El tema de reducir los permisos para impulsar proyectos de inversión se ha tomado el debate económico en los últimos años y forma de las propuestas de todos los candidatos presidenciales. Lo plantean como una de las medidas clave para acelerar el crecimiento.

Dentro de esa discusión, uno de los focos ha estado centrado en los funcionarios públicos que tienen responsabilidad en este proceso a través de cargos directivos y como jefes de servicios. Si bien diversos estudios han dado cuenta de las fallas regulatorias que explican los excesivos tiempos de tramitación de los proyectos de inversión, se ha puesto poca atención en los incentivos y preparación que tienen que dichos funcionarios.

Frente a ello, el centro de estudios Horizontal realizó un estudio que busca identificar, desde la teoría de elección pública, los problemas de incentivos en los que se enmarca la labor de los funcionarios directivos de servicios que tramitan permisos prioritarios para los proyectos de inversión.

Estos servicios son responsables de 204 trámites de un total de 439 identificados por la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad.

A partir del análisis efectuado, se identificaron diversos problemas.

En primer lugar, el reporte arroja que el 72% de los 188 directivos de 12 servicios analizados no son seleccionados por el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP), lo que implica que no tienen convenios de desempeño asociados a su gestión. De acuerdo al análisis, “esto da cuenta de una gestión en extremo vulnerable a los gobiernos de turno, donde los jefes de servicio podrían responder a intereses gubernamentales en lugar de objetivos técnicos y de largo plazo. Esta vulnerabilidad se observa, principalmente, en Seremías de Salud y Medio Ambiente, en las Subsecretarías de Pesca y Bienes Nacionales, CONAF y Consejo de Monumentos Nacionales”.

Asimismo, se menciona que la falta de convenios de desempeño en 135 de 188 directivos de los servicios analizados limita la orientación hacia mejores resultados en este ámbito. “Esta falta de indicadores de desempeño para directores es especialmente grave en un contexto en el que las instituciones incumplen plazos de revisión sistemáticamente”, asevera el estudio.

De acuerdo al texto, algunos de los indicadores no siempre contribuyen a agilizar procesos, sino que, en algunos casos, podrían generar incentivos perversos al priorizar aumentar la densidad normativa, complejizando la tramitación.

Uno de esos casos, puntualiza, es el de “Director Nacional del Servicio de Evaluación Ambiental, ya que tiene una meta explicita relativa a la publicación de guías o instructivos, que en la práctica ha llevado a un aumento exponencial de este tipo de instrumentos, con la consiguiente complejidad regulatoria que esto conlleva”.

De acuerdo al informe de Horizontal, ninguno de los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG) de los servicios analizados incluyen metas en materia de tramitación de permisos. Explica que a diferencia de los convenios de desempeño, que son acuerdos individuales para altos directivos, los PMG son incentivos colectivos dirigidos a los funcionarios de una institución pública, premiando el logro de objetivos institucionales definidos anualmente. Sin embargo, las metas son muy bajas: en 2024 todos los servicios alcanzaron la bonificación máxima. En el caso de los servicios analizados, todos superan el 95% de las metas, liderados por Dirección de Vialidad (117% de cumplimiento).

Propuestas

Para enfrentar estos problemas, Horizontal entrega una serie de propuestas, entre ellas, expandir el Sistema de Alta Dirección Pública en los servicios críticos responsables de la tramitación de permisos, especialmente Seremi de Salud, Conaf, Subsecretaría de Pesca, Consejo de Monumentos Nacionales, Subsecretaría de Bienes Nacionales y Seremi de Medio Ambiente.

Otra idea es procurar que el diseño de los convenios de desempeño posean indicadores específicos para agilizar la tramitación de permisos, especialmente para los directivos de primer nivel jerárquico; aumentar la estabilidad de los cargos directivos ADP de 3 a 6 años, prorrogables; asegurar la incorporación de metas relacionadas con el cumplimiento de plazos de la tramitación de permisos en los Programas de Mejoramiento de la Gestión (PMG), cuando corresponda; facultar a la Oficina de Autorizaciones Sectoriales para monitorear y evaluar la calidad de los indicadores de desempeño de jefes de servicio de organismos responsables de tramitar permisos, y solicitar a la Contraloría General de la República que se pronuncie con respecto a las consecuencias administrativas por el no cumplimiento de plazos máximos determinados en la ley.