En medio de una etapa clave que podría redefinir su futuro se encuentra el proyecto minero y porturario Dominga, cuya inversión alcanza US$2.500 millones y que pretende extraer hierro y cobre en la comuna de La Higuera, Región de Coquimbo.

Tras el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la sociedad que impulsa el proyecto, Andes Iron —controlada por las familias Délano (85%) y Garcés Silva (15%)—, deberá optar entre tres alternativas para enfrentar este revés. La primera consiste en presentar un escrito solicitando una aclaración al propio tribunal de alzada, gestión que no tiene plazo fatal. La segunda es interponer un recurso de casación ante la Corte Suprema, para lo cual dispone de 15 días hábiles. La tercera opción es deducir una reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, acción que debe ejercerse dentro de 30 días hábiles judiciales.

A la fecha, el proyecto mantiene su Resolución de Calificación Ambiental rechazada; no obstante, la sociedad minera ha invertido aproximadamente US$500 millones, monto que comprende, entre otros conceptos, la adquisición de los predios contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental, que abarcan una superficie de 160 hectáreas en Lineal, 10.000 hectáreas en Dominga y 210 hectáreas en Totoralillo.

El proyecto minero es liderado por Pedro Ducci Cornú, ingeniero civil industrial y gerente general de Andes Iron, quien está casado con Verónica Délano Méndez, hija del empresario Carlos Alberto Délano Abbott, uno de los fundadores del Grupo Penta.

La empresa cuenta con un amplio grupo de asesores para desarrollar la iniciativa.

Desde fines de 2023, Alejandro Ruiz, expresidente del Tribunal Ambiental de Santiago comenzó a prestar asesoría legal a Andes Iron. Se le consulta sobre escritos para contrastar criterios, también sobre cuestiones técnias y definiciones estratégicas que van más allá del día a día del proyecto.

La asesoría del abogado, que posee amplia experiencia en derecho ambiental, comenzó luego que el Comité de Ministros que encabeza la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, resolviera calificar desfavorablemente la iniciativa al acoger las reclamaciones de opositores.

Ruiz el año pasado asesoró a la Reserva Biológica Huilo Huilo (de la familia Petermann) por la declaración de sitios prioritarios que llevó adelante el Ministerio de Medio Ambiente.

Si bien la estructura gerencial de Andes Iron actualmente no contempla un abogado fiscal que supervise directamente los asuntos legales —cargo que anteriormente ocupaba Marcelo Olivares—, la compañía cuenta con la asesoría jurídica del estudio Ferrada Nehme.

Sus socios Patricio Leyton y Carola Salamanca se encargan de los litigios que enfrenta el proyecto en las distintas sedes en que se ha discutido. Su asesoría legal comenzó desde el inicio de la tramitación del proyecto, es decir desde agosto de 2016.

Leyton es profesor asistente de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, y posee una extensa carrera en el apoyo a empresas nacionales e internacionales que buscan llevar a cabo grandes proyectos de inversión.

El abogado también asesora a Codelco, Escondida, Teck, y hace algunos años fue abogado del Proyecto Minera El Morro, ubicado en Atacama.

A Salamanca como parte del área de Medio Ambiente y Recursos Naturales, le ha correspondido asesorar a proyectos del sector privado en la planificación, obtención de autorizaciones y cumplimiento ambiental.

Un exdiputado y exsenador

En paralelo, la sociedad minera ha sumado a su estrategia la asesoría de Patricio Walker, abogado y magíster en Derecho Regulatorio por la Pontificia Universidad Católica, quien actualmente se desempeña como consejero senior en VGC Abogados, estudio especializado fundado por Mario Galindo y Javier Vergara.

Walker es un militante histórico del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y fue diputado por el antiguo distrito N° 8 —que abarcaba las comunas de Coquimbo, Ovalle y Río Hurtado, en la Región de Coquimbo— durante tres períodos consecutivos (1998-2010), y posteriormente senador por la Circunscripción N° 18 de la Región de Aysén entre 2010 y 2018.

En marzo de 2019 comenzó a a trabajar como abogado en el área de Derecho Ambiental de VGC Abogados.

Según conocedores de la interna de la operación de la minera, Walker propone ideas de estrategia a la minera, apoya en la discusión de lineamientos legales y participa en reuniones con otros ejecutivos y asesores.