Una de las propuestas que incorporó el gobierno del Presidente José Antonio Kast en su plan económico es la reintegración del sistema tributario. Desde la reforma de 2014 bajo el gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema impositivo integrado a uno semiintegrado. En la práctica, implica que las empresas paguen un impuesto de Primera Categoría de 27%, pero al momento de retirar utilidades, los dueños solo pueden utilizar solo una parte (65%) de ese tributo como crédito contra sus impuestos personales, debiendo “restituir” o pagar el resto.

Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio, para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas, pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños.

Ante esta modificación los expertos se dividen, puesto que para algunos sería volver a complejizar el sistema, ya que nuevamente se debe ajustar toda la estructura, mientras que otros lo consideran el esquema óptimo.

Pero más allá de esas apreciaciones, el volver a integrar el sistema impositivo tiene efectos en la recaudación fiscal. De acuerdo a estimaciones que realizó el socio del área legal y de impuestos de KPMG en Chile, Alberto Cuevas, “el costo fiscal de la integración podría significar unos US$700 millones”. Por su parte, otro aproximado lo entrega el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, quien señala que en “base al proyecto de ley de modernización tributaria del segundo gobierno de Sebastián Piñera, el costo sería del orden de US$800 millones”.

Claudio Bustos, abogado tributario y socio de Bustos Tax & Legal, apoya la idea de reintegrar el sistema: “Los especialistas tributarios y quienes trabajamos en temas tributarios, así como los propios contribuyentes, hemos podido percibir que funcionar con un sistema parcialmente integrado hace que todo el cumplimiento tributario sea mucho más complejo y mucho más burocrático”.

Además, el experto apunta que “contribuye a incentivar la elusión o evasión tributaria por parte de los contribuyentes, debido a que el sistema parcialmente integrado eleva la tasa final personal del contribuyente que percibe dividendos de una empresa a un máximo de un 44,45% como tasa de impuesto consolidada, lo cual evidentemente es absolutamente excesivo”.

Javier Jaque, socio Líder de CCL Auditores Consultores, añade que “si se vuelve a integrar el sistema, la tributación final va a tener una carga inferior a la actual y eso para alguien que está incorporando dinero, ya sea de ahorro o de cualquier otro elemento, dinero tributado o no tributado, el retorno final será mayor. Entonces, eso va a potenciar y motivar las inversiones en todos los sectores de manera transversal”.

Asimismo, Patricio Gana, director de AK Contadores, plantea que “se puede percibir como una buena idea, porque efectivamente en Chile tenemos un antes y un después cuando desintegramos el sistema, cuando lo volvimos un sistema semiintegrado. Desde esa oportunidad hacia adelante, nunca más volvimos a crecer a las cifras que crecíamos antes”.

A su vez, Álvaro Moraga, socio de Moraga Cía, asevera que “es bueno, y de hecho necesario. El régimen general sigue operando con desintegración parcial: la empresa paga 27% y el dueño solo puede imputar el 65% del crédito. En la práctica, la carga queda radicada donde se decide invertir y reinvertir. El Ministerio de Hacienda reconoció en 2024 que cerca del 97,76% de la tributación sobre rentas del capital recae a nivel de empresa, lo que afecta el crecimiento de mediano plazo”.

Otra visión entregó el exsubsecretario de Hacienda y académico de la Universidad de Chile, Alejandro Micco, quien recomendó no abrir esa discusión. “El sistema ya está funcionando de esa manera, y realizar un cambio de esa magnitud es una reforma tributaria”, sostuvo.

La rebaja de impuestos

En cuanto a la baja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, esta también generaría una merma en recaudación. Según estimaciones de Cuevas, por cada punto que se reduzca la tasa impositiva, representa 0,13% del PIB de menos recaudación, lo que en montos sería en torno a US$450 millones por cada punto. Así, en régimen, significaría unos US$1.800 millones de menor recaudación.

“Sin lugar a dudas tiene un efecto negativo en la recaudación. Pero, por otro lado, puede tener efectos compensatorios. Primero, una mayor inversión inmediata relativo a maquinarias, mayor contratación de personal podría generar mayores ingresos”, afirma Jaque.

Bustos, en tanto, menciona que “sin duda que se puede también bajar la tasa de impuesto corporativo sin medidas de compensación, pero es una apuesta un poco más arriesgada, porque en definitiva descansa simplemente en la hipótesis y en la confianza de que, al reducirse la tasa impositiva de las empresas, éstas van a producir más, porque van a reactivar sus proyectos de inversión, van a llevar a cabo mayores proyectos de negocio y, por lo tanto, finalmente van a generar una utilidad mayor”.