es inaceptable. Y si alguna vez alguien intenta ir más lejos atribuyendo personalidad jurídica a una IA para operar, contratar o asumir riesgos, el problema se vuelve aún más delicado: ¿qué pasa si esa “persona” participa en conductas corruptas, infringe normas locales o internacionales, o facilita actividades del crimen organizado?

La comunidad internacional lleva décadas construyendo barreras contra la corrupción y el lavado de activos; sería paradójico abrir una puerta nueva para evadir responsabilidades.

Por eso, el debate útil para empresas y Estado no es filosófico: es de diseño institucional. La IA debe estar dentro del sistema de responsabilidad, no fuera de él. Cuatro mínimos, al menos: un responsable humano identificable por cada uso relevante; trazabilidad completa (datos, modelo, cambios, decisiones); explicaciones suficientes para el nivel de riesgo, más auditoría; y, gobierno del dato, porque sin datos confiables la IA amplifica errores con apariencia de certeza.

No hay duda de que la IA seguirá transformando la economía. Pero esa transformación solo será virtuosa si resistimos la tentación de tratarla como coartada. La innovación sin trazabilidad no es modernización: es riesgo. Y en 2026, lo que está en juego no es la tecnología. Es la confianza.

En concreto, hay tres preguntas que un directorio responsable debiera hacerse antes de entusiasmarse con cualquier promesa de eficiencia: ¿Qué decisiones relevantes estamos automatizando y cuáles nunca deberíamos automatizar por su impacto en derechos, reputación o continuidad operacional? ¿Quién responde, en última instancia, por el uso de IA y qué evidencia de control, monitoreo y auditoría puede poner sobre la mesa? Y si mañana un regulador o un juez pregunta “¿por qué el sistema decidió esto?”, ¿podemos explicarlo con trazabilidad suficiente?

La autora de la columna es socia de Eticolabora y directora de empresas