El 9 de agosto de 2022, entre las 10.26 y las 10.30 de la mañana, pleno horario escolar, un inspector ambiental fue enviado por la Superintendencia de Medio Ambiente a medir el nivel de ruido de un jardín infantil en Lo Barnechea debido a la denuncia de una vecina. El informe del fiscalizador señala lo obvio: “Durante la evaluación, se perciben gritos y la realización de una actividad con niños en el patio”.

Casi dos meses después, el 6 de octubre de 2022, entre las 11.11 y las 11.15 de la mañana, otro inspector ambiental llega al mismo establecimiento de infantes con igual fin. Su observación: “Durante la medición es perceptible el campo sonoro de la unidad inspeccionada: gritos de niños jugando, gritos de animador y silbatos (NPS -nivel de presión sonora- máximo)”.

Dada esta última visita y a raíz del pito que se tocó, la superintendencia inició dos años después, el 29 de julio de 2024, un procedimiento sancionatorio en contra del jardín infantil por exceder en seis decibeles la norma de ruido. Este procedimiento, dado que el jardín se acogió a un programa de cumplimiento donde se comprometió a instalar una barrera acústica para no molestar al vecino, aún continúa. Lleva cerca de 12 trámites, con extensos informes de por medio. Las encargadas del establecimiento contaron que aún el caso se encuentra en proceso de resolución y para no entorpecerlo, prefirieron no responder preguntas.

Desde el 2022 hasta ahora, la misma superintendencia ha abierto procesos sancionatorios en la capital contra una minera por no tener una solución a sus drenajes ácidos o infiltraciones de relaves mineros. También ha detectado contaminación de químicos en un laboratorio o graves sobreproducciones en salmoneras. Fiscalizaciones y formulaciones de cargos contra grandes empresas y por enormes contaminaciones del ambiente o destrucciones de flora o fauna que demandan un tiempo precioso para los mismos funcionarios que deben revisar también las quejas vecinales por ruidos.

“Es una falta de criterio evidente sancionar a un jardín infantil, si es consustancial a la niñez meter bulla”, dice Jaime Araya, presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. “La superintendencia debiera enfocar sus esfuerzos, según criterios de eficiencia, donde más impacta”, reclama.

El problema es que utilizar al personal para fiscalizar ruidos no es por casos aislados o puntuales, sino que se llevan más de la mitad del tiempo total de los funcionarios a cargo.

La SMA cuenta con 109 fiscalizadores en todo Chile, lo que equivale al 36% de su dotación.

Sólo el año pasado, a nivel nacional los procedimientos sancionatorios que inició la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) relacionados con infracciones a la norma de emisión de ruidos representaron el 64% de todos los que llevó a cabo. En lo que va del 2025, representan aún más, el 74% en todo el país.

Sin embargo, si el foco sólo se pone en la Región Metropolitana (RM), las cifras son aún más sorprendentes. Más del 90% de los procesos de formulación de cargos de la SMA en la capital se relacionan con ruidos, porque también la mayoría de las denuncias al organismo fiscalizador en esta zona se relacionan con esa problemática.

Sólo en este año, el 97% de los procedimientos sancionatorios en la RM se relacionaron con ruidos. En la mayoría de las demás regiones ocurre lo mismo. De hecho, en Coquimbo este año la SMA sólo ha iniciado procesos de formulación de cargos por ruidos. Las únicas regiones que exceptúan esta tendencia son Los Lagos, Aysén y Magallanes, dado que el problema es menor, hay pocas denuncias y la gran parte de los procesos fiscalizadores se los lleva el sector salmonero.

Ahora, obviamente que las denuncias por ruidos están centradas en algunos rubros más que en otros: los relacionados con la entretención son los que se llevan la mayor parte, pero llama la atención la gran cantidad de centros educativos que se acusan. Aunque los jardines infantiles son casos puntuales, se repiten sobre todo las universidades. En la capital, las ubicadas en la comuna de Providencia: la Finis Terrae y la San Sebastián.

“Más de la mitad de las denuncias que ingresan a la superintendencia están relacionadas con ruidos molestos, especialmente del sector esparcimiento (bares, restaurantes, centros deportivos, entre otros), lo cual implica un gran despliegue de fiscalización en este tema y de esfuerzos en materia de respuesta sancionatoria”, reafirma la superintendenta Marie Claude Plummer, quien admite que esta gran cantidad de denuncias impacta en la planificación del ente fiscalizador para acoger otro tipo de denuncias que “podrían implicar un riesgo ambiental o tener una mayor complejidad”, resalta.

Ahora, Plummer llama la atención respecto a que más allá de que se lleve buena parte del tiempo del organismo, la SMA también responde a otros esfuerzos.

Para ello, cuenta con una planificación anual de fiscalizaciones a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) obtenidas por los proyectos de inversión, pero también debe actuar ante contingencias y emergencias ambientales que ocurren de manera extraordinaria.

Cómo abordarlo

De las formulaciones de cargos por ruidos, eso sí, no se salva nadie. Tampoco instituciones del Estado. Y existen las que tienen una gravedad mayor y puede ser más comprensible la labor de la superintendencia por sobre la de una municipalidad, por ejemplo.

El pasado 14 de julio, la SMA inició un proceso sancionatorio contra el Parque Estadio Nacional, dependiente del Instituto Nacional de Deportes, por 11 denuncias de ruidos entre 2022 y 2024 que correspondieron a conciertos nocturnos realizados por las productoras Bizarro, DG Medios y Fénix Entertainment en el complejo deportivo, que le valieron una acusación de carácter grave, por lo que arriesga la revocación de su RCA, su clausura o una multa de hasta 5.000 UTA ($4.155 millones).

Otro objetivo en la persecución del ruido que se repite, fuera del ámbito del ocio son las iglesias, especialmente evangélicas: sólo en el último año se han iniciado procedimientos contra el Ministerio Evangélico Pentecostal “Estableciendo el Reino de las Naciones” de Cerro Navia, Iglesia Evangélica “Restaurando Altares” de La Pintana y la Iglesia “Cristo es Vida” de Pudahuel.

Dada la disparidad de los inmuebles objeto de las denuncias por ruido, tanto por tamaño como por ubicación dentro de las ciudades, la SMA ha debido llevar a cabo un doble trabajo, tanto de relacionamiento como legislativo. Por un lado, se ha vinculado a gremios de empresas o entidades que agrupen a instituciones para orientar y capacitar en aras de que se cumpla la normativa. Y con las municipalidades, para suscribir convenios de manera que estas entidades aborden las denuncias de ruido y las encaucen a la SMA “a fin de agilizar las mediciones y dar una respuesta más oportuna”, explica la superintendenta.

Pero la labor de más largo plazo, y que ha debido enfrentar escollos, es el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que se tramita en el Congreso que busca fortalecer la SMA, pues uno de sus acápites responde justamente a esta necesidad.

La iniciativa legal contempla que la competencia en ruidos de la SMA sólo se radique en las fuentes fijas que cuenten o deban contar con una RCA para operar, lo que implica que son titulares de actividades productivas, faenas de construcción o de infraestructura. Así, serían los municipios los encargados de fiscalizar y que los juzgados de policía local sean quienes sancionen.

Esta parte del proyecto fue bien recibido transversalmente. Pilar Hazbún, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos del centro de estudios Libertad y Desarrollo, ligado a la oposición, destacó como aspecto positivo que se dote a los municipios de facultades para fiscalizar denuncias de ruido, “con el propósito de descongestionar la SMA y con el fin de que ésta pueda centrarse en los procedimientos sancionatorios de mayor impacto y complejidad”.

Pese a que otras consideraciones del proyecto han sido objetadas, se han ido encontrando consensos para avanzar en la iniciativa.

Sin embargo, al ser presentado en la Sala de la Cámara, no fue aprobado por falta de quórum, por lo que se repuso en el Senado con el objetivo de sacarlo adelante y así no seguir gastando recursos en inspectores de la SMA fiscalizando ruidos de niños en jardines infantiles.