S&P rebaja nota de Chile por “un nivel estructuralmente más débil” de sus finanzas

Aunque en S&P Global reconocen las fortalezas de Chile, entre ellas una carga de deuda comparativamente baja, la alta flexibilidad monetaria y la solidez de sus institucionales, todo lo cual a juicio de la agencia “ha facilitado políticas anticíclicas para amortiguar el impacto económico y social negativo de la pandemia y la recesión mundial”, en un informe recién publicado deja claro que la crisis no ha sido inocua para su perfil crediticio.

“Es probable que las finanzas públicas de Chile se estabilicen en un nivel estructuralmente más débil después de que el impacto de la pandemia retroceda y la economía crezca a su nivel de tendencia, con déficits fiscales moderadamente más altos de lo que esperábamos persistiendo durante los próximos dos o tres años debido a presiones de gasto”, argumenta S&P a la hora de reducir la calificación nacional de “A+” a “A”.

Según detalla en el informe elaborado por el equipo que encabeza Manuel Orozco, las expectativas de la agencia apuntan a que en el país habrá “continuidad en las políticas económicas clave durante los próximos dos o tres años mientras el país elige un nuevo liderazgo político y redacta una nueva constitución”, lo que dificultaría una mejora significativa de las cuentas soberanas, aun cuando se supere la crisis sanitaria.

De hecho, precisan a sus clientes que “es probable que la nueva constitución tenga compromisos para fortalecer los derechos sociales, que probablemente se traducirán gradualmente en la provisión de más servicios públicos por parte del gobierno en los próximos cinco a diez años”.

Lo anterior no quita que la agencia le de un valor al proceso político que enfrenta Chile. “El descontento público se ha canalizado por un camino institucional, lo que ha llevado a un proceso ordenado y transparente para elegir a los delegados para redactar una nueva constitución y buscar su aprobación pública a través de otro referéndum, lo que indica la madurez política de Chile”, se lee en el documento.

Asimismo, destacan que “la combinación de medidas fiscales y monetarias anticíclicas, una rápida recuperación de los precios del cobre y la mejora de las tendencias del consumo, parcialmente relacionadas con los retiros sustanciales de los fondos de pensiones individuales del sector privado, ayudaron a evitar una contracción económica más profunda”.

En función de este análisis, sumado a que “Chile podría vacunar a toda su población adulta a mediados de 2021, antes que la mayoría de sus pares regionales”, la agencia proyecta un crecimiento se recupere al 5,9% en 2021, mientras que apuntan a una expansión económica promedio de 3,4% durante 2022-2024.

Sin embargo, insisten en que una de las razones de la rebaja de la calificación es que “si bien la recuperación económica ayudará a reducir los altos déficits fiscales recientemente, es probable que la presión política persistente para impulsar el gasto social pese sobre las finanzas públicas de Chile durante los próximos dos o tres años”.

De esta manera, entre también manejan entre sus proyecciones el cambio anual en la deuda neta del gobierno se aproxime a 4% del PIB el próximo año y se sitúe justo por debajo de ese nivel en los ejercicios que vienen.

Cabe destacar que S&P es la segunda agencia que aplica un recorte a la nota soberana de Chile en el contexto de la pandemia. Mientras que en Moody’s se han limitado a cambiar su perspectiva de “estables” a “negativa”, en Fitch rebajaron la calificación en octubre.

Justamente, en esta jornada la última agencia publicó una actualización de su análisis, en la que mantiene a Chile con “A-” y perspectiva estable. Coincidiendo con la lectura realizada por S&P, en Fitch destacan las cualidades de Chile, ente ellas “un marco de política creíble centrado en un régimen de metas de inflación, tipo de cambio flexible y un balance soberano relativamente sólido”.

Sin embargo, también plantean que “a mediano plazo, es probable que persistan presiones de gasto significativas y el Congreso podría impulsar más gasto público que podría impedir una consolidación fiscal más rápida, incluso si se aprueban reformas tributarias para aumentar los ingresos”. Al respecto, recalcan que “la reescritura de la constitución podría crear mandatos sociales que también impongan una carga adicional a las finanzas públicas”.