El gobierno colombiano presentó en octubre una propuesta de reforma tributaria con el fin de cubrir el faltante fiscal (bajo la ley actual) de COP 12,5 trillones para 2015.

Una de las medidas planteadas por el gobierno es la extensión del impuesto al patrimonio, que estaba programado para ser pagado por última vez en 2014. Así, las personas y compañías con un patrimonio superior a COP 1.000 mn (USD ~470.000) tendrían una tasa impositiva creciente, empezando en 0,2% por año y llegando a  1,5% para patrimonios superiores a COP 5000 mn (USD ~2,3 mn). Estos cambios serían válidos por los próximos 4 años (según la propuesta del gobierno).

Adicionalmente, se plantea una sobretasa al CREE (para efectos prácticos, impuesto a la renta) para compañías con un patrimonio superior a COP 1.000 mn. La tasa actual de 9% pasaría a 12% (+3pp) y el cambio tendría una duración de 4 años, llevando la tasa estatutaria total a 37% (12% de CREE + 25% de impuesto a la renta). Cabe mencionar que consideramos como positivo el hecho de que la reforma haya hecho uso del CREE en lugar de incrementar las tarifas de impuesto al patrimonio, pues el primero es menos distorsivo y no genera los desincentivos a la inversión que sí genera el impuesto sobre el patrimonio (e.g. mayores pagos de dividendos, repatriación de utilidades, etc.). Además, este impuesto tiene una base gravable mayor pues tiene menos exenciones que el impuesto al patrimonio.

El impuesto a las transacciones financieras (4x1000) también sería prolongado por 4 años más y se eliminaría la devolución de dos puntos del IVA por pagos con tarjeta de crédito.

Indudablemente, la reforma propuesta tendrá un efecto negativo en el crecimiento de las utilidades de las compañías locales, con el consecuente deterioro en términos de valoración relativa para las empresas listadas, y puede afectar la inversión privada. Adicionalmente, no se descarta la implementación de un impuesto a los dividendos. En esa medida, la incertidumbre sobre la versión final de la reforma que será aprobada por el Congreso, representa uno de los principales riesgos de cara a la inversión en acciones colombianas. Sin embargo, las medidas propuestas por el gobierno generan mayor confianza en la institucionalidad de la nación, en la medida que refrendan el compromiso gubernamental de cumplir con la regla fiscal. Ahora bien, con la disminución en los ingresos provenientes del petróleo, cada vez ha tomado más fuerza la idea de que la propuesta del gobierno se utilice para financiar 2015, y que con el tiempo ganado, se adelante una reforma tributaria estructural, que acelere el proceso de menor dependencia del gobierno a los ingresos provenientes del petróleo. De completarse exitosamente este plan, Colombia podría volver a entrar en la mira de las calificadoras para un nuevo incremento en la calificación crediticia.

*El autor es analista macroeconómico de Credicorp Capital Colombia.