Los caminos judiciales que se anticipan por la denuncia en el INE

Fachada INE

Fachada del Instituto Nacional de Estadisticas (INE). Foto: Andres Perez

El escándalo por las cifras del IPC ha puesto en guardia a los estudios jurídicos, que ya han comenzado a recibir consultas de personas inquietas con el impacto patrimonial, sobre todo si se confirma que hubo manipulación. Clave para definir el curso de posibles demandas es conocer el resultado de la investigación en manos del Ministerio Público.




Lo inédito de la denuncia que hizo el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, sobre la existencia de indicios de que el cálculo de la variación del IPC habría sido objetivo de una manipulación en los meses de agosto, septiembre y noviembre, la que afectó en una décima porcentual los datos mensuales dados a conocer en agosto y octubre del año pasado, puso en alerta a los estudios jurídicos.

Hasta ahora se conoce que en agosto al IPC se le habría sumado una décima, mientras que en el indicador de septiembre hubo alteración de precios, pero sin efecto; y en el de octubre habría bajado en una décima; mientras que en noviembre también hubo modificación de registros, pero sin impacto. Ello implica que, el IPC de agosto, por ejemplo, habría impactado a la UF del mes siguiente en poco más de $27,5 por encima de lo que habría sido la variación real de los precios, lo que afecta todos los valores indexados a la unidad de fomento como dividendos, pensiones, seguros o contratos, por parte de distintas instituciones, empresas, organismos y entre particulares.

"En estricto rigor, efectivamente cada vez que alguien paga algo que no se debe, tiene derecho a pedir indemnización y que, para empezar, se le devuelva lo pagado en forma errónea. Si ha habido otro tipo de perjuicio, como daño moral, como que dejó de trabajar porque no pudo alcanzar a pagar la bencina del taxi, entonces se produjo un daño colateral, tiene todo el derecho a hacerlo", dice el abogado Cristián Reyes, del Estudio Bravo, que representó a Conadecus en el proceso que terminó con una compensación para los consumidores en la colusión de los productores de papel tissue. "Pero eso no va tanto por el lado del derecho al consumidor, como he escuchado a algunas personas, sino que va más bien por el lado del derecho civil, es decir, una demanda de juicios civiles. Ahora, también podría ocurrir que si, por ejemplo, le pagué de más al banco, tengo dos alternativas: demando al banco directamente o podría también demandar al Estado, dependiendo de la vía que me dé más seguridades o bien podría demandar a los dos al mismo tiempo", agrega.

Los especialistas aclaran que al evaluar una demanda es clave contar con las pruebas que acrediten afectación y, también, si es conveniente demandar teniendo en mente que eventualmente puede ser más cara esa acción, que el beneficio que se busca.

"Ha habido consultas e interesados, pero si tienen un perjuicio, van a tener que demostrarlo y traer los antecedentes. Hay algunos que lo están evaluando, pero vuelve también el problema del costo del juicio y, por lo tanto, todavía no hay un camino claro. Y probablemente todos los caminos judiciales que se quieran hacer tienen ciertos riesgos en cuanto si no fuera tema de consumidor, no tienen pruebas suficientes o pudieran ser rechazados. Es mejor ver lo que pase en la investigación en el Ministerio Público para saber si efectivamente hay responsables, para empezar", dice Reyes.

Diagnósticos prematuros

Al hablar de posibles demandas civiles de compensaciones patrimoniales, el abogado Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, explica que aún no se sabe si efectivamente hubo manipulación y que de existir una denuncia por vía administrativa o penal lo primero es acreditar si hay algún tipo de incumplimiento.

"Los debates de responsabilidad posteriores dependen de una gran cantidad de variables. De hecho, podrían existir errores, retrasos de la administración o del organismo público -es lo que ha resuelto la Suprema- y no obstante no dar origen a indemnizaciones. Entonces la decisión para un caso como ese es muy casuística. Así, no es tan evidente que en hipótesis donde existen errores en la administración o que la comisión de un ilícito específico de parte de un funcionario que tiene incidencia en terceros dé inmediatamente origen a una posibilidad de indemnización, porque eso depende de otras variables en el fondo", explica Cordero.

"Las preocupaciones por ahora están más centradas en los efectos que esto pueda tener en el diseño del INE, en el mecanismo de los controles preventivos. Esto se demora mucho tiempo en decantar. Cuando alguien comete una especie de fraude, ¿cuánto efecto aguas abajo tiene derecho a la indemnización? Es altamente probable que muchos esperen la definición de los asuntos en el Ministerio Público para definir si estratégicamente podrías ejercer acciones. Es muy prematuro, porque además tú no sabes la profundidad del problema. Ese es un riesgo que no es trivial, porque además podría ser sistémico, y si es así, los problemas de acciones legales son un poco más complicados", añade.

El ministro de Economía, José Ramón Valente, expuso en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados el caso del IPC, aprovechando una convocatoria que originalmente había sido por el proyecto de Ley Pro-Consumidor. Ahí estuvo la abogada María Jimena Orrego, del Estudio Juan Agustín Figueroa. "A diferencia de otros países en que tú sí puedes demandar al Estado en aquellas cuestiones en que el Estado actúa como empresario, en Chile tú no puedes. O sea, el proveedor de bienes y servicios tiene que ser una empresa que está excluida de los actos del Estado. Pero lo que sí uno podría suponer es que hay una responsabilidad del Estado, y por lo tanto pudiera darse el caso de demandas contra el Estado por esa responsabilidad", dice Orrego.

Fase de análisis

"Estamos analizando los alcances y lo primero es que tiene que ratificarse la denuncia", afirma Hernán Calderón, presidente de la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus). "Aquí hay una cantidad de personas que uno puede suponer que fueron dañadas, pero también otras que habrían resultado beneficiadas, y eso no es menor. Hay que tener todos los antecedentes", añade.

"Todos estos son temas que nuestros equipos están estudiando. Porque si hay una demanda, a quién demando. ¿Al INE? ¿Al Estado? ¿A los bancos? ¿A las isapres? Se trata de un tema muy complejo contra quién es la acción, qué tipo de acción y si es posible de llevar a cabo. Es un análisis que da para largo y además hay que ver si hacia atrás no se produjeron situaciones similares en otras ocasiones. Es, por lejos, algo completamente inédito en materia de los consumidores y, dado su complejidad, debemos analizarlo a fondo", dice Calderón.

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