No al reparto

Luego del anuncio de Reforma Previsional que hiciera el Presidente Piñera, partidos de oposición, en especial del Frente Amplio, -en conjunto con la coordinadora NO+AFP- han señalado que de no modificarse el actual sistema de capitalización individual por un sistema de reparto, tendrán que rechazar la idea de legislar en la materia.

Chile ya tuvo sistema de reparto, previo a la implementación de la Reforma de 1981. Al respecto, hacia fines de la década del 70', existían 35 Cajas de Previsión y alrededor de 150 regímenes previsionales, cuya normativa estaba distribuida en más de 600 cuerpos legales.

El sistema era segmentado y con ausencia de portabilidad de derechos entre Cajas, ya que cada Caja administraba a partir de una sola tasa de cotización un conjunto de riesgos.

Si bien los beneficios del sistema de reparto son definidos, al existir tantos regímenes previsionales se producía una heterogeneidad de beneficios, según la afiliación a uno u otro régimen previsional, lo que, en definitiva, dictaminaba que no había nada de definido en aquellos beneficios, sino que dependían de la presión que podía ejercer al poder político la Caja respectiva.

Caso emblemático fue el de los empleados bancarios, que representaban menos del 1% de los cotizantes, quienes jubilaban a los 55 años, mientras los empleados del Seguro Social, donde cotizaban dos tercios de los trabajadores, estaban obligados a laborar hasta los 65 años.

Asimismo, las distintas cajas exigían, en promedio, 15 años de cotización para acceder a la pensión, afectando severamente a quienes debían lidiar con la cesantía y precariedad laboral, ya que ni siquiera podrían recibir los aportes efectivamente realizados al sistema, los cuales sólo contribuían a acrecentar artificialmente la pensión de los trabajadores con mayor estabilidad laboral.

Por otra parte, los sistemas de reparto carecen de sustentabilidad en el tiempo, producto del envejecimiento de la población. Esto ha obligado a los países que cuentan con este sistema a realizar contribuciones cada vez más altas para lograr financiar a una población jubilada cada vez más creciente, afectando las finanzas públicas, o, derechamente, han decidido migrar a un sistema de capitalización individual.

Además, volver al reparto implicaría la expropiación de los fondos pertenecientes a los trabajadores, que hoy superan los US$200.000 millones, cifra apetecida por gobernantes populistas.

El sistema de capitalización individual imperante hoy posee una serie de ventajas: mayor sustentabilidad financiera, menor costo estatal, mayor libertad y certezas para los afiliados.

Sin embargo, además de esta reforma previsional que profundiza el sistema, para lograr un adecuado financiamiento de la vejez, se requiere que la población tenga mayor acceso al mercado laboral formal y a buenos sueldos.