El actual debate sobre el impuesto territorial, traducido en el cobro de las contribuciones, ha estado centrado en quiénes pagan este tributo. Según datos del Servicio de Impuestos Internos (SII), al primer semestre de este año hay 9.343.051 propiedades registradas en el catastro de bienes raíces de la entidad.

De ese total, 5.940.884 tienen destino habitacional, de las cuales un 77% se encuentra exenta del pago de contribuciones, mientras el 23% de las propiedades debe pagar este gravamen. Asimismo, 2,2 millones de propiedades son no habitacionales, y corresponden a comercio, industria, educación, deporte y recreación, estacionamientos, entre otros.

La otra cara de esta moneda es el destino de los recursos que se obtienen por este impuesto territorial, donde los actores son los municipios que reciben los ingresos que provienen de él a través del Fondo Común Municipal (FCM).

En 2024, el impuesto territorial recaudó $2.529.081 millones. De ellos, $1.551.587 millones se destinaron al FCM, en tanto que el resto quedó en cada uno de los municipios.

Dada su importancia en las arcas municipales, entre los alcaldes no hay una sola postura con respecto a qué hacer con él, en medio de la discusión pública que se ha abierto para modificarlo. Por un lado, algunos plantean la necesidad de reformularlo, para que el peso de la recaudación no recaiga mayoritariamente en las contribuciones. Sin embargo, otro sector de ediles considera que se debe mantener como fuente principal de ingresos, puesto que lo ven como un mecanismo redistributivo y solidario entre los municipios.

“Hoy estos recursos van al Fondo Común Municipal y son clave para los presupuestos locales. Pero eso no significa que debamos mantener un impuesto injusto”, dice el alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri (independiente pro RN), quien añade que “el Estado debe buscar fórmulas para compensar esa pérdida de manera proporcional, comuna por comuna, según los ingresos que reciben actualmente por contribuciones. No puede ser que el costo de corregir una injusticia lo paguen los vecinos”.

Y por ello Alessandri plantea que “como asociación creemos que el actual sistema de contribuciones, tal como está diseñado, se ha vuelto expropiatorio. Muchas familias, especialmente adultos mayores, se ven obligadas a vender su vivienda porque simplemente no pueden pagar este impuesto”.

Por su parte, el presidente de la otra Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de La Reina José Manuel Palacios (UDI), informó este viernes que se creará una comisión interna entre los ediles para analizar los cambios a este impuesto y sus efectos en el FCM.

Pero otras municipalidades que integran la AChM tienen posturas distintas a la entregada por Alessandri. Una de ellas es Lo Espejo. Su alcaldesa, Javiera Reyes (PC), lo refleja así: “Como municipio de Lo Espejo, creemos firmemente que el impuesto territorial es una herramienta esencial para la equidad en Chile”, dice.

En su argumentación afirma que “no se trata simplemente de un tributo, sino de un mecanismo que permite redistribuir la riqueza entre comunas que tienen realidades muy distintas. Las contribuciones permiten que comunas como la nuestra, que no tienen una alta plusvalía inmobiliaria, puedan contar con recursos para servicios esenciales como salud, seguridad, recuperación de espacios públicos, áreas verdes y apoyo social”. Y añade que “frente a la discusión actual, nuestra postura es clara: eliminar o debilitar este impuesto significaría debilitar también la capacidad del Estado para llegar a las comunas más vulnerables, en favor de los sectores que más tienen”.

Una opinión similar tiene Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú: “El debate sobre las contribuciones no puede limitarse a la idea de eliminarlas, sino que debe centrarse en cómo hacer este impuesto más justo y progresivo. Las contribuciones son hoy una de las pocas herramientas con las que cuenta el Estado para redistribuir recursos desde las comunas con mayor ingreso hacia aquellas con mayores necesidades”.

En Ñuñoa, en cambio, su alcalde Sebastián Sichel tiene una visión más similar a la de Alessandri: “El sistema de contribuciones, tal como está hoy, es injusto. No distingue entre capacidad de pago y valor patrimonial, y eso ha generado que miles de personas —en especial adultos mayores y familias de ingresos medios— enfrenten cobros desproporcionados, muchas veces sin haber visto cambios reales en sus viviendas. El impuesto territorial se transformó en una carga que amenaza la permanencia en el hogar de quienes han vivido toda una vida en él”, manifiesta.

Una aproximación de lo que significaría eliminar el cobro de contribuciones a las primeras viviendas en la recaudación fiscal, que es una de las alternativas que se han planteado, la entrega el abogado socio de Recabarren & Asociados, Luis Felipe Ocampos. Según sus cálculos, las primeras viviendas representan aproximadamente un 19,8% del total de propiedades afectas al impuesto, cerca de 750 mil. Aplicando ese porcentaje a la recaudación anual total, la merma en ingresos sería del orden de $555.000 millones anuales.

El Fondo Común Municipal

El FCM se creó con el propósito de buscar una mayor equidad territorial, puesto que, si bien cada municipio tiene sus propios ingresos, las desigualdades territoriales que existentes requirieron de un mecanismo de redistribución. Esta función la cumple, en parte, el Fondo Común Municipal, que fue creado en 1979.

Así, es definido por la Constitución política como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”. Y, además, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades le confiere a este instrumento el objetivo de “garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento”.

La última modificación importante en su funcionamiento se produjo en 2007, donde se cambió su estructura de distribución, simplificando los índices mediante los cuales se reparte el FCM. En esa línea, se disminuyó el número de parámetros, de dieciocho a solo cuatro. En relación al aporte fiscal permanente, con la Ley N°20.922 de 2016, se aumentó el aporte establecido de 218.000 a 1.052.000 UTM. Su objetivo fue absorber los gastos que implicó el traspaso de funcionarios municipales que iban a ser contratados bajo la modalidad de planta, para así no afectar los ingresos permanentes de cada municipio.

La misión del FCM es disminuir las desigualdades intermunicipales y proveer recursos adicionales a las municipales con los ingresos fiscales más bajos, para que puedan cumplir con sus labores fundamentales. Dentro del universo de municipios, existen municipalidades que son contribuyentes netos, cuando las contribuciones son más altas que las ayudas que reciben, o son receptores netos cuanto las ayudas sobrepasan las contribuciones realizadas.

Cómo se compone

El financiamiento de los municipios se basa principalmente en el cobro de impuestos cuya base gravada tiene directa relación con el valor patrimonial de los bienes. Por ejemplo, el impuesto territorial grava el avalúo fiscal de las propiedades; el permiso de circulación grava el avalúo fiscal de los vehículos, y las patentes municipales gravan el capital propio de las empresas.

El FCM redistribuye recursos netos solo desde 52 comunas; en otras palabras, 293 municipalidades del país reciben una mayor cantidad de recursos que lo que aportan a él.

En el caso de las contribuciones, Las Condes, Vitacura, Providencia y Santiago aportan el 65% de lo que recaudan. Las 341 comunas restantes, aportan el 60% de lo recaudado por contribuciones a este FCM. Los porcentajes restantes son de libre disposición por cada una de las comunas receptoras del impuesto territorial.

En el caso de la recaudación por el pago del permiso de circulación, el 62,5% de lo recaudado por las comunas se distribuye al FCM, mientras que, en el caso de las patentes comerciales, las comunas aportantes son Santiago, con 55%; y Las Condes, Providencia y Vitacura, con el 65% de lo que recaudan por esta vía. Las multas por fotorradares, TAG y peajes se distribuyen en un 50% y el mismo porcentaje por transferencias de vehículos. A estas fuentes de financiamiento se suman el pago de contribuciones de bienes fiscales, que entregan el 100% de lo recaudado al FCM.

De acuerdo a cifras de la Tesorería General de la República, en 2024 por concepto del impuesto territorial el FCM recaudó $1.551.587 millones, representando el 61% del total del Fondo, que ese año ascendió a $2.559.193 millones.

El segundo aportante fueron los permisos de circulación que, en 2024, aportaron $644.386 millones. Luego le siguieron los ingresos por multas, fotorradares y TAG, con $258.019 millones. Más atrás aparecen los recursos provenientes de las contribuciones de bienes fiscales con $76.212 millones y ya con menos recursos aportantes al FCM están las transferencias de vehículos, con $28.004 millones, y patentes comerciales con $985 millones.

La división

En este debate, las comunas, de alguna manera, se dividen en dos: por un lado, están los municipios que más pagan por este concepto. En 2024, los que más aportaron al Fondo Común Municipal fueron Las Condes, con $253.008 millones; Lo Barnechea, con $129.662 millones; Santiago, con $120.795 millones; Vitacura, con $113.671 millones, y Providencia, con $97.798 millones.

En la otra vereda, entre los que más reciben aportes se ubican Puente Alto, con $85.271 millones; Maipú, con $70.095 millones; La Florida, con $39.279 millones; Valparaíso, $38.899 millones, y Temuco, con $34.659 millones.

Alessandri sostiene que actualmente el Fondo Común Municipal representa, en promedio, alrededor del 40% del presupuesto municipal. En comunas con menos recursos, este fondo puede llegar a ser el 70% u 80% de sus ingresos. “Por eso es tan importante que cualquier cambio al sistema de contribuciones venga acompañado de una reforma que asegure nuevos mecanismos de financiamiento para los municipios”, indica. En ese aspecto, complementa su argumentación afirmando que “hoy el Estado debe mirar con seriedad nuevas vías de financiamiento municipal. Es momento de pensar en un modelo más justo, menos dependiente de los tributos directos que pagan las personas, y más conectado con una estructura tributaria que refleje el aporte de diferentes actividades productivas o impuestos específicos al consumo”.

En una misma posición se sitúa el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio (UDI), quien indica que “el modelo actual de las contribuciones está obsoleto y no responde a la realidad de nuestro país. Es urgente reformularlo, especialmente pensando en muchos adultos mayores que están acogotados pagando impuestos por su principal fuente de ahorro que es su casa” .

Como propuesta, Bellolio plantea que “se podría congelar el impuesto de las personas mayores de manera transitoria, o posponer el pago de sus contribuciones hasta que vendan su vivienda o se herede. Y en paralelo se debe avanzar en una política que los exima del pago, sin perjudicar el financiamiento de los municipios. No puede ser que la solución sea que los vecinos de Providencia tengan que irse de la comuna para poder pagar las contribuciones”.

Si bien para Bellolio se debe reformular el impuesto, apunta a que eso no debe significar una merma en los recursos de los municipios: “No se puede reformular el sistema solo bajando o eliminando las contribuciones, hay que abordar el tema de manera integral, porque somos los municipios los que nos hacemos cargo de la mantención de las comunas y, por ende, del cuidado y bienestar de los vecinos”.

Por esta razón dice que “una opción importante es revisar la Ley de Rentas Municipales, ya que se le está sobrecargando la mano a algunos municipios, como a Providencia”.

Sichel se suma a las propuestas: “Más que reforzar o ampliar el Fondo Común, lo que necesitamos es revisar el equilibrio completo del sistema. Hoy depende fuertemente de un impuesto que no considera la realidad económica de las personas, y eso es insostenible”. En ese sentido, asevera que “lo que sí hemos dicho es que los municipios no pueden financiarse a costa de los más vulnerables. Si una reforma implica que algunas comunas —como Ñuñoa— reciban menos ingresos, y eso permite que nadie sea expulsado de su casa por no poder pagar contribuciones, estamos dispuestos a asumirlo”.

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes apunta que “el sistema municipal chileno está llamado a evolucionar hacia un modelo de mayor autonomía financiera, pero también de mayor justicia. Por ejemplo, el royalty minero hoy en día es entregado a comunas de características tan similares a la nuestra como Puente Alto, y nosotros en La Florida no lo recibimos, esto evidencia la necesidad revisar y transparentar los criterios de entrega de este beneficio.

Una visión distinta entrega Vodanovic, quien sostiene que “en un país con niveles tan altos de desigualdad, es necesario avanzar y fortalecer los mecanismos de solidaridad territorial. Los municipios requieren recursos para garantizar servicios básicos y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas, especialmente en comunas con múltiples necesidades y escasos ingresos. En ese sentido, debemos avanzar hacia un sistema de contribuciones más justo, pero que no ponga en riesgo el aporte financiero hacia los municipios”.

Y Reyes menciona que “lo que Chile necesita es reforzar el Fondo Común Municipal, no debilitarlo. Eso implica revisar su fórmula de redistribución, incorporar nuevas fuentes de financiamiento y, sobre todo, avanzar hacia una mayor justicia tributaria y territorial. Debemos explorar que parte de los impuestos a la renta o al patrimonio puedan fortalecer a los municipios que más lo necesitan”.