El apagón del 25 de febrero de este año dejó al 98% de la población de Chile sin luz, afectando a regiones desde Arica hasta Los Lagos. Las responsabilidades de aquel mega corte comenzaron a aclararse cinco meses después, el 4 de agosto, cuando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) formuló cargos contra el consejo directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN) y ocho empresas eléctricas.

Allí, la SEC deslizó que el Coordinador operó en condiciones inseguras, manteniendo la transmisión de 1.800 MW del corredor Nueva Maitencillo - Polpaico, y superando los 1.600 MW que los mismos estudios del CEN habían definido como seguros. Simultáneamente, la SEC formuló cargos a las empresas Interchile, Transelec y Engie, entre otras.

En respuesta, a principios de septiembre de este año, el Coordinador entregó sus descargos a la formulación de la SEC, señalando que el organismo “no ha dado lugar a una operación insegura, sino que, muy por el contrario, ha coordinado la operación con estricta sujeción a la normativa vigente y al mejor criterio técnico aplicable, por lo que debe descartarse cualquier incumplimiento que se impute al respecto”.

En esa instancia, el Coordinador solicitó la apertura de un término probatorio, donde citó a cinco testigos para que fundaran la procedencia de funcionar con el criterio n-1, y a su vez, los riesgos de operar con un criterio más exigente.

Específicamente, la función de este criterio es asegurar que al ocurrir una contingencia, sus efectos no se propaguen a las instalaciones restantes, cuyo efecto podría causar una salida en cascada de otros componentes por sobrecargas inadmisibles o pérdida de estabilidad de frecuencia.

El Coordinador cuenta con un consejo directivo conformado por cinco integrantes: como presidente, Juan Carlos Olmedo y como consejeros, Bernardita Espinoza, Humberto Espejo, Carlos Finat y Jaime Peralta. Quienes son elegidos por un concurso público a través del Comité Especial de Nominaciones, normado en la Ley General de Servicios Eléctricos.

Con ello, además de la formulación mencionada, el consejo del Coordinador recibió otra más. Antes, el 25 de junio pasado, la SEC le formuló cargos por entregar información incompleta y errónea en el proceso de pago de compensaciones financieras a clientes que fueron afectados por cortes entre 2023 y 2024, particularmente en la generación y la transmisión.

Y aunque esta formulación no tuvo directa relación con el apagón, sí habría sido una señal de autoridad tras un lento avance en la determinación de responsables para el mega corte eléctrico del 25 de febrero, según consignó Pulso.

SEC: “No es posible determinar nuevas responsabilidades”

Por todo ello, Pulso consultó a la SEC si es que levantarán nuevas formulaciones de cargos, particularmente contra el CEN, y si se efectuaría, en caso favorable, este año o el próximo.

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, precisó que “el proceso investigativo del evento del 25 de febrero, en particular, está en desarrollo, considerando las diversas aristas que contempla. Durante el desarrollo de la investigación se han asignado responsabilidades, de acuerdo con los antecedentes disponibles por esta superintendencia, lo anterior mediante las formulaciones de cargos”.

La autoridad señaló que “tanto el Coordinador Eléctrico Nacional, CEN, como los coordinados, continúan aportando antecedentes, los que están siendo analizados y evaluados en su mérito. Por el momento, no es posible determinar nuevas responsabilidades de los actores involucrados en esta investigación, por lo que no es factible adelantar juicios”.

En agosto, la SEC fijó cargos a ocho coordinados: Interchile, Transelec, Engie Energía, CGE Transmisión, Alfa Transmisora, AES Andes, Generadora Metropolitana y Bioenergía Forestales. Las compañías arriesgan multas de hasta 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), exactamente, $8.237 millones ajustados a ese mes.

Mientras que para el consejo del Coordinador, cada consejero se expone a una multa de 30 UTA, que son $24 millones. Y eso para la formulación de cargos de agosto, el consejo suma otros $24 millones posibles por la formulación de cargos realizada por la SEC el 25 de junio, mencionada anteriormente.

“La SEC está permanentemente supervisando el desempeño del sector identificando las oportunidades de mejora, que puedan traducirse en instrucciones específicas, generales o procesos administrativos de sanción si así correspondiera”, apuntó Cabeza.

Además, la superintendenta de la SEC explicó que estos procesos pueden demorar meses. “La extensión de los procesos administrativos puede involucrar gestiones de un año para otro, especialmente considerando que los procesos de SEC son reclamables ante tribunales, lo que puede extender más aún la tramitación que corresponda efectuar para cada caso”, concluyó la autoridad.

La ruta de este tipo de procedimientos comienza con una formulación de cargos, posteriormente los aludidos pueden presentar sus descargos. Luego, la SEC, tras analizar esos descargos, genera una resolución que puede ser o condenatoria, donde se aplican las multas, o absolutoria.