El proyecto de reajuste del sector público sigue avanzando, pero con críticas que van escalando. Si hasta fines de la semana pasada las dudas sobre el financiamiento fiscal estaban instaladas, estas se acrecentaron luego de la presentación que hizo este lunes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).

“El CFA estima, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, que, para financiar el reajuste del sector público de 2026, se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente”, señaló la presidenta del CFA, Paula Benavides.

El costo total del reajuste para este año es de US$1.775 millones en 2026.

En ese sentido, dijo que “el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones”.

De esta forma, Benavides alertó que es “un desafío relevante el que parte del financiamiento del reajuste salarial del sector público provenga de reasignaciones presupuestarias, tal como lo ha señalado Dipres. En ese sentido, detalló que de 31 partidas presupuestarias (excluyendo Tesoro Público y financiamiento a gobiernos regionales), 14 destinan más del 50% de su presupuesto a gasto en personal, reduciendo el margen de reasignación sin afectar la operación regular”.

Al finalizar su presentación Benavides afirmó que “el Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de BE, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros”.

Y, en ese contexto, “el CFA recomienda que Dipres explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público”.

Desde el gobierno, la respuesta llegó del ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien dijo que, respecto al monto entregado por la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, el jefe de la cartera de Hacienda aseguró que “es efectivamente lo que tiene que ser financiado a través de holguras del subtítulo 21 y reasignaciones”, pero especificó que “siempre se ha financiado así”.

Asimismo, dijo que “desde el punto de vista de la situación que a nosotros nos tocó enfrentar como Ejecutivo el 2022, la próxima administración no va a estar en una situación desmejorada respecto a reasignaciones con los datos que tenemos hoy. “Lo que nosotros reasignamos por más de US$2 mil millones. No hay nada parecido a esa reasignación que tenga que hacer el próximo gobierno”.

La respuesta del ministro no dejó conformes a los parlamentarios. Uno de ellos fue Carlos Bianchi quien manifestó: “Hay que sincerar las cifras. Hay que sincerar el costo que se le va a trasladar a la nueva administración”, entre otros, cree que es importante que se aclare si la nueva administración pueda tener eventualmente la capacidad y “la justificación perfecta para desvincular a muchos funcionarias y funcionarios”.

En la misma línea, el diputado gremialista por la región del Maule, Felipe Donoso Castro, interpeló al ministro Grau, quien llegó tiempo después: “Lo que uno esperaría es que el ministro nos diga de dónde va a reasignar US$822 millones, si no, que le diga claro al país que algún programa social va a caer. Para que tengamos claro, esto cuesta la mitad de la gratuidad. O pagamos sueldos o pagamos gratuidad”.

“Mi pregunta es bien simple”, dijo el diputado republicano, Agustín Romero “¿Es correcto señalar que, sin nuevas reasignaciones o uso adicional de provisiones, este reajuste no se puede financiar dentro del marco presupuestario vigente sin afectar políticas públicas?”, enunció.

“Porque de ser así, el voto de del Partido Republicano no va para este reajuste en estas condiciones. No por culpa de los trabajadores. No por culpa del Congreso Nacional. Es por culpa exclusiva de este Gobierno”, fustigó el diputado respecto al déficit de más de US$800 millones.

“Norma de amarre”

Temprano en la mañana del lunes el gobierno ingresó una indicación para modificar los años en que los trabajadores a contrata pueden ir a reclamar un despido que consideren injustificado. En la iniciativa original se planteaba que a los 2 años de contrata ameritaba poder ir a la Contraloría a realizar el reclamo. Ahora, ese plazo se subió a 5 años.

Se especifica que “la Contraloría General de la República sólo podrá abstenerse de resolver las reclamaciones a las que se refiere el inciso anterior, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Pese a ello los reparos se mantuvieron e incluso subieron aún más de tono tras la presentación que hizo la Contralora General de la República, Dorothy Pérez.

La contralora argumentó a nivel general que este tema se debe abarcar de manera más integral en una reforma al empleo público.

Ya en lo específico dijo que la existencia de una reiteración de una norma que ya existe y se encuentra consagrada en el Principio de imparcialidad de la ley 19.880 frente a los incisos primero y segundo del artículo 114 sobre “la no renovación de una designación a contrata o su renovación en condiciones distintas (…) se sujetará a las siguientes reglas".

Dentro de las precisiones, detalló, además, que dicho artículo transgrede “la regulación armónica” del Estatuto Administrativo dado que desde “siempre las contratas han sido consideradas como transitorias y terminan por el solo ministerio de la ley el 31 de diciembre de cada año”.

Bajo la misma línea, aseveró que afecta la carrera funcionaria, puesto que “permite a terceros ajenos a la Administración acceder a cargos de mayor grado, en desmedro del resto de los servidores con desempeño de larga data en la institución”.

En relación al inciso sexto, defendió que altera las competencias de la Contraloría General de la República (CGR) ya que “limita el ejercicio de sus facultades propias por medio de una ley simple” y restringe “la potestad de abstenerse de conocer un asunto”.

“Se advierte que, en la especie, se pretende modificar el régimen jurídico de la CGR establecido por una ley de rango orgánico constitucional, por lo que, en derecho estricto, ello debe verificarse por una norma de igual rango”, apeló el informe de la contralora.

Recordó además que la mención al “personal que preste asesoría directa en el gabinete” de las autoridades “podría no incluir a todos los funcionarios que han ingresado a la Administración Pública en un periodo determinado, en calidad de contrata y por nombramiento directo, ocupando altos grados altos cuestión que, como se indicara, afectaría gravemente la carrera funcionaria del resto de los funcionarios públicos, que han debido ingresar por concurso y en los grados más bajos de cada estamento”.

Al cierre de esta edición, los parlamentarios discutían la forma en que se comenzaría a votar los artículos.