El órgano de la ONU que vigila el cumplimiento de los convenios internacionales sobre drogas advirtió hoy a Uruguay que su ley para regular la producción, venta y consumo de marihuana viola los tratados internacionales de los que el país latinoamericano es parte.

A través de un comunicado, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) lamenta la aprobación de esa ley por parte de un país que suscribió las convenciones internacionales sobre drogas y asegura que tuvo en cuenta el impacto negativo de la legalización en la sociedad.

Raymond Yans, presidente de la JIFE, expresó en la nota su "sorpresa" al conocer que "un gobierno que es un socio activo en la cooperación internacional y en el mantenimiento del Estado de derecho internacional haya decidido conscientemente romper las disposiciones legales universalmente acordadas".

La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 -adoptada por 186 países, incluido Uruguay- solo contempla el uso del cannabis para fines médicos y científicos.

"El objetivo principal de la Convención Única de 1961 es proteger la salud y el bienestar de la humanidad. El cannabis está sometido a control por la Convención de 1961, que exige a los Estados partes limitar su uso a fines médicos y científicos, debido a su potencial para causar dependencia", indica Yans.

El experto belga subraya en que "la decisión del legislador uruguayo no tiene en cuenta su impacto negativo en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas".

El comunicado de hoy viene a ratificar las tensas relaciones de las partes en torno al tema. Ya en noviembre pasado, el presidente de la JIFE lamentó el escaso diálogo del Gobierno uruguayo con ese organismo durante el proceso de redacción de la ley y su posterior tramitación, concluida el martes con su aprobación en el Senado de Montevideo.

La JIFE es un organismo independiente y cuasijudicial dentro de Naciones Unidas cuya misión es velar por el cumplimiento de las Convenciones de Naciones Unidas sobre las drogas. Sin competencias para establecer sanciones, en el pasado ya criticó la aprobación de leyes que prevén el uso terapéutico de la marihuana en distintos países.