Las constructoras agudizan sus críticas contra el Estado por retrasos en los pagos

Patricio Donoso

Desde el MOP señalan que si bien resulta entendible que empresas cuestionen la situación, han realizado gestiones para regularizar los pagos, liquidar contratos y devolver garantías y retenciones.




Más de 1.982 contratos pendientes sin liquidar hay a la fecha en el Ministerio de Obras Públicas (MOP), cifra, eso sí, bastante menor que los 3.872 que existían hace un año. Algunos de ellos, sin cerrar desde hace más de tres décadas. La situación genera preocupación entre las constructoras, ya que detrás de cada contrato abierto pueden existir garantías y retenciones que afectan la capacidad financiera de cada empresa. De hecho, al inicio del actual gobierno la suma de garantías era del orden de los US$1.415 millones, monto que se redujo hasta ahora a US$684 millones, es decir, en 48%.

El debate lo abrió el presidente de Besalco, Víctor Bezanilla. "Hay cosas que estamos cobrando hace 10 años, hay boletas de garantías entrampadas por años y no las devuelven", dijo el lunes de la semana pasada. A sus palabras, se sumó al día siguiente Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp, la mayor constructora del país, también por excesivo retraso en los pagos en iniciativas estatales. "Han pasado nueve años y todavía no nos encontramos con las lucas", dijo respecto a las obras que hicieron en el puente Biobío, en Concepción, tras el terremoto de 2010.

Héctor Zañartu, presidente de la constructora Arauco también aborda el tema. "El MOP dirá que no se atrasa en los pagos, pero no dice que no deja facturar obra ejecutada", agrega. Cuenta que "después de más de 30 años haciendo obras públicas, hoy tenemos juicios, obras sin poder cobrar y da la impresión que es una relación que resulta cómoda para el MOP".

Pero actores del sector de la construcción apuntan a que es un asunto que va más allá de situaciones con el MOP, sino que se repite con otros organismos del Estado, como el Ministerio de Vivienda, de Salud y Municipalidades. El problema, dicen, es que no hay seguridad en los pagos, se quita el capital de trabajo y al no devolver las garantías, se copan las líneas de crédito de las empresas.

Sergio Icaza, director de Icafal, opina que se trata de un problema estructural, que requiere urgente una solución de fondo, entre ellas, un mecanismo de resolución temprana de controversias en obras públicas, para así evitar también las judicializaciones. "Si establecemos obligaciones legales de finiquitar los contratos, esto va a bajar a cero", indica.

Víctor Ríos, socio de Molina Ríos Abogados y asesor legal del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) y de varias empresas del rubro apunta también a que "los juicios de cuenta deben eliminarse y dejarse únicamente para casos muy graves o delitos" y que "en caso de faltas o negligencias que detecte la Contraloría General de la República, la responsabilidad debiera ser del MOP, no del funcionario en términos personales".

Servicios de Salud también se han visto enfrentados judicialmente con constructoras por obras hospitalarias. Tal es el caso de Moller y Pérez-Cotapos. Su gerente general, Marcos Retamal, dice que "efectivamente hemos tenido diferencias con el Ministerio de Salud por el pago de obras complementarias solicitadas y luego recibidas por ellos, que no han sido canceladas. Esas diferencias están en tribunales y, por lo mismo, no nos vamos a referir a ellas".

Mariana Concha, directora general de Obras Públicas, explica que "resulta entendible que algunas empresas expresen críticas frente a la gestión, ya que existen aún mejoras por realizar". Sin embargo, agrega que "hemos realizado gestiones desde el inicio del gobierno; regularizar pagos, liquidar contratos, devolver garantías y retenciones". Esto, porque según cuenta, "al llegar nos encontramos con deudas impagas del MOP, que acarreaba serios problemas financieros a varias empresas".

Al respecto, señala que el objetivo es mejorar la gestión y que para ello establecieron metas exigentes a cada dirección, y que a los contratos nuevos les exigen ser liquidados dentro de los 3 meses siguientes finalizado el período de garantía, mientras que a los de stock establecieron fechas máximas para su liquidación -dependiendo del año y cantidad de contratos que poseía cada dirección-, terminando el cierre de los contratos en stock a mediados del 2020.

Ayer, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine se reunió con la mesa directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), comitiva liderada por su Patricio Donoso. Tras el encuentro, el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, contó que durante el encuentro, junto a la CChC, "pasamos revista a los avances que hemos hecho en reducir los atrasos en materia de pago por parte del MOP a los contratistas en lo que es la liquidación de contratos de obras que ya están terminadas, que muchas veces por razones administrativas en procesos de liquidación tarda en exceso, y cómo estamos resolviendo y apurando esos procesos".

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