Tal como se anticipada, el proyecto de ley misceláneo o la llamada megarreforma del gobierno del Presidente José Antpnio Kast contiene una serie de materias que van desde cambios impositivos hasta modificaciones para acelerar la inversión, incentivos a la contratación, la eliminación del pago de contribuciones para mayores de 65 años y otra serie de medidas que apuntan a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios.

Con este plan, el Ejecutivo pretende recuperar el dinamismo económico, apuntando a conseguir hacia el final de su mandato, en 2030, un crecimiento del PIB en torno al 4% anual, una tasa de desempleo cercana al 6,5% y balance fiscal estructural (déficit de 0%).

Rebaja Transitoria de Impuesto a las Donaciones

Una de las medidas que busca allegar recursos de corto plazo es la que genera una ventana de 12 meses contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley, en que las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto calculado conforme a las reglas generales establecidas en la Ley Nº16.271. Aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado.

En el detalle las minutas difundidas por el gobierno explican que la donación queda eximida del trámite de insinuación judicial y deberá señalarse la composición del patrimonio del donante por medio de una declaración jurada ante el SII.

Asimismo, la donación deberá efectuarse respetando los porcentajes que pueden asignarse a los legitimarios (cónyuge, padres e hijos) y a los asignatarios de la cuarta de mejores (nietos y los legitimarios), no pudiendo donarse en ningún caso más del 75% del patrimonio.

Con esta medida se busca anticipar recursos, respecto de los cuales el Estado solo tendría una mera expectativa. Según cálculos del gobierno se espera recaudar $260 mil millones.

Repatriación de capitales

Otra de las medidas que se establecen para lograr recaudación de corto plazo es que se establece un sistema temporal por 12 meses, contados desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley, voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas situadas en el extranjero, afecto al pago de un impuesto único y sustitutivo del 10% sobre el valor de los bienes o rentas declarados.

A ello se suma una tasa reducida de 7%, para quienes repatrien efectivamente sus bienes dentro de los primeros tres años desde la publicación de la ley y los mantengan invertidos en inmuebles DFL2 y valores del artículo 107 de la LIR por al menos 8 años (si retiran antes, deben pagar la diferencia de impuesto). Esta medida tiene una recaudación estimada de aproximadamente $300 mil millones.

Crédito tributario para el empleo formal

Otro eje importante que se incluye en el proyecto de ley es la creación de un crédito tributario, por concepto de pago de remuneraciones de trabajadores que van entre las 7,8 UTM ($545 mil) y las 12 UTM ($838 mil), para ir en apoyo del empleo formal.

El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 UTM. De acuerdo al gobierno, “producto de esta medida tanto grandes empresas como Pymes verán reducidos sus costos de contratación”.

Este crédito tributario permite reducir el pago mensual de los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) e IVA de los empleadores, “lo que permite que el beneficio se refleje financieramente justo cuando el empleador más lo necesita: previo al pago de los impuestos. Este crédito también podrá ser imputado en contra del Impuesto de Primera Categoría”.

Según cálculos del Ejecutivo, la remuneración de más de 4 millones de trabajadores podría beneficiarse de este crédito, y en una lámina que presentó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a parlamentarios del oficialismo el martes en la noche en Cerro Castillo, dijo que serían 4,8 millones de trabajadores los beneficiados. Esto tendrá un costo de US$1.400 millones.

Asimismo, este beneficio permitirá una rebaja relevante en la tributación de los contribuyentes del régimen Pyme General, pasando de tributar con una tasa mediana de 12,5% del Impuesto de Primera Categoría a un 7,8%.

Rebaja de impuesto a empresas y reintegración del sistema

Se modifican las tasas del impuesto de primera categoría tanto para las grandes empresas como para las pymes, estableciendo una tasa única de 23%.

La reducción será gradual para las grandes empresas en tres años. Así, para 2027 la tasa pasará del 27% al 25,5%, (operación renta 2028); para 2028 a 24% (operación renta 2029) y para 2029, a 23% (operación renta 2030).

Esta última medida beneficiará a 150 mil empresas que emplean a más de 5 millones de trabajadores (53% del mercado laboral formal) y dan cuenta del 90% de la inversión en Chile.

En el caso de las pymes se mantendrá el régimen de reducción transitoria de 12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y de 15% en 2028, de cumplirse determinados requisitos.

También se establece la reintegración del sistema tributario, la que será gradual, volviendo a una reintegración total recién en el año tributario 2031. “Dicha gradualidad permitirá equilibrar la reducción inmediata de ingresos fiscales producto de dicha medida, con la generación de mayores ingresos producto de crecimiento económico al mediano plazo”, puntualizaron desde el gobierno.

Asimismo, se incorpora un impuesto sustitutivo temporal a la obligación de restitución de un 15% en lugar de un 35%, que permitirá a los contribuyentes convertir los créditos en créditos no sujetos a la obligación de restitución y al Fisco obtener una recaudación inmediata de dichos recursos. Esto apunta a limpiar registros del antiguo FUT, indicaron fuentes de gobierno.

En lo tributario, además, se eliminará el impuesto de 10% a la ganancia de capitales, si bien esta no venía especificada en las minutas que detallaron las medidas.

Invariabilidad tributaria

Se incorporará una medida que fue derogada en la reforma tributaria de 2014: la invariabilidad tributaria. La norma apunta a mantener las condiciones tributarias que existan en el país al momento que ingrese esa inversión durante un plazo de 25 años para proyectos con inversiones desde los US$50 millones.

Eliminación de contribuciones para personas de 65 años y más

Se eliminará el pago de contribuciones para los propietarios de viviendas mayores de 65 años. En el detalle, se menciona que el propietario del inmueble podrá invocar esta exención solo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal). El número de adultos mayores beneficiados por esta medida se estima en 294.607.

Entrará en vigente desde el 1° de julio del año de publicación de la ley, en caso de ser publicada en el primer semestre. En caso contrario, comenzará a regir el 1 de enero del año siguiente a la publicación respecto de su vivienda principal.

Exención del IVA a venta de viviendas nuevas

La propuesta del gobierno también incluye la exención temporal de IVA a la venta de viviendas nuevas que cuenten con recepción parcial o definitiva al momento de publicación de la ley, por 12 meses (contados desde el primer día hábil del mes subsiguiente a la publicación de la ley). La exención será aplicable también para bodegas y estacionamientos que se enajenen en el mismo acto.

Según el proyecto, esta medida es opcional para el contribuyente y abarca tanto promesas celebradas en el plazo señalado, como compraventas celebradas desde el ingreso del mensaje presidencial del proyecto de ley. Esto permite una reducción del precio de compra de viviendas nuevas, incentivando el dinamismo del mercado para el agotamiento del stock existente. Esta medida impulsará la venta de un stock actual de 100.000 viviendas nuevas, según el Ejecutivo.

Moratoria a nuevas instituciones por gratuidad

Si bien durante las últimas semanas se consideró la posibilidad de limitar el beneficio de la gratuidad en educación superior a estudiantes sobre los 30 años y de frenar la extensión del beneficio a nuevos deciles, el Ejecutivo optó por una medida menos conflictiva.

Según el análisis del gobierno, el gasto en gratuidad crece año a año a tasas vertiginosas: en 2025 se destinaron más de 2,2 billones de pesos con este fin, 250 mil millones más que el año 2024, y se espera que esto continúe creciendo. En atención a lo anterior, es que el proyecto propone suspender por 4 años el ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad, regulado en la Ley N°21.091.

Reducción de plazo de invalidación de permisos

Con el fin de dar certeza a los titulares de permisos sectoriales, el gobierno optó por acortar el plazo de invalidación de los permisos otorgados por parte de la misma administración que los otorgó en primer lugar, de 2 años a 6 meses.

Esa medida, según el Ejecutivo, busca entregar mayor certeza a los titulares, permitiendo una ejecución más oportuna y predecible de los proyectos y quitando frenos a la actividad económica para que la inversión y la creación de empleo no se retrase dos años tras el otorgamiento de permisos. Se espera beneficiar principalmente a los sectores de energía, minería, obras públicas y construcción, que son los que más empleo generan, directo e indirecto.

Seguro para acelerar proyectos de inversión

En un documento enviado por el gobierno se consigna que actualmente el otorgamiento de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es solo el inicio de una larga trama de impugnaciones, que retrasa la inversión pese a ya estar aprobada por el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que terminan por desincentivar a los titulares de ejecutar los proyectos aprobados.

Por ello, el proyecto propone un mecanismo expedito de reembolso de gastos realizados asociados al proyecto o faena con una RCA aprobada que luego es revocada o anulada en sede judicial. Esta medida otorga una suerte de seguro, para que no se postergue la ejecución del proyecto innecesariamente y no se encarezca la inversión. Esta medida tiene un impacto acotado sobre las arcas fiscales, según el gobierno, ya que se reembolsa solo lo que se alcanzó a ejecutar entre la calificación ambiental y la revocación, lo que en proyectos grandes suele ser una fracción de la inversión total.

Ampliación de fondos a Ñuble y Biobío

Hoy existe el Fondo de Emergencia para financiar la reconstrucción de las zonas afectadas de la región de Valparaíso, a causa de los incendios del verano de 2024, que estará vigente hasta finales de 2028. El proyecto de ley, según el gobierno, busca aprovechar este mismo instrumento, extendiéndolo para incluir la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío y destinando $ 400 mil millones para tal efecto (nuevo máximo de $1,2 billones). Para financiar esta medida se requiere generar más recaudación, lo que se logrará mediante mecanismos transitorios, tales como una reducción del impuesto a las donaciones, una medida de repatriación de capitales con incentivos a reinversión en Chile e impuestos sustitutivos a los saldos de antiguos registros tributarios, entre otras medidas, detalló el gobierno.

Contención del gasto público

Habrá un mayor énfasis en el control del gasto público. En el discurso, el Presidente Kast afirmó que “el Estado que gasta mal no puede pedir más a los ciudadanos. Este proyecto triplica los cupos de incentivo al retiro voluntario del sector público, para generar mayor movilidad”. Para ello, establece medidas “concretas para enfrentar los abusos en licencias médicas y entrega mayores facultades al Servicio de Impuestos Internos para hacer cumplir la ley”.

Se excluye flexibilidad de Tasa Máxima Convencional

Antes de llegar a Teatinos 120, Jorge Quiroz se abrió a flexibilizar la Tasa Máxima Convencional (TMC) de manera de combatir el crédito informal. A propósito de unos de los ejes del proyecto anunciado, relativo al plan de reconstrucción del orden legal y de seguridad pública, se evaluó incluirlo en el proyecto de reconstrucción que enviará el gobierno al Congreso la semana próxima.

El tema fue fuente de análisis al interior del gobierno durante las últimas semanas. Algunos estiman que podría beneficiar a personas que hoy están en manos de préstamos “gota a gota”, pero otros creen que otros usuarios podrían verse perjudicados al establecerse eventualmente una tasa máxima mayor, elevando los intereses. Finalmente, se optó por dejarla fuera de este proyecto.