TPP11 entra en vigor en Chile y Cancillería destaca el avance en los acuerdos bilaterales

Gabriel Boric, presidente de la República, junto a la canciller Antonia Urrejola.
Gabriel Boric, presidente de la República, junto a la canciller Antonia Urrejola.

Chile ahora es oficialmente miembro del TPP-11 y ya participó en una actividad del grupo. Sin embargo, desde el gobierno comentaron que seguirán trabajando para reformar el tema de " la reforma y modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados”.


La historia del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11 o CPTPP, por sus siglas en inglés) en Chile llegó a puerto, tras un proceso que comenzó en marzo de 2018 cuando Chile suscribió al acuerdo. El gobierno había depositado el documento ratificatorio a finales del año pasado y hoy terminó el proceso administrativo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que este martes 21 de febrero “ha entrado en vigor el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. De esta forma, Chile se convierte en la décima economía en ser miembro pleno de este tratado, del que también son signatarios: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam”, comunicó el gobierno.

La entrada en vigencia también se formalizó con la publicación de la promulgación del tratado en el Diario Oficial.

Además, desde Cancillería detallaron que Chile ya participó como miembro pleno en la reunión virtual de altos oficiales del CPTPP (SOM, por sus siglas en inglés), una instancia coordinada por Nueva Zelandia como país anfitrión.

“El gobierno está avanzando en la implementación de este tratado a través del Comité Interministerial de Negociaciones Económicas Internacionales. Y con esta entrada en vigencia, se coordinará la adecuada aplicación del CPTPP con los actores involucrados”, comentaron.

Sin embargo, la cartera detalló que, a través de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), insistirá en que los nuevos socios comerciales se abran a la posibilidad “para avanzar en la reforma y modernización de los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y estados”. Uno de los temas claves por los que miembros de la actual administración tenían reparos a ser parte del TPP11.

Avance de las side letters

Tras el anuncio, Subrei destacó que, a la fecha, ha acordado la suscripción de seis instrumentos con cinco países: Australia, Canadá, Malasia, México y Nueva Zelandia.

“Algunos de éstos ya están firmados; otros, en sus trámites finales”, precisaron desde la cartera por medio de un comunicado.

Según detalló la Subrei, Chile firmó, este viernes 17 de febrero, una carta bilateral o side letter con Nueva Zelandia que deja sin efecto el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estado contenido en el CPTPP.

Además, desde el gobierno destacaron que próximamente se concluirá el intercambio de dos documentos con Malasia: una carta bilateral y una declaración conjunta. Y en las próximas semanas se recibirá también la carta suscrita entre Chile y México.

“El gobierno de México ha respaldado la negociación de una side letter con Chile, pues se inserta en una estrategia de modernizar, simplificar y armonizar nuestros acuerdos internacionales respecto a los mecanismos de solución de controversias inversionista-Estado. Las negociaciones están muy avanzadas, esperando pronto culminar los procesos internos regulatorios en nuestro país”.

Con Canadá, Chile ya suscribió una declaración en relación a los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados en noviembre de 2022, y, según consigna el gobierno, Todd Mercer, embajador de Australia en Chile, confirmó la pronta suscripción de una declaración en este tenor.

“La Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales continuará trabajando en conjunto con sus socios comerciales al interior del CPTPP y en otros espacios bilaterales y multilaterales para reformar sustantivamente los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estados, con el fin de proteger la autonomía estratégica del Estado”, dijo .

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