Agitadas están las aguas en la industria de la alimentación animal en Chile. Los tribunales de Justicia se han convertido en escenario de una millonaria pelea cruzada entre dueños de mascotas, productores de alimentos para perros y gatos; y proveedores de esa industria por una masiva intoxicación -y muerte- de decenas de mascotas ocurridas en 2021. En juego hay más de US$20 millones.

La gigante Carozzi, controlada por la familia Bofill; y Proa, la fabricante de los alimentos Champion de la familia Aguado, acusan por separado a dos de sus respectivos proveedores de todos los daños ocasionados a sus negocios y a sus clientes por la venta de insumos presuntamente defectuosos, hace cinco años. Ambas debieron sacar sus productos del mercado, pagar consultores, resarcir a clientes y enfrentar una caída en sus ventas, según describen los relatos de sus respectivas defensas. Los insumos eran materias primas claves para la comida de mascotas de sus marcas.

Carozzi responsabiliza a Terramar Chile SpA, una de las “grandes” firmas del sector de las proteínas y otros insumos de la nutrición animal que hay en Chile, de haberle vendido 30 toneladas de harina de vísceras de pollo vencidas, que habrían sido causante de la intoxicación y muerte de decenas de mascotas que consumieron diversas productos de su línea de marcas Master Cat a principios de 2021.

La firma pide al tribunal que ordene a Terramar Chile Spa -controlada por la familia Díaz- pagarle por responsabilidad extra contractual una indemnización equivalente a US$9,9 millones: US$3,1 millones por todos los gastos en que ha debido incurrir, US$5 millones por todo lo que dejó de vender y US$1,8 millones por daño extrapatrimonial.

Terramar argumenta que ellos le vendieron la harina de vísceras de pollo importada a una de las intermediarias relevantes que hay en el sector: Dicoal S.A. (del empresario Mario Moreno Cantillana), quien se la revendió a Carozzi y que, por lo tanto, el reclamo debe dirigirse a la intermediadora. Reconocen, eso sí, que la fecha de vencimiento del producto estaba “revalidada” en un año, ya que los análisis de su estado de conservación así lo permitían (fue fabricada en 2019). La firma añadió una carta de respaldo del productor Tyson Foods, que garantizaba la buena calidad del insumo.

Carozzi utilizó esa harina para fabricar alimentos para mascotas en sus instalaciones locales entre el 28 de diciembre de 2020, y hasta febrero de 2021. “Será en sede probatoria donde quedará de manifiesto que la materia prima proveída por Terramar a su cliente, Dicoal, estaba en buenas condiciones, en virtud de los análisis técnicos”, indica Terramar en su réplica, donde añaden que los únicos que se quejaron de la calidad de todas las toneladas del producto cuestionado que colocaron en todo el mercado fue Carozzi.

El archivo judicial refleja que hasta ahora Dicoal no ha intervenido en tribunales. En todo caso, Carozzi reconoce en su demanda que no acudió antes a la justicia porque estuvo intentando alcanzar una solución extrajudicial al conflicto con Terramar. El juicio está aún en período probatorio: la demanda ingresó el 30 de enero de 2025.

Carozzi además enfrenta en el 1° Juzgado de Letras de San Bernardo, una querella de 40 responsables de mascotas que solicitan una reparación de más de $170 millones.

Champion y los dueños de Fruna

El otro caso que en el mercado miran con atención es la pelea entre Proa (Champion) y Promaíz, una firma de los Santiesteban, dueños de la popular fábrica de confites Fruna. En juego hay poco más de US$10 millones en indemnizaciones que ambas partes se demandan y acusan mutuamente. Este juicio también está aún en período probatorio.

Proa pide una indemnización de más de US$7,4 millones, porque Promaíz les habría vendido gluten de maíz presuntamente contaminado. Y los Santiesteban también exigen una indemnización de perjuicios por US$2,9 millones a Proa, por los daños que esta acusación les estaría causando.

Y como trasfondo, también decenas de clientes de las marcas Master Cat y Champion Cat demandaron en diversos tribunales a Proa.

En su demanda, ingresada el 11 de noviembre de 2022, Proa acusa a Promaíz de haberle vendido un gluten de maíz de origen chino que venía contaminado con una alta presencia de difenilamina, un antioxidante, que en ciertas cantidades es dañino y hasta mortal para el consumo de los animales, especialmente cachorros. El gluten de maíz es un ingrediente muy común en los alimentos para mascotas.

Proa le exige a la firma de los dueños de Fruna una indemnización de $7.157 millones (US$7,5 millones) que se dividen en $2,3 mil millones por el retiro de los productos del retail, análisis de laboratorios e indemnizaciones a los dueños de gatos afectados; $3,1 mil millones por todo lo que dejaron de vender tras “bajar” las marcas por medio año y $1,7 mil millones por el daño reputacional.

US$2,9 millones

Promaíz se defiende diciendo que importa gluten de maíz desde China desde julio del 2020, “sin ningún inconveniente, vendiéndose cientos de toneladas al mercado chileno en general, sin denuncias de calidad hasta que aparece la denuncia de Proa”. La firma también añade en sus respuestas judiciales que Proa todavía le debe $46 millones de las 200 toneladas que le compró inicialmente y que los análisis del SAG muestran que algunos de los lotes que dañaron a las mascotas habrían sido fabricados con el gluten de otro proveedor.

Los Santiesteban respondieron con una demanda reconvencional de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual, en contra de Proa S.A., exigiendo el pago de $2.846 millones (unos US$2,9 millones) como indemnización por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que habría sufrido la compañía. “Proa ha causado daños enormes a Promaíz al diseminar estas falsedades o mentiras, y al no asumir que han sido sus amina biogénicas y sus propias negligencias las que dañaron a las mascotas. Ha involucrado a otras empresas todas las cuales le han creído sin hacer investigaciones acabadas”, sostuvo su abogado Jaime Ubilla, quien acusó que otra empresa de nutrición animal, Soprodi, “tampoco envió información causal a Promaíz, y simplemente quería dinero sin probar nada”.

Mercado

En ambos casos, las denuncias de consumidores se conocieron a principios de 2021, primero por medio de redes sociales y después por una alta cobertura mediática. En las dos situaciones, tanto Carozzi como Proa iniciaron un procedimiento voluntario y colectivo ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para indemnizar a los dueños de mascotas que escogieran esa vía como reparación.

Estudios químicos, informes veterinarios y hasta el historial de cada empresa en el SAG forman parte de la batería de argumentos con que ambas partes se enfrentan hasta ahora en los tribunales. La Corte de Apelaciones de Santiago ha sido sede de varios recursos y acusaciones entre las partes, que se acusan además de múltiples dilaciones.

En el mercado dicen que la industria mira con especial interés el desenlace de estos casos, no solo por el monto de las indemnizaciones, sino que también por las consecuencias de lo que determine el tribunal, especialmente a nivel regulatorio, dada la participación del SAG. Ello, porque las nuevas tendencias de alimentación han hecho que el negocio de los insumos de proteína vegetal se torne cada vez más competitivo y complejo.

También murieron gallinas

En 2022 en Quillota, Promaíz se enfrentó por acusaciones similares con Soprodi, otro de los grandes de la nutrición animal en Chile, controlada por la familia Mazuela. En marzo del 2021, la firma de los Santiesteban le vendió a Soprodi dos mil toneladas de su gluten, que esta se los revendió a algunos productores de huevos, pero principalmente a Agrosuper.

Meses después, todos esos clientes reclamaron por el producto. Soprodi le pidió a los Santiesteban una indemnización de al menos US$750 mil, pero esta solicitud nunca fue contestada, según los documentos del proceso.

En junio pasado, durante la última audiencia de exhibición de pruebas por el conflicto entre Promaíz y Proa, la firma de los Aguado adjuntó una carta de febrero de 2022 en la que el abogado de Soprodi, Juan José Pérez Cotapos, le informaba a José Antonio Santiesteban, gerente general de Promaíz, que algunos de sus clientes habían tenido problemas con su gluten de maíz.

La firma detalla que Agrosuper les estaba pidiendo una indemnización de más de US$1 millón por carne de pollo que no pudo vender, y los productores de huevos Omega 3 y Santa Evita también buscaban un arreglo.

El gluten es un derivado de la producción de almidón de maíz, muy apreciado en todo el mundo para la nutrición animal, debido a su alto contenido de proteína vegetal (más del 60%). Es un commodity de alta demanda que forma parte de un mercado global de US$8 mil millones anuales y en el que Chile sobresale como uno de los 5 mayores importadores globales, con más de US$1.500 millones en compras, especialmente desde Estados Unidos, Canadá, Argentina y China.

El origen chino del gluten de maíz es un motivo de controversia en la industria global de la alimentación, debido a que en diversos mercados se han encontrado algunas partidas contaminadas o adulteradas. Un productor local explicó a Pulso que, de hecho, hay varios fabricantes que prefieren no usarlo y que regularmente la declaración del origen es una exigencia normal que los industriales hacen a sus proveedores. En todo caso, la normativa, obliga a informar la procedencia.