EL 24 de abril, Patricio Crespo dejará la Presidencia de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), después de estar más de cinco años encabezando el agro. El desafío lo tomó cuando Luis Mayol debió dejar el liderazgo del gremio para asumir como ministro de Agricultura del ex presidente Sebastián Piñera en enero de 2012. Pero más allá de estos cinco años, la relación de este legendario empresario del sector con la SNA se remonta a 1991. Crespo revela a PULSO los desafíos que debió enfrentar durante su gestión a nivel interno y externo, además el trabajo que se está tratando de impulsar con Alfredo Moreno a cargo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y la candidatura de Ricardo Ariztía a la SNA. Asimismo, precisa que seguirá ligado al gremio liderando el debate en torno al proyecto de ley que reforma el Código de Aguas.

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¿Qué fue lo más difícil que le tocó sobrellevar durante su Presidencia en la SNA?

-No he sentido dificultad, lo que sí he sentido mucho desafío. Me he sentido exigido, porque por vocación esto para mi es una apostolado. Yo no vine acá a hacer carrera política ni con agenda personal. Yo vine acá a servir a mi gremio y a mi país en una etapa de mi vida en que ya tenía los logros básicos alcanzados, una familia constituida con nueve hijos y 21 nietos. Y por lo tanto, en esa disposición asumí los desafíos sin reservas. Había que modernizar la institución. Renovamos el edificio completo de la SNA -ubicado en Tenderini 187-. El proceso duró un año y medio. Lo mismo hicimos con la radio Agricultura, que estaba ubicada en estrechas dependencias en Alameda y la trasladamos a Manuel Montt.

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¿Y además de los desafíos que tuvo a nivel interno del gremio, cuáles enfrentó en su relación con las autoridades?

-La relación con el Gobierno ha sido pobre. Se disponen a oírte, pero no te escuchan. Ellos tienen una visión, una misión y un proyecto, cumplen la formalidad democrática de darte un espacio para que expongas tus puntos, pero nada más. Por ejemplo, uno va a exponer al Congreso y la mayoría de los parlamentarios presentes están más concentrados en el celular que en lo que estás hablando. Entonces, lo que a uno le pasa es que comienzas a perder confianza en la institucionalidad en la medida que no es rigurosa en el rol que le corresponde. Yo trato de cumplir con mi deber, pero siento que no corresponde el trato que ofrecen los representantes públicos en todos los planos, en el Congreso, en el Gobierno e incluso en el mundo de la Justicia a los ciudadanos. Eso es lo que comienza a destruir el pacto social y el debido respeto entre uno y otros. Es por eso que el diálogo pierde fuerza y valor.

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¿Y otro aspecto desafiante fue la caída de la imagen que tuvo el sector empresarial tras los casos de colusión?

-Sin duda. También está el tema del financiamiento irregular de la política. ¿Cuánto no se sabe? ¿Cuánto se ha tapado? Entonces, al final se ha hecho un daño a la credibilidad pública y se ha hecho un daño entre todos. Todos estamos fallando en nuestros deberes ciudadanos. Unos con más gravedad y otros con menos gravedad somos culpables de la falta de respeto a las normas que nos rigen. El que no paga el Transantiago, la colusión y el financiamiento irregular a la política. Al final, lo que a uno le defrauda es constatar que por no habernos hecho cargo, asumir las responsabilidades y tomar los temas que nos importaban con rigor y profesionalismo, a la altura del desarrollo que el país ya tiene, permitimos que estas cosas pasaran, lo que claro te conmueve profundamente. Y eso nos llevó en definitiva a que hayamos derivado a una mirada distinta de hacer empresa y por eso que estamos hoy con Alfredo Moreno encabezando la CPC. Con la preocupación de salir al rescate de la confianza y de cambiar el paradigma, que los empresarios se vuelvan a vincular sanamente y de forma transparente con la sociedad, que muestren lo que son, que abran las empresas a la comunidad, que den a conocer cuál es su aporte a la sociedad.

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¿De hecho, Alfredo Moreno fue candidato inscrito por la SNA y usted impulsó su candidatura?

-Cuando fui requerido por otros candidatos para adherir a sus postulaciones (a la CPC). La pregunta que siempre hice fue: ¿Para qué? Si aquí primero hay que tener una tarea, después veamos quién la va a cumplir mejor. Antes era al revés: "Aquí estoy yo, súmense y después les contaré qué quiero". Y eso no puede ser así. Aquí había un problema. El problema era la ruptura de las confianzas entre la ciudadanía y las empresas, donde la mayoría de este país trabaja en alguna empresa y además está la vinculación ya sea como cliente, como proveedor o como trabajador dentro de ellas. Entonces, no puede existir una sociedad sana con un conflicto de esta naturaleza entre la ciudadanía y las empresas. Y el segundo problema era cómo los empresarios y las empresas son sensibles a los clamores ciudadanos, en aquellos aspectos de la vida social en que tenemos alguna atingencia sobre los problemas que se constatan, por ejemplo, el problema de las pensiones. Era sabido que las pensiones en Chile con tasas de 10% de cotización eran insuficientes. Eso que sabíamos lo deberíamos haber tomado como privado, haberlo procesado, haber hecho una propuesta al país, haber convocado a los ciudadanos en relación a la propuesta y haber forzado al sector público a hacerse cargo de este problema que es estructural. Y frente a esa definición invitamos a los otros gremios a sumarse, logramos cuatro votos al tiro, después salimos a buscar al candidato, rápidamente concordamos en que Alfredo Moreno podía ser el hombre. Convencerlo no fue fácil. Y bueno tomó el desafío.

Moreno en su discurso ha hablado harto de la relación con las Empresas B y los pequeños emprendores ¿Ud. espera que en la estructura de la CPC se empiece a sumar este tipo de firmas?

-Estos son procesos. Primero hay que tomar conciencia del problema y ponerle nombre al problema. Concordemos todos que esto no es un resfrío, sino que es pulmonía. Luego de estar de acuerdo, hay que ir a la receta para mejorar y apliquémosla. Ya hicimos el diagnóstico y ya estamos convocando. La primera reunión que hizo Alfredo, tras asumir fue con los emprendedores, las ONGs y las Empresas B para conversar cuáles son los pasos a seguir. Lo más probable es que se incorporen más sectores a la CPC para acrecentar la influencia de esta mirada en el resto de los actores empresariales a todo ámbito.

Ricardo Ariztía ya inscribió su candidatura ¿Cuál es la expectativa que tiene de él cómo candidato de consenso?

-Ricardo es un gran empresario, y emprendedor. Es un conocedor profundo de la actividad agrícola chilena. Fue presidente de la CPC, de la SNA y de Fedefruta, además fue director del Indap. Creo que va a confluir muy bien con Alfredo en la tarea de recomponer las confianzas y la comunicación con la ciudadanía dentro de la CPC.

¿Usted va a seguir vinculado de alguna forma a la SNA?

-Yo seguiré siendo consejero honorario. No quedaré en el directorio, como ocurre en las otras ramas bajo la figura del past president. Sin embargo, Ricardo me ha pedido que, de asumir la presidencia del gremio, lo acompañe como consejero para seguir atendiendo particularmente el tema del Código de Aguas, que es una materia que domino muy bien.

Y entrando en ese tema ¿Cómo ve las indicaciones que enviará el Ejecutivo esta semana al proyecto?

-Es un maquillaje. Le cambiaron el color al maquillaje, pero es lo mismo. Los parlamentarios quieren transformar el derecho de aprovechamiento de agua, que es un derecho de propiedad sobre el agua que se extrae en una concesión. La concesión es un permiso que te dan limitado en el tiempo y que te pueden caducar por no uso o por no inscripción. En cambio, la propiedad se pierde una sola manera: expropiando y pagando indemnización. El derecho que tenemos los agricultores está amparado en el número 24 artículo 19 de la Constitución, que señala que es propiedad del titular los derechos de agua reconocidos u otorgados conforme a la ley. Yo puedo heredar a mis hijos los derechos, los puedo dividir, e incluso los puedo hipotecar.

Entonces, el problema aquí es que ellos, al margen de la Constitución, quieren modificarlos derechos que están reconocidos en la mismo Constitución. La ley no cambia la Constitución. El legislador, Congreso y Gobierno, no pueden legislar atentando contra los derechos que están reconocidos en la Constitución. Antes, ellos tienen que modificar la Constitución ¿Y por qué no lo han hecho? Primero, no tienen los votos y segundo, tienen que expropiar e indemnizar y eso les costará millones de dólares. Por eso, ellos no apuntaron a la Constitución, sino a la ley para ver si aceptábamos cambiar nuestra condición de propietarios a meros usuarios. Todo eso es inconstitucional. De modo tal lo que están haciendo aquí es un maquillaje para ver si lo aceptamos, pero ninguna indicación se hace cargo del fondo.

¿Y qué expectativas tiene de la tramitación en el Parlamento?

-Si no lo aprueba el Senado, va a ir a Comisión Mixta y puede ser de todas formas aprobado. Entonces, al final iremos al Tribunal Constitucional (TC). Estoy preparado hace muchos meses para llegar a esa contingencia. Además, tengo la impresión que para el Gobierno es complejo pasar por el TC. Ya pasó por ahí la Reforma Laboral y la perdió. Y acá si pierde, se desarticula todo el proyecto.